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155 días sin Govern

La unidad del independentismo ha estallado desde el 28-O y en el horizonte planean unas nuevas elecciones ante la falta de acuerdo. Mientras tanto, el Gobierno sigue a cargo de la administración de la Generalitat con menos resistencias de lo esperado.

Los resultados que arrojó el 21-D dibujaron un panorama propicio para que el independentismo formara gobierno con celeridad y desactivara la aplicación del 155. Pero la realidad, muy condicionada por la acción de la Justicia y el resurgimiento de las rivalidades históricas que envuelven a los partidos separatistas, se ha demostrado bien distinta y mucho más enmarañada de lo previsible. Ayer se cumplieron 155 días desde que el 28 de octubre, el Gobierno, previo consentimiento del Senado, estrenara el artículo 155 de la Constitución e interviniera la autonomía catalana con la disolución del Govern (y el Parlament), un escenario que parece dilatarse sin un horizonte definido.

El bloqueo desquicia a todo el mundo, excepto a los sectores que todavía hoy siguen propugnando el pulso contra el Estado (Asamblea Nacional Catalana, núcleo duro de Puigdemont y la CUP). Desde el Gobierno hasta el funcionariado catalán, pasando por la oposición constitucionalista en el Parlament, así como «comunes», ERC, PDeCat y Òmnium Cultural, todos ellos apuestan ya por un Govern efectivo. La detención de Puigdemont, sin embargo, ha recrudecido la tensión con un nuevo ciclo de agitadas protestas en la calle impulsadas por los Comités de Defensa de la República y ha contribuido a que las tesis de mantener la confrontación con Madrid vuelvan a coger fuerza, aunque todo apunta a que el eco del arresto se disolverá en los próximos días y permita aclarar el porvenir político.

Ese, por lo menos, es el clima que Esquerra espera que se vaya imponiendo para poder empezar a negociar con JxCat un candidato efectivo y alternativo a los tres nombres que han aparecido hasta ahora –el ex president, Jordi Sánchez y Jordi Turull. Esto también lo facilitará que Puigdemont quede desactivado tras su nueva situación judicial y tenga, por tanto, ahora ya más difícil seguir enredando como lo hacía desde su refugio en Bruselas. Sin embargo, su círculo más cercano, la CUP y la ANC vuelven a intensificar su demanda de que sea investido –escenario que ayer contribuyó a alimentar con un mensaje a través de las redes sociales en el cual aseguraba en términos beligerantes que no «claudicará ni renunciará», aunque es su propio abogado quien desaconseja ahora su candidatura-, e incluso, no ven mal desenlace el retorno a las elecciones para reafirmarse.

Ante esto, ERC también ha iniciado, en las últimas horas, una estrategia de presión paralela para acelerar una salida a la parálisis y ha planteado a Ernest Maragall como presidenciable, quien sí contaría con los apoyos de los «comunes» y sectores de JxCat, ante la eventual marcha a la oposición de la CUP. El paso más inmediato consensuado entre JxCat y ERC, por ahora, es intentar de nuevo la investidura de Sánchez usando la notificación del Comité de la ONU en la que reclama que se respeten sus derechos políticos con el objetivo de forzar al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. A partir de ahí, como plan D, figura Elsa Artadi como principal candidata.

Sin embargo, con los precedentes que existen en las negociaciones desde el 21-D y el contexto de máximas hostilidades en el independentismo, hacer vaticinios por ahora se convierte en una quimera. Muestra de ello es, por ejemplo, un acuerdo que tenían ERC y JxCat por escrito y firmado por los líderes de cada grupo para que la semana del 19 de marzo, el presidente del Parlament, Roger Torrent, iniciase una nueva ronda de contactos que permitiese una investidura efectiva, tras las dos sesiones parlamentarias fallidas –el 30 de enero para investir a Puigdemont y el 12 de marzo para investir a Sánchez–. Aquel compromiso, que tenía que desembocar en una investidura tres días después quedó en papel mojado por las divisiones que hay en el seno de JxCat, que no lograron ponerse de acuerdo en el candidato. Sin embargo, un nuevo giro de guión impreso por los tribunales españoles impulsó un cierre de filas entre ERC y JxCat y tuvo como desenlace una fracasada investidura «exprés» de Turull el 22 de marzo, tras la abstención de la CUP.

El objetivo de ese Pleno no era otro que regresar a la espiral de «performances» que tanto ha caracterizado el «procés». Ante la previsión de que Turull ingresaría un día después en prisión, Esquerra y JxCat querían convertir al ex portavoz del Govern en president previamente a su encarcelamiento, para erigirle así en nuevo mártir. Esa ha sido de las pocas concesiones que ha hecho Torrent desde que el pasado 17 de enero fuera elegido presidente de la cámara catalana. Torrent, en los dos meses y medio que lleva al frente, no ha dado margen para las ilegalidades y se ha convertido, prácticamente, en el principal verdugo de Puigdemont, frustrando desde su investidura hasta cualquier plan que supusiera incurrir en alguna desobediencia a los tribunales. Ahora bien, para disimular su línea de actuaciones y contrarrestar el linchamiento al que está siendo sometido por el independentismo más radical, ha tenido que ir introduciendo gestos políticos más estridentes y de menor neutralidad institucional, como sus recientes discursos o el Pleno del miércoles para reconocer los derechos políticos de Puigdemont, Sánchez y Turull.

La acción de los tribunales, que arrancó antes de la aplicación del 155 con el encarcelamiento de Sánchez y Jordi Cuixart el 17 de octubre, se intensificó a partir del 2 de enero, con el ingreso en prisión de más de la mitad del Govern, y el resto, con Puigdemont a la cabeza, se fugaron a Bélgica. La senda de Puigdemont fue seguida por la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la ex diputada de la CUP, Anna Gabriel en Suiza. En todo caso, la traducción práctica ha sido que los independentistas se hallan descabezados y abocados a buscar nuevos liderazgos. Por ahora, el balance es de 13 de los 28 políticos investigados están procesado por rebelión.

Si la aplicación del 155 –con la convocatoria automática de elecciones para el 21-D– sacudió el frente independentista y desató un evidente desconcierto y división entre sus fuerzas políticas –ya que en un corto margen de tiempo tuvieron que decidir si se presentaban y acataban así el marco legal español, y si lo hacían reeditando la coalición de JxSí–, además de aplacar cualquier signo de claro desafío por parte de las fuerzas independentistas mayoritarias (JxCat y ERC ahora diseñan una hoja de ruta mucho más prudente, que ha generado el choque con la CUP, que da ahora por acabado el «procés» y sus alianzas forjadas), lo cierto es que también ha resonado en el frente constitucionalista. Aunque con más tardanza. Así se ha demostrado en los últimos días, cuando el PSC se ha unido a la voluntad generosa y atrevida de los «comunes» por romper la dinámica de bloques y apostar por la formación de un gobierno transversal, que aglutine a todas las formaciones parlamentarias. Una idea que, por ahora, parece muy difícil de ejecutarse, ya que el PSC también se ha encargado de enfriar en las últimas horas y que todavía le faltan muchas concreciones –más allá de que los «comunes» hayan precisado que pretenden un gobierno de independientes y con mandato limitado, no han detallado quién lo presidiría (el reglamento tipifica que debe ser un diputado).

Quien no se esperaba una situación política tan embrollada era el Gobierno, que había previsto una intervención autonómica «quirúrgica» y había conjeturado un Govern para marzo, que le permitiera deshacerse de la gestión de la Generalitat y desbloquear los presupuestos generales del Estado de 2018 –el PNV condiciona sus votos a la supresión del 155. En todo caso, a pesar de la prolongación del 155, al ejecutivo de Mariano Rajoy le ha permitido desmantelar el «procés» institucionalmente (ha impedido actuaciones extracompetenciales de la Agencia Tributaria Catalana; ha suprimido toda la acción exterior de la Generalitat con el cierre de todas las delegaciones; o ha frenado el desvío de fondos a entidades afines al «procés»). Asimismo, también ha tenido que poner en funcionamiento la administración catalana, movilizando más de 1.500 millones de euros para sanidad, servicios sociales y educación, y convocando más de 2.000 plazas para profesores y 455 para Mossos d’Esquadra, así como pagando a proveedores o liquidando la deuda de la Generalitat con los Ayuntamientos.

También es cierto que, el Gobierno apenas ha encontrado resistencias entre los altos cargos de la Generalitat durante su gestión –incluso de los cargos de confianza de los consellers cesados-, aunque tampoco ha dado pie a ello, absteniéndose de desplegar cualquier medida de marcado carácter ideológico –tuvo la oportunidad de incluir el castellano como lengua vehicular para el curso que viene, pero lo evitó-. Las pocas pegas que ha encontrado ha sido entre un grupo de funcionarios afines al separatismo que, esporádicamente, ha ido actualizando un inventario de daños por la paralización de proyectos existente, algo que se niega desde el Gobierno. En todo caso, estas quejas han ido desapareciendo a medida que se ha ido comprobando que es el propio independentismo quien impide la desactivación del 155. Hoy se han cumplido ya 155 días.



Fuente: La Razón

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