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Alarma en el PP ante una nueva crisis si imputan al presidente de Murcia

En Génova están ya con todas las alertas encendidas por el posible uso que pueda hacer Ciudadanos (C’s) de la previsible imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el marco de la investigación de las andanzas de la red de corrupción de la «trama Púnica» en esa comunidad autónoma. Las declaraciones tomadas por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco incluyen el testimonio de que estrechos colaboradores del actual presidente autonómico confirmaron que el político había dado supuestamente su aprobación para que la red de corrupción realizara trabajos de reputación online previos a las elecciones autonómicas de 2015, en las que fue elegido para el cargo. El mismo contexto que en Madrid le costó la dimisión a la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar tras su imputación en el «caso Púnica».

Pero la posible imputación del presidente murciano puede llegar antes por otra investigación judicial. Ayer mismo, la titular del juzgado número uno de Lorca pidió al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) que investigue al jefe del Ejecutivo regional por el llamado «caso Auditorio».

El juzgado de Lorca investiga la presunta adjudicación irregular de las obras de construcción del auditorio de Puerto Lumbreras en los años en que fue alcalde del municipio el actual presidente de la Comunidad, a raíz de una denuncia presentada en su día por el PSOE y respaldada por la Fiscalía Superior de Murcia. La magistrada aprecia indicios de delitos de fraude contra la Administración, prevaricación continuada, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en la adjudicación de la citada infraestructura. Según hace constar en la exposición razonada, Sánchez «autorizó una certificación de 2,2 millones de euros, a la cual no se acompañó informe alguno que justificara ni un solo acopio en obra».

Pedro Antonio Sánchez defendió ayer que la obra «se hizo» y que la subvención autonómica que recibió el municipio se destinó «al 100{fe2702e425ec7488a194966976621fc3ee0e72237fe4d352f4f561176a6de497}» a su ejecución, «tal y como acreditan absolutamente todas las certificaciones», informa Ep.

Tras la recepción de esta exposición motivada, será ahora la Sala de lo Civil y Penal del TSJM la que decida sobre su admisión a trámite y, en caso afirmativo, designaría a uno de sus magistrados como instructor para que acuerde las diligencias a practicar antes de decidir si cita como investigado al político popular.

En caso afirmativo, la primera diligencia sería la de dirigirse a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que se pronuncie respecto a si la Sala es competente para juzgar a Sánchez y, al mismo tiempo, reclamar a la Asamblea Regional que acredite su condición de diputado de la Cámara autonómica.

Ciudadanos, partido que votó en 2015 a favor de la investidura de Sánchez, reaccionó ayer de inmediato asegurando que exigirá su dimisión en cuanto el Tribunal Superior de Justicia atienda la demanda del juzgado de instrucción de Lorca.

Al respecto, el PP respondió con el argumentario de que no es un caso de corrupción política, y que lo que está por demostrar es si hubo algún error administrativo. Además de subrayar que todo el dinero está en la obra y legalmente justificado. Recuerda, asimismo, que es la denuncia número 16 del PSOE y que el resto han sido todas archivadas.

Pero más allá de estas explicaciones, en la dirección popular son conscientes de que este asunto, junto con las novedades en el marco del «caso Púnica», pueden elevar mucho la presión sobre su barón autonómico. Todo depende de Ciudadanos, admiten, «pero nos tememos que no han aprendido nada del dramático caso de Rita Barberá y que no se atendrán a razones porque no toda imputación es corrupción».

La tesis oficial es que «hay que esperar». «Y ver de qué estamos hablando. No parece que haya corrupción. No se ha llegado a contratar. Ahí está el caso del diputado de Castellón Óscar Clavel, que no dimitió porque era una imputación administrativa, con el consentimiento de Ciudadanos».

Tras el fallecimiento inesperado de la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá, desde la dirección popular se dejaron caer mensajes apelando a la necesidad de flexibilizar el criterio para apartar a un cargo público de sus responsabilidades. El PP defiende que sea con la apertura de juicio oral, pero en su acuerdo con Ciudadanos la barrera está colocada en el momento de la imputación. Esta demanda de flexibilizar el acuerdo no se llegó a trasladar formalmente al partido de Albert Rivera en ningún caso. Pero hoy, si se confirman las previsiones judiciales, Rivera volverá a tener en sus manos el futuro de un alto cargo popular, esta vez del presidente de Murcia.


Fuente: La Razón

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