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Arranca el juicio del “caso Pretoria” por corrupción urbanística en Cataluña

La Audiencia Nacional celebra desde mañana el juicio del caso Pretoria de corrupción urbanística en Cataluña, que sentará en el banquillo a 11 acusados, entre ellos dos hombres de confianza del expresidente catalán Jordi Pujol: el exsecretario de Presidencia Lluís Prenafeta y el exconseller Macià Alavedra.

Tras ocho años desde que el juez Baltasar Garzón comenzó a investigar en 2009 este caso, los once acusados se enfrentan a entre 11 meses y 8 años de cárcel por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

La Fiscalía pide la pena máxima para el líder de esta trama corrupta, el exdiputado catalán del PSC Luis Andrés García “Luigi”, y otros 6 años y 10 meses de prisión para Prenafeta y Alavedra.

Se calcula que su red, que operó entre 2001 y 2009, pudo defraudar unos 45 millones de euros a los ayuntamientos barceloneses Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres mediante tres pelotazos urbanísticos en esas localidades: la “operación Pallarena”, la “operación Badalona” y la “operación Niesma”.

Junto con los expolíticos, también se sentarán en el banquillo empresarios y otros cargos públicos: Manuel Valera Navarro, Manuel Dobarco Touriño, Josep Singla BÁrceló, Manuel Carrillo Martín, Glòria Torres Pladellorens, Philip Mahan, así como la mujer de Prenafeta, Maria Lluïsa Mas Crussels.

Para “Luigi”, además de los 8 años de prisión, la Fiscalía solicita el pago de 22,6 millones de euros de multa; a Prenafeta, que fue secretario de Presidencia de la Generalitat en los años 80, otros 13,7 millones y a Alavedra, conseller de Economía de la Generalitat de 1990 a 1997, 10,3 millones.

“Luigi” está considerado por la Fiscalía como el presunto “conseguidor” de la trama, quien “lideró junto con la indispensable colaboración de Manuel Valera” -que figura como administrador de muchas de sus sociedades- un entramado dirigido a “manipular las adjudicaciones públicas de varias operaciones urbanísticas”.

Actividad por la que percibió a cambio “cuantiosas comisiones” que ascienden “cuando menos” a 5,9 millones de euros que ocultó al fisco a través de sociedades opacas.

Colaboraron con él de manera “esencial” -según el relato de la fiscal Ana Cuenca- Prenafeta y Alavedra, quienes mantenían una “estrecha relación personal” con el expresidente Pujol.

Ambos se sirvieron de “la influencia que ejercían sobre determinados cargos públicos de Cataluña” y se concertaron con “Luigi” para planificar y ejecutar “el manejo de los tiempos del desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones”.

Ejercieron juntos una “situación de dominio” en el ámbito de dos adjudicaciones públicas: la “operación Badalona” de compraventa de unos terrenos junto al puerto deportivo de la localidad y la “operación Niesma” en torno a dos fincas en Sant Andreu de Llavaneres.

Con sus labores de intermediación y su influencia en cargos públicos de esos municipios consiguieron que los terrenos se adjudicaran a una determinada empresa, lo que les reportó comisiones de alrededor de 638.000 euros a cada uno, que ocultaron a Hacienda a través de un entramado de sociedades opacas y de cuentas en Andorra y Suiza.

La fiscal destaca que el montante total que defraudaron ascendió en el caso de Prenafeta a 14,9 millones de euros y en el caso de Alavedra a 6 millones, aunque esta cantidad provenía de otros negocios y operaciones -algunas de ellas también ilegales- y el delito fiscal estaría prescrito.

En concreto, Alavedra se sirvió de los acusados Philip Mc Mahan y Glòria Torres, al igual que Prenafeta, que contó con la colaboración “esencial” de su mujer, Maria Lluïsa Mas, quienes figuraban como titulares o administradores de sus cuentaã opacas.

Por otra parte, el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, guiado “por sus espurios intereses” y “prevaliéndose de su cargo como máxima autoridad del ayuntamiento”, permitió que “Luigi” “marcara las directrices y pautas de ejecución” de un proyecto urbanístico que él “asumió como propias” a cambio de “cuantiosas e ilícitas comisiones”.

Ambos, junto con el responsable de Urbanismo, Manuel Dobarco, intervinieron en la revalorización de terrenos y consiguieron que la empresa que administraba Josep Singla, Proinosa, resultase adjudicataria pese a no cumplir con las condiciones del concurso.

Esta operación Pallaresa le reportó al exalcalde 1,7 millones, a Josep Singla 861.318 euros y no se ha podiÄo determinar qué beneficio recibió de su actividad ilícita a Dobarco.

El exalcalde de Santa Coloma también está acusado de intervenir a favor de su amigo Manuel Carrillo -también acusado- para prorrogar “de forma irregular” un contrato de adjudicación de limpieza a su empresa -Limasa-, por el que este último le pagó una dádiva de casi 6.480 euros.



Fuente: La Razón

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