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Así son los vigilantes de las empresas

El conjunto de actividades que desarrollan las compañías bajo la denominación de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad es de carácter voluntario. Este concepto, y sobre todo el último, se ha ido incorporando a la cultura empresarial con intensidad progresiva.

Como explica Ángel Pes, presidente de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, que entre otras iniciativas cuenta con el Objetivo de Desarrollo Sostenible al que se adhieren las empresas: “A medida que el mundo se va recuperando de la crisis, hay más conciencia sobre los aspectos sociales y medioambientales, junto a los financieros. Hay que hacer cosas en esta materia y, además, explicarlas”. Y esta transparencia en las actividades es la que genera, en sí misma, el control de lo que se ejecuta.

“La responsabilidad social corporativa (RSC) es voluntaria, pero funciona con aspectos que están dejando de serlo”, matiza Tomás Sercovich, director de relaciones institucionales de Forética, asociación dedicada a la promoción y verificación de la RSC y la sostenibilidad. En España se empezó con un código, el de buen gobierno, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2006, que afecta a las sociedades cotizadas y que hace responsables a sus consejos de administración de evaluar, planear e informar de “riesgos no financieros”.

Pero es la Comisión Europea (CE) la institución que más se está implicando para que la RSC sea transparente en la misma medida que lo son las actividades financieras. A partir de 2017 habrá que cumplir la directiva 2000/14/95, según la cual las empresas “de interés público” (cotizadas, financieras o aseguradoras) de más de 500 trabajadores tienen que dar cuenta obligatoriamente de la información que entregan a sus accionistas e inversores acerca de sus actividades sociales, medioambientales, anticorrupción, sobre derechos humanos o gestión de personal.

La información irá a parar a unos registros nacionales que cada Estado miembro debe habilitar. El problema en España es que la inactividad legislativa producida por la falta de Gobierno ha provocado que la transposición de esta directiva todavía no se haya llevado a cabo. La inminencia de su vigencia ha obligado al Ministerio de Empleo a publicar una orden ministerial de creación del registro español.

Certificaciones

Más allá de esta obligatoriedad de suministrar información sobre RSC y sostenibilidad, ya no hay nada oficial. Las empresas se comprometen a cumplir normas basadas normalmente en convenios internacionales o en estándares consensuados por agrupaciones de compañías.

Una de las normas más extendidas en España, muestra de esto último, es la SG21 creada por Forética, que incluye el control de emisiones, “define el estado de la RSC y la sostenibilidad y se actualiza cada tres años”, señala Sercovich. Esta asociación certifica que la gestión de la compañía “esté alineada con los principios”, pero las auditorías propiamente dichas las realizan terceros, “ya que nosotros somos los custodios de la norma”.

Verificaciones

Una veterana es la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), responsable de desarrollar normas técnicas y de certificar el cumplimiento. La entidad cuenta con la norma UNE-ISO 20121, que establece los requisitos para realizar una gestión sostenible en cualquier tipo de evento. Respecto a la verificación, fuentes de la asociación indican que han examinado 330 memorias.

Un ejemplo de sociedad certificada por AENOR es el Hospital La Paz de Madrid. La subdirectora de gestión del centro, Ana del Prado, explica que realizan acciones dirigidas a cuidar el medio ambiente desde el año 2008 y agrega que el hecho de certificarse es muy reciente, aunque las actividades existen desde hace años. “La RSC nos ha dado en realidad un paraguas de gestión para todas”.

A la hora de auditar la gestión, o mejor dicho, el cumplimiento de las normas al respecto, las empresas acuden a entidades que hacen “declaraciones de tercera parte”, como Bureau Veritas. Su director de sostenibilidad, Pedro González, declara que efectúan auditorías iniciales “muy completas”. Cuando estas arrojan “no conformidades”, hay un plazo para solucionarlas.

Una segunda revisión comprueba que las “no conformidades” se han resuelto y da derecho a la certificación acto seguido. Esta es la que las empresas exhiben para demostrar que cumplen. A los tres años, se efectúa una de renovación y cada año, otra de seguimiento. Aunque en las cuestiones medioambientales, en algunos casos, se auditan informes anuales.

Auditorías

El socio responsable de gobierno, riesgo y cumplimiento de KPMG en España, José Luis Blasco, añade que para los consejeros de una empresa es muy importante “que les verifiquen que lo que dicen en sus informes es correcto, por eso nos llaman a los auditores”. Y señala que la mayoría de los inversores de carácter institucional toma sus decisiones sobre esta información. “Es sabido que el fondo soberano de pensiones noruego tiene una lista de compañías donde no invierte basada en auditorías como las nuestras”.

Un caso tipo: el grupo español Calvo asegura que, con el fin de garantizar “procesos de producción más limpia”, cuenta con las certificaciones Dolphin Safe y Friend of the Sea, las cuales “muestran nuestro compromiso para minimizar el impacto de actividades en el ecosistema asociado a las pesquerías de atún”. La prohibición de descartes, devolución de especies no objetivo al mar o la presencia de científicos independientes en todos los barcos de pesca de la compañía son algunas de sus acciones.

Fuente: Cinco días

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