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Bélgica, condenada vulnerar los derechos de los presos

Hacinamiento, huelgas e incumplimiento de los Derechos Humanos. La situación de las cárceles belgas tiene poco de lo que enorgullecerse y mucho que esconder. Una de las características más llamativas reside en su alta tasa de ocupación ( un 109,6% frente al 84,2% de las cárceles españolas según los datos de Prison Insider) y el alto número de reclusos en prisión preventiva. El país cuenta con una población de 11.365.800 habitantes y con 5.553 presos en esta situación (datos enero 2017). España, que cuatriplica la población de Bélgica mantiene tan sólo a 7640 personas en prisión cautelar ( datos diciembre 2015). En los últimos años, la tasa de personas encarceladas ha bajado de 105 por 100.000 habitantes en 2014 a 94 en 2016 debido a la puesta en marcha de penas alternativas como los brazaletes electrónicos. Ante la falta de recursos, en el año 2009 los gobiernos belga y holandés llegaron a un acuerdo para internar a presos belgas en una cárcel holandesa que estaba a punto de ser clausurada con un coste de 30 millones de euros anuales. En 2009, casi cuarenta presos se fugaron de cárceles belgas y ese mismo años la ocupación había escalado hasta el 120% según datos del Consejo de Europa. Para paliar esta situación, en 2014 abrieron sus puertas tres nuevas cárceles y hay más proyectos en marcha. No es la primera vez que los organismos internacionales sacan los colores a Bélgica.

El país fue condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 5 de septiembre de 2017, por la muerte de un prisionero en su capital por varios agentes de trasladarlo a una celda de aislamiento. Y dos años antes, en 2015, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al país a pagar 42.000 euros a Farid Bamouhammad por haber vulnerado los artículos 3 y 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Entre 2006 y 2013 este preso vivió 43 cambios de prisión ( 17 de ellos sólo entre enero de 2006 y diciembre de 2007). Ese mismo año, tras ser trasladado a la cárcel de Itre fue sometido a régimen de aislamiento por el que el director de la prisión y algunos funcionarios fueron condenados por tratamiento vejatorio en el año 2014. En 2007, un psiquiatra concluyó que Bamouhammad sufría el síndrome de Ganser, bautizado como la psicosis de prisión. En 2014 solicitó la eutanasia ( legal en Bélgica) y un informe médico concluyó que había perdido el 35% de su peso. El Tribunal de Estrasburgo dictaminó que el número de traslados y las condiciones de aislamiento no habían respetado los Derechos Humanos del preso y recomendó a Bélgica la puesta en marcha de un procedimiento independiente para que los detenidos puedan quejarse ante el deterioro de sus condiciones. Una petición ante la que el país ha hecho caso omiso. Las huelgas de los funcionarios que custodian las cárceles han sido constantes en los últimos años. En mayo del 2016 tres pelotones militares se desplazaron a las prisiones de Lantin, Forest y Saint Gilles para procurar servicios básicos como duchas y salidas al patio a los prisioneros.



Fuente: La Razón

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