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«Buscan desviar una vez más la atención»

La familia Franco –que presentó sus alegaciones el pasado 23 de enero– está a la espera del inminente decreto de exhumación por parte del Gobierno para realizar un análisis jurídico en profundidad y elevar el correspondiente recurso ante el Tribunal Supremo para rechazar una vez más cualquier acción que suponga el traslado de los restos del Valle de los Caídos.

El presidente de la Fundación Franco, Juan Chicharro, considera «difícil fiarse» de este Gobierno pero cree que no van a hacer «nada» hasta que haya un pronunciamiento por parte del Alto Tribunal. Además, está el hecho, explica a este periódico, de que corresponde a la familia del antiguo jefe de Estado ejercer la «tutela judicial efectiva» sobre sus restos. Para el general Chicharro sería «ilegal» llevar a cabo cualquier acción si no existiera esa autorización por parte de sus deudos y apunta al papel «fundamental» que tiene en este asunto la Iglesia, puesto que según el artículo 1.5 de los acuerdos del Estado español con la Santa Sede, debe existir asimismo el beneplácito de la autoridad eclesiástica competente, en este caso la comunidad benedictina de Cuelgamuros, donde se encuentra la tumba de Francisco Franco desde 1975.

Según Chicharro, lo que pretende el Gobierno es destapar en estos momentos críticos para sus intereses –con el rechazo de ERC a los Presupuestos y la denostada figura del «relator» exigida por los independentistas, entre otros ejemplos– el siguiente capítulo con Franco como protagonista para «desviar la atención de todos los frentes que tiene abiertos». «Les va a venir muy bien», dice, ante la sospecha de un inminente anuncio, quizá en el Consejo de Ministros de este mismo viernes.

El responsable del legado de Franco considera que «en tanto la decisión del Tribunal Supremo no se resuelva, la exhumación estará paralizada». La familia, que se sintió muy dolida cuando se enteró por la prensa el pasado verano de las intenciones de Moncloa, sigue con recelo todo el proceso. «No confiamos en el Gobierno absolutamente para nada pero sí confiamos en la Justicia», asegura Chicharro. La desconfianza se extiende a lo que pueda deparar aún este culebrón. «Una vez esté lista la resolución del acuerdo de exhumación hay dos meses para presentar el recurso; esperemos que el Gobierno respete ese periodo de tiempo que corresponde conforme a la legalidad y a partir de entonces [será] lo que tarde el Supremo en decidir», apostilla.



Fuente: La Razón

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