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Cese definitivo de los escoltas en el País Vasco

En los años de plomo se contaban por miles. Con el progresivo declive de ETA, su número fue decayendo. Llegaron a rozar los 3.000 sólo en el País Vasco. De los más de 5.000 que dieron servicio de protección a personalidades y empresarios, hasta los últimos 109 que ven ahora terminar su relación con el Ministerio del Interior: 97 de ellos en el País Vasco y 12 en Navarra.

Según la Asociación Española de Escoltas (ASES), 5.500 escoltas privados formaron parte de la plantilla contratada por el Ministerio del Interior hasta 2010, cuando se iniciaron los primeros despidos ante la progresiva debilidad de ETA gracias a la eficacia de las actuaciones policiales y de la Guardia Civil.

El final de la banda terrorista en octubre de 2011 trajo como consecuencia indirecta que profesionales que se jugaron la vida, y la perdieron –como Jorge Díez, que protegía a Fernando Buesa en Vitoria en 2006–, se vieran en una situación muy complicada.

A finales del año pasado quedaban unos 350 agentes privados que se sumaban al millar de escoltas de las Fuerzas de Seguridad del Estado que seguían prestando protección a personalidades. Mañana, los últimos 109 pasarán a engrosar las listas del paro o se reciclarán como agentes de seguridad.

Y ello a pesar del clima de tensión por el despertar de la «kale borroka» en Pamplona y el odio que se percibe de una manera clara en las calles y municipios de algunos lugares de País Vasco y Navarra. Muchos de los que hasta ahora han llevado escolta se sienten inseguros. Uno de ellos es Juan Antonio Extremera, concejal del PP en el municipio navarro de Etxarri Aranatz. La retirada, según le anunciaron, está prevista esta noche. «A día de hoy no tengo constancia de que hayan estudiado mi caso para tomar esa decisión», destaca.

Extremera llegó al puesto de concejal del municipio bastión de la izquierda abertzale en la que Bildu cuenta con 9 representantes frente a dos del PP. Desde 2012 ha ejercido la portavocía del PP en un pueblo donde la vida diaria «es complicada» hasta el punto de que nadie se atreve a presentarse en las elecciones bajo unas siglas diferentes a las abertzales. «Los vecinos que se arriesgan a dar el paso de hablar conmigo quieren mantener las reuniones en lugares escondidos», destaca.

El concejal popular quiere continuar con su acta por el compromiso adquirido con los vecinos, pero en algunos momentos reconoce que ha pensado en dejarlo si está en riesgo su seguridad.

A principio de 2014, Extremera recibió una carta en su lugar de trabajo en Pamplona con la frase: «“Txakurra” (perro), hijo de puta del PP. Esto es para ti». Y «esto» era el dibujo de una bala en cuyo interior se podía leer «9mm» (el calibre usado por ETA), además de «Gora Euskadi. Gora Bildu». También es ya común que reciba amenazas e insultos a través de la redes sociales, destaca.

Extarri Aranatz se encuentra en el norte de la Sakana Navarra, a 11 kilómetros de Alsasua, donde los abertzales agredieron a dos guardias civiles. «La mayoría de los municipios abertzales son complicados», explica Juan Antonio Extremera, y señala que Etxarri Aranatz merece especial atención no sólo por el tenso clima que se vive sino porque es el municipio del que salieron los asesinos de Gregorio Ordóñez, Fernando Buesa y Jesús Ulayar.

El escolta de Extremera –uno de los que se verá afectado– considera que, «aunque ETA ya no mata, la situación actual de radicalidad y odio no es la propicia para dejar sin protección a este concejal». Y es que con el antecedente de una carta amenazante que le enviaron y las pintadas en forma de diana que aparecieron en su lugar de trabajo, «mi labor no se reduce a acompañarle en su día a día», sino también a una tarea de contravigilancia «fundamental».

Entre quienes integraban el dispositivo de seguridad para hacer frente a la amenaza terrorista figuró en su día J. P., e incluso un hermano siguió sus pasos en San Sebastián. Al recordar sus tiempos como escolta asegura que volvería al País Vasco «sin dudarlo», aunque se estableció lejos de allí para proteger lo más importante para él: su familia. Más que cualquiera de la cincuentena larga de personas de las que fue la sombra durante diez años. Lamenta con rabia el atentado a un compañero, Gabriel Ginés, que sufrió graves quemaduras después de que ETA colocara una bomba-lapa en los bajos de su vehículo en octubre de 2007: «Tuvieron que atentar contra un escolta para darse cuenta de la penosa situación que vivíamos», afirma, sin dejar de recordar que en 2002 ya resultó herido otro colega, Iñaki Torres, que protegía a una concejala socialista. «Cómo olvidarlo», dice J.P., «si justo una semana antes yo hacía los descansos de Iñaki». Torres y su protegida, la concejala socialista Esther Cabezudo resultaron gravemente heridos al estallar una bomba escondida en un carrito de la compra en Portugalete. Sólo nueve días antes ETA había intentado asesinar al joven socialista Eduardo Madina.

Ni Iñaki Torres ni su protegida pudieron volver a trabajar. Gabriel Ginés pidió la baja por depresión y abandonó el País Vasco. Renunció a su actividad profesional.

J. P., que protegió personalmente y supervisó después como responsable de 200 personas la seguridad de periodistas, empresarios y políticos, se queja de que el protegido hacía «lo que le daba la gana en la mayoría de los casos» y eso complicaba peligrosamente la tarea. Reivindicación habitual entre los escoltas, «que ya no eran objetivos circunstanciales sino directos», era la desprotección que suponía tener que depositar el arma en la empresa al acabar la jornada de trabajo, «lo que te dejaba indefenso».

En cuanto al salario, en 1997 rondaba el millón de pesetas al mes. Años después «se cobraban 2.000 o 3.000 euros para jornadas de trabajo de 12 o 15 horas diarias», con el agravante de que había que soportar todos los gastos cotidianos, «unos 300 o 400 euros», que se abonaban al mes siguiente, aunque solía establecerse un fijo «y si consumías más gasolina, te la pagabas tú; ibas al País Vasco a poner el culo y encima te costaba dinero…».

Según J.P., «muchos se quemaban». Sobre las amenazas que padecían, es rotundo: «Tenías el miedo continuamente. Eso era a diario. Cada vez que ibas a un ayuntamiento te escupían, hacían el gesto de la pistola en la nuca, te llamaban “txakurra” (perro) o te decían: “Sois los pastores y vamos a matar a los borregos, ¿de qué vais a comer después?”».


Fuente: La Razón

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