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China prohíbe la importación de 24 tipos de basura extranjera

A contrarreloj. Los principales gobiernos del mundo y las asociaciones internacionales de reciclaje negocian sin tregua con el gigante asiático antes de que el 1 de marzo de este año entre definitivamente en vigor la nueva ley que pone coto a las importaciones de residuos de todo el mundo (la ley ha entrado en vigor el 1 de enero, pero se ha dado un pequeño margen para la adaptación). Una periodo convulso que, a día de hoy, está frenando las exportaciones de materia prima reciclada en Estados Unidos, Europa, Australia, Corea o Canadá y que mantiene a muchos recicladores parados. Y es que la decisión tiene en alerta a todo el sector desde que el 16 de noviembre pasado el país asiático notificara a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que a partir del 1 de enero de 2018 exigiría un límite de estériles, es decir de impurezas, del 0,3% para aceptar los residuos extranjeros. Algo que los recuperadores de residuos a nivel internacional han considerado una «prohibición efectiva», porque son umbrales muy difíciles de cumplir –del 1,5% del límite actual se pasará en sólo cuatro meses al 0,3%–.

El dicho de cuando EE UU estornuda, el mundo se constipa, ya es sólo válido si se cambia el protagonista por China, al menos en el asunto del tratamiento de residuos. Durante la última década, en el país, la cifra de negocio arrojada por el sector en la gestión de residuos y reciclaje ha crecido de forma exponencial, hasta alcanzar en 2015 más de 54.000 millones de dólares. China es desde 2004 el mayor generador de residuos mundial y el principal destino de los desechos recuperados en la mayoría de los países del globo. «La pregunta adecuada sería qué países no exportan sus residuos a China, porque la mayoría lo hace. El crecimiento económico sostenido del país ha hecho que durante mucho tiempo necesitaran materias primas para su mercado interno y para elaborar nuevos productos que se volvían a vender a los países que les pasaron sus deshechos», explica Alicia García Franco, directora general de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje. El sector cree que un estornudo de China, como es la nueva normativa de importación de residuos, supone de facto una barrera a las exportaciones para fomentar el consumo interno y pone contra las cuerdas el impulso hacia la economía circular en Europa, al obligar a sus miembros a buscar un nuevo destino exprés para la ingente cantidad de residuos recuperados. En Europa más de un millón de toneladas en 2016.

La prohibición afecta a 24 materiales entre papel, cartón, plástico, textiles, metales férricos y no férricos. Si China cierra sus puertas habrá que buscar nuevos destinos para exportar el excedente de residuo tratado en Europa, ya que el sector industrial europeo no es capaz de absorber toda esta nueva materia prima. Un ejemplo para entenderlo, actualmente en la UE se recogen más metales de los que pueden ser vendidos dentro de Europa, por lo que estos metales se exportan a empresas metalúrgicas en otras partes del mundo. «La UE está albergando un gran excedente de metales férricos, que en 2012 alcanzó los 2,5 billones de toneladas, mientras que la demanda de acero en la actualidad es un 25% por debajo de su nivel de 2007; hay un exceso de capacidad del 25 al 30%. También la demanda de cobre ha descendido un 6% en 2008, seguida de otra en 2009 del 23,7%, según datos de 2014», matiza García.

Se pueden incrementar las exportaciones a otras economías intensivas en el uso de materias primas como Turquía o India, pero éstas están lejos de tener la capacidad de adquisición del gigante asiático. El consiguiente problema que teme el sector es que «si no se puede exportar, se genera un mercado cautivo donde bajen los precios y las empresas terminen ahogadas. Esto puede generar que se vuelva a ver residuos en las cunetas si a los actores de la economía de la recuperación deja de serle rentable tratar las basuras», explica García.

Los motivos de China son puramente medioambientales. Lo que pretenden con esta medida es frenar la contaminación. Y es que, según organizaciones como Greenpeace, el «boom» manufacturero del país ha provocado todo tipo de problemas medioambientales y de salud. Cansados de ser el basurero del mundo han decidido apostar por mejorar la calidad de los residuos que importan (de ahí el límite de impurezas) y garantizar la transparencia en la gestión de las importaciones para evitar fraudes, porque muchas no son legales ni cumplen con los estándares de impurezas del 1,5% actuales. «Quieren dejar de importar porquería y para ello han decidido apostar por dos conceptos: el de Beautifull y Sword China. Es decir luchar contra el fraude y dejar de ser el basurero del mundo. Pero el problema de fondo con la decisión tomada es la falta de claridad con el Consejo Mundial de Reciclaje (BIR)», opina García.

Más control

Como medida de control, el gobierno chino informó a BIR de que, a partir del 1 de julio de 2017, el Ministerio de Medio Ambiente crearía 60 equipos que trabajarían durante un año inspeccionando y revisando a todas las empresas que importen residuos y chatarras. Un día después, el gobierno notificaba a la OMC su intención de dejar de importar 24 residuos en 2018. En noviembre establecía los umbrales aplicables para cada tipo de residuo. «Nos parece fenomenal que inspeccione los cargamentos y se aseguren de que lo que les llega está limpito, dentro de ese 1,5% que han exigido hasta ahora, pero no en todos los residuos se puede llegar a ese grado de pureza que piden. En el cobre se puede alcanzar una pureza del 98,5% incluso, pero en lo que se exporta principalmente, que es papel, cartón y plástico, es imposible garantizar un límite de impureza tan bajo», explica García. Y es que, como se decía, los porcentajes que se tendrán que aplicar a partir del 1 de marzo si las negociaciones no dan frutos, establecen los siguiente umbrales aplicables para las impurezas: escoria de fundición 0,5%; madera 0,5%; papel 0,5%; férrico 0,5%; no férrico 1%; residuos de motores eléctricos 0,5%; alambres y cables 0,5%; chatarra metálica y de electrodomésticos 0,5%; recipientes 0,05%; plástico 0,5%, y automóviles 0,3%.

Lo que piden la comunidad internacional y las asociaciones es que se aplique el sentido común. Mientras, desde Greenpeace Asia, creen que la nueva normativa china debería ser una llamada de atención para forzar un cambio del actual modelo de consumo. «En lugar de encontrar nuevos lugares para exportar desechos, los gobiernos y el sector privado deben encontrar formas de reducir la cantidad de residuos que se generan.

La dependencia de los países exportadores en el mercado de China es sorprendente. Desde la década de 1980, China se ha convertido en el mayor importador mundial de residuos. En 2012, hasta el 56% de los residuos de plástico exportados a nivel mundial terminaron en el país. Las industrias de desechos de otros países no tienen la misma capacidad que las de China y los gobiernos de los países exportadores de basura se verán obligados a enfrentar sus problemas de residuos en su propio territorio», ha explicado la organización en comunicado.

ENORMES CANTIDADES

Según datos del Consejo Mundial de Reciclaje (BIR), en 2016 se exportaron a China más un millón de toneladas de residuos. De ellos, el 78% son papel y cartón; el 13% plástico y el resto aluminio, cobre y otras chatarras. España supone en esta tarta el 7% de las exportaciones totales, por detrás de Inglaterra o Alemania (en la UE) que rondan el 15%. Esto supone, según datos de la Asociación nacional de Recicladores de Plástico (Anarpla) que grandes exportadores de residuos como Alemania envíen fuera de sus fronteras hasta 800 kilotoneladas al año y Gran Bretaña, de media unas 600. Las exportaciones dirigidas fuera de la UE son China y Hong Kong, en total alrededor de 1.800 kilotoneladas.

Sólo por añadir un dato, el 17% del papel que se recupera en España se vende a China. Economías como la de EE UU, Canadá o países europeos como Inglaterra dependen en gran medida de las exportaciones de residuos a China. Se calcula que para las economías de estos países, el parón puede suponer la suspensión en la recogida y recuperación de entre un 20 y un 25% de residuos, lo que llevaría a la destrucción de 300.000 puestos de trabajo. Algo similar puede suceder en Europa.



Fuente: La Razón

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