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Cospedal reclama por burofax a Bono los papeles del Yak-42

La pasada semana, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se comprometió con los familiares de las víctimas del Yak-42 a buscar «por tierra, mar y aire», toda la documentación relacionada con aquel trágico accidente de mayo de 2003, que costó la vida a 62 militares. Acababa de asumir el informe del Consejo de Estado, que declaraba la responsabilidad patrimonial de la Administración, y no dudó en ponerse manos a la obra para dar con los contratos de éste y otros 43 vuelos anteriores, además de toda la información relativa a la póliza del seguro. Y parte de esa documentación estaría en manos del ex ministro José Bono, quien tanto en su libro de memorias como en infinidad de ocasiones ha declarado que se llevó por la fuerza documentos que se encontraban en una caja fuerte del Ministerio.

Lo primero que hizo la ministra fue buscar en su Departamento y, tal y como aseguró en el Congreso de los Diputados el lunes, «los contratos nunca han estado, o no consta, en el Ministerio». Así que lo siguiente ha sido requerir a Bono los papeles que supuestamente tiene. Lo adelantó ayer «El Confidencial», asegurando que Cospedal remitió un burofax al ex ministro solicitándole todos los archivos que estén en su poder, algo que desde el Ministerio de Defensa, oficialmente, ni desmienten ni confirman. Aseguran que quieren evitar cualquier «polémica y enfrentamiento», y únicamente hacen hincapié en que la ministra «se comprometió con las familias a buscar toda la información». Sin embargo, fuentes del Departamento que dirige Cospedal confirmaron ese requerimiento con el objetivo de tratar de arrojar algo más de luz sobre este caso.

Entre la documentación que se busca estaría, en concreto, el contrato de ese fatídico vuelo, que a día de hoy sigue plagado de incógnitas. Se adjudicó a la entonces Agencia de Adquisición y Apoyo de la OTAN (NAMSA, por sus siglas en inglés), quien contrató los servicios de la compañía Chapman Freeborn, comenzando en ese momento una serie de subcontrataciones por varios países no OTAN que acabaron en la aerolínea Ukrainian Mediterranean (UM). El precio inicial del contrato eran unos 149.000 euros (nunca se llegaron a pagar ni fueron reclamados, confirmó la ministra), pero UM sólo recibió unos 40.000 euros por el traslado de las tropas. Por el camino se quedaron las comisiones y se iba reduciendo la seguridad.

Póliza y quejas anteriores

Pero hay otros 43 documentos de vuelos anteriores en los que, además, también hubo quejas de numerosos militares por el estado de las aeronaves en las que viajaban y la falta de seguridad. Éstos y los informes que expliquen por qué volaban sin póliza de seguro son los grandes interrogantes que las familias quieren esclarecer antes de dar por cerrado un procedimiento que arrancó en 2004.

Con toda la información que logre recabar la ministra, elaborará una resolución en la que las víctimas tienen todas las esperanzas puestas, pues confían en que se reconozcan las irregularidades en la contratación del vuelo y en que muestre «tacto» con ellos y su dolor. Algo que ya hizo Cospedal cuando pidió «perdón en nombre del Estado» ante las familias en el Congreso de los Diputados.



Fuente: La Razón

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