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Cuando quien no paga las nóminas es el ayuntamiento

Puerto Real es el ejemplo más gráfico de las penurias económicas de un ayuntamiento para prestar servicio público a sus 42.000 habitantes. Gobernado por una coalición en minoría de Equo y Sí Se Puede Puerto Real desde mayo de 2015, el equipo municipal se encontró a su llegada con una deuda de 140 millones de euros (ahora está en 72) y un plan de ajuste heredado que intervenía las cuentas del consistorio hasta 2032.

Las deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social se retenían de las liquidaciones procedentes de la Diputación de Cádiz. De la participación en los ingresos del Estado, el Ejecutivo central le retenía la mitad, en torno a 300.000 euros, para devolver el anticipo solicitado en 2013 por el anterior equipo de Gobierno del Partido Andalucista, que pidió un anticipo de 8,6 millones.

El anticipo es una de las vías que contempla el plan de ayuda anunciado por el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, para asistir a los 200 ayuntamientos con una situación financiera deficitaria.

En realidad, se trata de una de las medidas que ya se activaron en 2013 para dar cobertura financiera a 314 ayuntamientos con problemas económicos. En esa fecha se les ofreció, entre otras soluciones, reducir la retención en la participación de los ingresos del Estado para pagar deudas con Seguridad Social y Agencia Tributaria, se les dio acceso a anticipos, como en el caso de Puerto Real, y se les permitió cambiar deuda a corto por largo plazo.

El nuevo plan irá en esa línea, tal y como apuntan fuentes de Hacienda, aunque algunos ayuntamientos muestran sus reticencias respecto a la pesada digestión financiera que este tipo de ayuda deja en las arcas municipales. Es el caso de Cartagena, que a finales de 2015 tenía una deuda de 131 millones de euros, lo que le situaba en la posición 1.103 de los 8.119 consistorios censados en España. Los recortes draconianos aplicados en los últimos años le han permitido salir del plan de ajuste pactado con Hacienda, pero a cambio se han quedado con una plantilla muy disminuida. Fuentes municipales lo achacan a la coincidencia del bloqueo de la oferta de empleo público con la jubilación de un gran número de funcionarios en el consistorio, lo que ha dejado al municipio con escasos recursos humanos para prestar unos servicios de calidad.

Menos gastos, más impuestos

El recorte de gastos se ha visto acompañado de un incremento de impuestos y tasas sin parangón. Entre ellos, destacan la tasa de recogida de basuras, que se incrementó un 10% en 2014 y un 5% en 2015 o la aprobación de la revisión catastral para elevar la recaudación por IBI. “Ello supondrá, como mínimo, un aumento del valor catastral del término municipal de un 100%, sin contar los nuevos suelos que adquirirán carácter de urbano”, apuntaba el plan de ajuste.

Las casuísticas son muy variadas y muestran consistorios en los que a la mala gestión se unen saqueos ligados a casos de corrupción. Es el caso del ayuntamiento madrileño de Moraleja de Enmedio, con apenas 5.000 habitantes, gobernado entre 1999 y 2015 por el popular Carlos Alberto Estrada. El exregidor está imputado en el caso Púnica (una red de corrupción ligada al PP madrileño) por delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y cohecho. El saqueo de las arcas públicas, cuyo principal exponente fue una piscina climatizada que costó ocho millones y que fue financiada con dinero destinado a una escuela, llevó a que este pequeño municipio cerrara 2015 con una deuda de 30 millones, lo que supone un pasivo de 4.313 euros por habitante, situándose como el decimocuarto consistorio más endeudado de España.

Las consecuencias las ha tenido que asumir el equipo socialista que se hizo con el poder a partir de mayo de 2015. Un año después, el consistorio se declaró en quiebra ante la imposibilidad de hacer frente a los gastos corrientes. La losa que suponía tener que hacer frente a la devolución de las deudas impedía abonar los gastos diarios.

Esta situación fue denunciada en abril de 2016, cuando los funcionarios empezaron a ver cómo peligraba el cobro de su nómina y el nuevo equipo municipal presentó un plan de ajuste que incluía, entre otras cosas, reducir en un tercio la plantilla de empleados municipales.

En el origen de estos recortes se encuentra el hecho de que el alcalde popular imputado por la Púnica se pasó nueve años sin pagar a la Seguridad Social o decretaba realizar “empalmes ilegales” para dar luz a la escuela y los polideportivos municipales. Iberdrola le reclamó posteriormente 300.000 euros en impagos que posteriormente se sumaron al monto total de la deuda.

La situación de este ayuntamiento es tan delicada que la concejal de Educación, Pilar González, adelanta todos los meses de su bolsillo el dinero necesario para que los 92 alumnos de la escuela infantil puedan contar con un desayuno diario.

Fuente: Cinco días

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