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Derogar en caliente

No legislar en caliente. Ésta es la proclama que se ha lanzado desde todas las direcciones, tanto los partidos políticos de uno u otro signo como los familiares de las víctimas han llamado a no dejarse llevar por los últimos acontecimientos a la hora de fijar posición en relación a la derogación o no de la prisión permanente revisable. Pero lejos de bajar la temperatura del debate, éste no deja de subir grados. El PSOE es el partido que está soportando una mayor presión, tanto interna porque dentro de su partido resulta difícil explicar su posición, como externa ya que su abstención permitiría aprobar las enmiendas a la totalidad de PP y Ciudadanos que se debaten el jueves en el Congreso. La dirección de Pedro Sánchez se afanó en las últimas horas por frenar otro conato de rebelión interna, en concreto, varios dirigentes andaluces y de otros territorios mostraron su inquietud sobre cómo se está gestionando la postura del PSOE en este asunto con el asesinato del pequeño Gabriel Cruz tan reciente. El propio secretario general señaló que «en estos momentos no se nos puede ver presos de la ansiedad y trasladar cambios de opinión en temas tan fundamentales».

Esta preocupación también se hizo visible en la reunión de grupo, donde el diputado por Toledo José Miguel Camacho lamentó lo inoportuno del debate del jueves. Sin embargo, los socialistas tienen un escaso margen de maniobra en este sentido, como le hizo ver el propio Pedro Sánchez, que presidió la reunión. El orden del día lo fija la Mesa del Congreso y los socialistas reconocieron que tenían un acuerdo con el PP para que el debate sobre la prisión permanente revisable no se desbloquease hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la constitucionalidad de la misma. «Yo había hablado con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Rafael Hernando, de portavoz a portavoz, para que fuéramos prudentes con esta materia y de que no se pusiera sobre la mesa hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciara», explicó la socialista Margarita Robles en una entrevista en Onda Cero. Un «acuerdo tácito» que reconoció el propio Hernando y que se vio truncado cuando Ciudadanos decidió levantar el veto de la Mesa del Congreso –los naranjas suman mayoría con el PP para hacerlo– sobre la proposición de ley impulsada por el PNV para acabar con la reforma del Código Penal. El PP quiso despejar cualquier responsabiliad sobre la idoneidad del debate y trasladó la presión a PNV por impulsarlo, a Cs por desbloquearlo y al PSOE por apoyarlo.

Los socialistas han cargado duramente contra la formación de Albert Rivera, ahondando en su cambio de criterio –ya que en su día firmaron con el PSOE un acuerdo de investidura en el que se comprometían a la derogación de la medida– y atribuyeron su viraje a la guerra encubierta que existe entre «las derechas». «Tanto el PP como Ciudadanos han querido que se debata en este momento con una finalidad claramente electoralista», se quejó la portavoz socialista. A pesar de este clima de crispación, el PSOE mantiene su postura de oponerse a las enmiendas que se paralizarían la derogación de la prisión permanente revisable. Los socialistas se agarran a la ineficacia de la medida, ya que con ella en vigor se han cometido crímenes horribles como el de Diana Quer o el propio Gabriel, y predican la conveniencia de que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie «pronto». Robles recordó que el PSOE recurrió ante el TC y «por coherencia siguen manteniendo esa posición, fruto del estudio jurídico», ya que la norma adolece de «defectos técnicos muy relevantes».

Robles también se mostró muy crítica con el portavoz del PP, Rafael Hernando, y le acusó de «aprovechar la capilla ardiente» del pequeño Gabriel «y el dolor de los padres y de la sociedad» para hacer valoraciones sobre la prisión permanente. «En política no vale todo», señaló. Las enmiendas a la totalidad de PP y Ciudadanos que se votarán el jueves, y no saldrán adelante, buscan que se amplíen los supuestos punibles y se endurezca el Código Penal. Los naranjas quieren que se dificulte el acceso al tercer grado y los populares introducir nuevos tipos.



Fuente: La Razón

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