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Desacato en el Parlamento de Cataluña y Constitución catalana

El independentismo volvió a lanzar ayer, 24 horas después de la reunión entre Quim Torra y Pedro Sánchez, un doble órdago al Estado: por un lado, reafirmó su compromiso con la redacción de una Carta Magna catalana dentro de esta legislatura; y por otro, planteó que el Parlament desacate la suspensión dictada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, a seis de los diputados procesados por rebelión, entre ellos el ex presidente Carles Puigdemont.

La Generalitat se levantó con otra actitud tras el tímido deshielo iniciado con el Gobierno. Las críticas de la CUP y de los Comités de Defensa de la República (CDR)
–quienes ya han planteado la dimisión del president si sigue por la senda del pacto– han escocido en el seno del Ejecutivo catalán. «Me han dolido muchísimo», admitió ayer el propio Quim Torra, quien endureció su postura respecto al lunes y desveló su arenga a Sánchez a favor de la vía «unilateral». «No hay ninguna renuncia a nada. Quiero llegar a la independencia. Le expliqué que tengo 55 años, que mis hijos ya son mayores y que no tengo nada que perder», aseguró en Catalunya Ràdio.

El president defiende ahora que «el 90% de la reunión» con Sánchez giró entorno al «derecho de autodeterminación». «Este es el tema y no me puedo entretener con otros», añadió en contraste con lo que dijo al salir de Moncloa, cuando admitió que no había puesto el referéndum encima de la mesa y que un primer encuentro no era el momento idoneo para hablar de «unilateralidad».

Un viraje que Torra concretó rescatando la propuesta estrella de su discurso de investidura: esta legislatura debe servir al independentismo para ir de la «restitución» –en referencia al Ejecutivo tras el levantamiento del 155– a un proceso constituyente que desemboque en la redacción de una Constitución propia para Cataluña al margen del Estatut. «El eje central de la legislatura, en la línea de implementar la declaración de independencia del 27-S, será dotarnos de una Constitución catalana», resumió el president haciendo hincapié en la idea de «hacer república» que repite ahora el soberanismo.

De hecho, el president también desveló que tiene previsto explicar los próximos pasos a seguir en una conferencia política a principios de septiembre que podría coincidir con la segunda reunión de Torra con Sánchez, ésta en Barcelona.

Asimismo, el independentismo recibió el auto de Llarena, que suspende a seis de los siete diputados por rebelión con tono desafiante. Tan solo ERC se mostró abierto a respetar la decisión de los tribunales, mientras que JxCat, y como es natural, la CUP rechazaron acatarla. Ambos grupos parlamentarios se cobijaron en el reglamento del Parlament, que prevé que la suspensión de los diputados debe ser votada por el Pleno, sin reparar en que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevalece jerárquicamente, precisa que deben dejar sus funciones temporalmente una vez procesados.

La suspensión de los seis diputados supondrá únicamente la pérdida de sus derechos económicos (sueldo) y políticos (posibilidad de delegar el voto), aunque no perderán automáticamente el acta de diputado, lo que podría conllevar la pérdida de la mayoría parlamentaria separatista si no corren las listas –disponen de 70 escaños, aunque solo 69 tienen derecho a voto, mientras que los grupos contrarios a la independencia suman 65–.

Así, se avecina un nuevo conflicto judicial entre el Estado y la Generalitat en plena operación deshielo. Todo está en manos del presidente del Parlament, Roger Torrent, que es el encargado y último responsable de abordar la suspensión. Por ahora, había mantenido una línea de actuación muy cauta y respetuosa con la legalidad para evitar nuevas situaciones comprometidas, algo que se pudo adivinar en las reacciones de su partido, ERC, que pidió tiempo para analizar con rigor el auto y tomar una decisión «consensuada» con JxCat. Si bien, la plataforma de Puigdemont ya avanzó que se inclinará por votarla en el Pleno y exigirá incluirlo en el orden del día de la próxima sesión parlamentaria, una decisión que contó con el respaldo de la CUP.



Fuente: La Razón

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