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Educación avala el envío de niños con trastornos al Dionisia Plaza

La «guerra fría» entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el centro de rehabilitación médico psicopedagógico Dionisia Plaza podría tocar a su fin. El armisticio se habría firmado durante la reunión mantenida entre las viceconsejerías de Sanidad y de Educación con la dirección del centro madrileño el pasado miércoles.

El Dionisia Plaza es un centro de atención integral a niños y adolescentes con enfermedades neurológicas y/o mentales que, en los últimos meses se ha visto en una situación complicada debido al incumplimiento del concierto que mantiene desde 2014 con el Servicio Madrileño de Salud (Sermas). El conflicto surge –como ya ha ido informando este suplemento– con motivo del progresivo y constante descenso en el número de jóvenes derivados desde el Sermas, así como por el aumento de las altas (esto es, las salidas) de los chicos que ya están en el centro, todo lo cual estaría poniendo en serio peligro la continuidad del mismo. Y es que, aunque en la actualidad sólo 170 niños acuden a diario, el concierto obliga al centro a mantener las instalaciones y el personal necesario para atender a 230 niños, según se recoge en los pliegos. Esta situación estaría poniendo en grave peligro su subsistencia económica.

Enrique Plaza, gerente del Dionisia Plaza, se muestra expectante y «a la espera de resultados» tras el encuentro, en el que se habrían acercado posiciones, especialmente con Educación, que entendería que el centro constituye un recurso necesario para la Comunidad de Madrid del que no habría que prescindir. «Tenemos buenas sensaciones con la Consejería de Educación, nos han transmitido que hay niños suficientes que encajan en el perfil del Dionisia Plaza y que van a derivarlos a través del Comité de Evaluación para trasladarlos al centro», explica Plaza. También la Consejería de Sanidad valora positivamente la reunión, en la que se habrían analizado «las posibles medidas para la mejora de la atención sanitaria de los pacientes y la continuidad de su proceso educativo».

Lo que continúa enquistado es el problema de las altas de los niños –15 hasta el momento– previstas para junio, cuando finalice el curso escolar, y su gestión por parte del Comité de Evaluación de los niños. La admisión a trámite por la Justicia del recurso interpuesto por el centro contra la Consejería de Sanidad (después de dos años de reuniones infructuosas) por el incumplimiento del concierto sería el motivo. Así, habría manifestado que, mientras el contencioso esté vigente no estaría dispuesta a negociar este aspecto.

Este frente tendría que ver con la forma en la que se estarían dando las altas de los chavales. En este caso es un Comité de Evaluación el encargado de decidir la continuidad o no de los chicos. La cuestión es que muchas veces estas altas se dan a los niños en contra de los informes de sus médicos derivantes y del propio centro. «Estos informes no son vinculantes, pero lo llamativo es que se hace sin ver a los chicos físicamente y en contra del criterio de los profesionales que les atienden a diario y que recomiendan su permanencia», explica Isabel Juárez, directora del Departamento de Psicología del Dionisia Plaza.

Ante esta situación, el centro ha enviado una carta, dirigida a la coordinadora de Ordenación Asistencial, Pilar Arconada, en la que se solicita, entre otras cuestiones, que se declare por parte de Sanidad «en qué informes o valoraciones técnicas emitidas por profesional sanitario idóneo para ello se están fundamentando las decisiones de altas de pacientes», y si estos se están emitiendo «tras una exploración de los mismos dirigida a evaluar su situación clínica». Asimismo, se solicita documentación relativa al reglamento de funcionamiento interno de la Comisión y de los informes médicos «que hayan servido de fundamento para la declaración de alta de los pacientes indicados, en los que conste el tipo de exploración médica realizada y la fecha de la misma», y que se convoque a los profesionales del centro a las sesiones de la Comisión «como prevé el pliego de Prestaciones Técnicas aplicable al contrato vigente», a fin de que puedan «participar y proporcionar su punto de vista».



Fuente: La Razón

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