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El ex presidente de la filial del Canal dice que el juez lo acusa «ciegamente»

La defensa del ex presidente de Inassa, la filial colombiana del Canal de Isabel II, y hombre fuerte de Ignacio González en Iberoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, se queja de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del «caso Canal», está «acusando ciegamente» a su cliente, evidenciando «un claro prejuicio acusatorio». En el escrito en el que el abogado Miguel Bajo recurre en apelación (directamente a la Sala de lo Penal, instancia superior al instructor, y obviando el recurso ante el propio magistrado) el auto que mandó a prisión a Rodríguez el pasado día 21, el letrado pide la nulidad de esa resolución porque la considera «totalmente arbitraria» al no motivar, según él, la decisión de privar de libertad a su defendido. sus argumentos, se queja, «son idénticos a los esgrimidos para acordar la entrada y registro en los domicilios» del ex presidente de la filial iberoamericana de la empresa de gestión del agua.

El letrado califica los argumentos del juez de «meras presunciones huérfanas del suficiente sustento para construir la imputación» por delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y blanqueo, entre otros.

En el recurso se defiende la legalidad de la adquisición de la sociedad brasileña Emissao que, subraya, se llevó a cabo por dos sociedades: Inassa y Canal Extensia (empresa del Canal de Isabel II). Si la operación debió cerrarse con el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, hace hincapié, «debería haber sido requerida en todo caso por Canal Extensia, lo que nunca ocurrió». Se trata, añade, de una inversión «totalmente transparente con un certero razonamiento económico que reportaría beneficios». La sociedad se adquirió en 2013 por 21 millones de euros. Un año después su valor contable era de cinco millones, una devaluación que el ex directivo del Canal atribuye «únicamente» a la «crisis brasileña» que estalló en 2014, dado que la actividad de Emissao estaba «totalmente vinculada a la inversión pública».

La inversión, subraya el abogado de Rodríguez Sobrino, se realizó «con multitud de informes jurídicos y económicos» y un «laborioso trabajo de análisis jurídico y económico de Emissao». Y respecto al informe independiente que se encargó a la consultora KPMG (que según el juez y Anticorrupción debió paralizar la operación al advertir de los riesgos inherentes), asegura que únicamente evaluaba «los riesgos fiscales, laborales y económicos». Este hecho, hace hincapié, hace que «todas las afirmaciones desnudas de realidad que trata desesperadamente de probar el auto» caigan «en el absoluto vacío».

La defensa de Rodríguez también niega que el pago de la operación se llevase a cabo en paraísos fiscales («ni Suiza ni Brasil lo son») y defiende la legalidad de la adquisición. «Nunca podrá existir malversación por no haber en ningún caso desvío de fondos públicos», dice. La imputación «sin fundamento» de Rodríguez, se queja, se basa «únicamente en el cargo».

El letrado niega que exista riesgo de fuga («si remotamente hubiera querido ya lo habría hecho») ni de destrucción de pruebas y esgrime el arraigo familiar de Rodríguez en España (debe cuidar de su madre nonagenaria y está a punto de ser abuelo). Si no se anula el auto, solicita que se atempere la prisión con una fianza y se fijen comparecencias periódicas de su cliente.



Fuente: La Razón

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