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El frente por el referéndum se divide en tan sólo 24 horas

Tan frágil fue el consenso que se fraguó el pasado viernes en el Parlament de Cataluña para impulsar un «referéndum pactado» que, apenas 24 horas después, la desconfianza entre Junts pel Sí, la CUP y la órbita de Ada Colau ya era evidente. La CUP incluso puso el sábado fecha de caducidad a esta propuesta y consideró que el plazo para acordar con el Gobierno una votación de autodeterminación no debería exceder los «dos o tres meses». A partir de ahí, consideraron los antisistema, debería seguirse el guión acordado antes de la cumbre parlamentaria y convocar el referéndum en el mes de septiembre de 2017 por la vía unilateral.

Precisamente, el tema de las fechas límites es el que desean ahuyentar los de Colau, que insisten en que vale más la pena tomar con paciencia los trabajos para un referéndum acordado en lugar de poner plazos y conducirse por el lema «tenemos prisa», muy recurrente en el universo soberanista. Pero nada hace pensar que el bloque soberanista vaya a seguir esta recomendación de Colau, que salió muy satisfecha de la cumbre porque se aceptó trabajar con el objetivo del referéndum acordado, pero que, poco después, comprobó que el Govern no piensa renunciar al referéndum unilateral, tal y como confirmó el conseller de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, Raül Romeva. «Estamos trabajando con los dos escenarios», explicó, en Rac 1, y añadió que en 2017 habrá referéndum de una u otra manera.

Así las cosas, el verdadero interrogante es saber en qué momento el Govern dará por muerta la vía del referéndum acordado. El líder del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull, advirtió de que la oferta de la Generalitat al Estado «es la última oportunidad» de llegar a un acuerdo, y aseguró que, en caso de que no sea así, está dispuesta a celebrar la consulta de manera unilateral. «Es verdad que ahora nos tenemos que concentrar en el referéndum pactado. Paralelamente, no está reñido, se están preparando desde el Parlament y el Govern todo el operativo y la logística para celebrar un referéndum, cuente o no con el aval estatal», explicó en los micrófonos de Catalunya Ràdio.

Decisiones a la vista

El portavoz de Catalunya Sí Que Es Pot (Podemos e ICV) en el Parlament, Joan Coscubiela, no tardó en reaccionar ante las maniobras del bloque soberanista y amagó con descolgar a su formación. «Si el Govern instrumentaliza políticamente el Pacto Nacional por el Referéndum, tomaremos decisiones», dijo. Cabe recordar en este punto que ICV ya se desmarcó la pasada legislatura del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir cuando planteó las últimas elecciones al Parlament como una cita «plebiscitaria». La secuencia podría reproducirse, aunque Coscubiela se mostró contemplativo. «Esperamos que esta apuesta clara por un referéndum pactado no sea una pose para pasar rápidamente a otra pantalla, sino que sea una apuesta clara», afirmó a Efe el dirigente de ICV.

La portavoz de la CUP, Anna Gabriel, por su parte, subrayó que el compromiso de buscar adhesiones en el conjunto de España y de Europa, surgido de la cumbre de ayer del Pacto Nacional por el Referéndum, no debe servir como «excusa» para «dilatar» la fecha del referéndum sobre la independencia. Gabriel asumió que «es muy probable que en breve haya una negativa formal del Estado» al referéndum acordado, con lo que la CUP ya tendrá «suficiente» para decir: «De acuerdo, hasta aquí la vía pactada». Es decir, que al frente por el referéndum le queda una vida más bien corta.

Un informe del departamento de Economía de la Generalitat, dirigido por Oriol Junqueras y destinado a inversores, ofrece una cara bastante más realista de la Administración autonómica catalana que la exhibida continuamente con el «procés» en primer plano. El informe, redactado en inglés y elaborado para atraer a inversores, radiografía la situación financiera de la Generalitat y admite sin tapujos que el 70,7% de la deuda de la Generalitat depende de los «mecanismos de liquidez» del Reino de España, es decir el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), al que el Gobierno catalán prevé acudir, según el documento, hasta 2026. La web de «El Confidencial» dio cuenta de este diagnóstico, que lleva por título «Investor Presentation». A lo largo de sus 33 páginas, el documento no menciona nada parecido al referéndum de autodeterminación ni a las ansias independentistas. El hilo conductor del texto y los gráficos consiste en subrayar el entorno de estabilidad financiera del Govern, en el que «el déficit se cubrirá con el FLA existente» y los «vencimientos de bonos, préstamos a largo plazo y mecanismos de apoyo a la liquidez serán cubiertos por el FLA».



Fuente: La Razón

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