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El Gobierno advierte de que el 155 es imparable si no se vuelve a la legalidad

El Senado sólo valorará la paralización de la aplicación del artículo 155 en Cataluña si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoca unas elecciones autonómicas ajustadas a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y vuelve por completo a la legalidad. Si Puigdemont utiliza la vía de unir una declaración unilateral de independencia, se vote o no se vote, a la convocatoria de unas elecciones constituyentes, como las denomina el bloque independentista dentro del proceso de construcción de la República catalana, se entenderá como un fraude y esta decisión no paralizaría la intervención aprobada el pasado sábado por el Consejo de

Ministros. Pero tampoco cualquier otra maniobra electoral que no suponga restituir plenamente la Constitución y el Estatuto en Cataluña, acatando las decisiones del Tribunal Constitucional (TC). «El 155 es imparable. No basta sólo con elecciones, tienen que volver por completo a la legalidad», sentencian en Moncloa.

Ayer, la vicepresidenta y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, animó al Gobierno catalán a acudir al Senado «a hacer las alegaciones que estime oportunas». En una entrevista de Carlos Alsina, en Onda Cero, resaltó que el proceso está en manos del Senado, pero también precisó que la Cámara Alta «tiene capacidad de adaptarse a lo que Puigdemont y el Parlament hagan» en función de los acontecimientos que pueda haber esta semana.

En ese sentido, Sáenz de Santamaría confirmó, asimismo, la información adelantada por este periódico sobre cómo se organizará la gestión del control desde Madrid de las consejerías catalanas. «Es una posibilidad que el presidente del Gobierno nombre un mando único para coordinar los ministerios que asumirán las competencias de la Generalitat de Cataluña, una vez que el Senado autorice al Gobierno la aplicación de las medidas en virtud del artículo 155 de la Constitución».

La vicepresidenta aclaró que la actuación prevista por el Gobierno en los medios de comunicación públicos catalanes pretende que cumplan su propia ley, y en ese sentido confió en que los funcionarios de la administración de Cataluña no se resistan a cumplir las órdenes que se les trasladen. Pero si eso sucediera, aclaró que existen las potestades de sanción u organización necesarias para que acaten las directrices que se planteen. Los acuerdos en aplicación del artículo 155 permiten ir cesando y removiendo· a las personas que pudieran ser responsables de incumplimientos. Desde Moncloa no quieren anticipar otros escenarios, como el cese del director de los Mossos, Josep Lluís Trapero, circunstancia que se da por hecho en medios constitucionalistas. Primero se cesará al consejero de Interior, y a partir de ahí «se seguirán tomando las primeras decisiones». El artículo 155 también implicará la adopción de medidas contra el intento de la Generalitat de construir «una estructura de Estado» en el exterior. Eso tiene que recuperarse para la legalidad y es uno de los ámbitos en los que vamos a actuar con carácter prioritario», anticipó ayer la «número dos» del Gobierno.

La vía política, en cualquier caso, se mezcla con la vía penal, ya que la Fiscalía solicitará prisión para el presidente de la Generalitat si declara la independencia de Cataluña. Está dentro del Código Penal, y es un hecho delictivo, argumentan. Además, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, aclaró ayer en el programa «Espejo Público», de Antena 3, que hay un procedimiento planeado contra Puigdemont, pero está esperando a que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela le tome declaración. «Cuando se produzca esa declaración», tomarán las medidas correspondientes «respecto a los delitos» que pueden imputar al presidente de la Generalitat.Si se pidiera prisión, deberían ser «los Mossos d’Esquadra los que procedan a su detención» y si ellos se negaran «tendrían que ser suplidos por otras fuerzas de ámbito nacional».

Mientras se resuelven todas estas incógnitas, en medios populares empiezan a asumir que la legislatura quede condicionada por la crisis catalana, tanto como para que termine en otoño del próximo año. El PNV deja de ser apoyo presupuestario, a pesar de que el Ejecutivo sí ha cumplido todas las condiciones pactadas con ellos. Ayer la vicepresidenta instó a los nacionalistas vascos a que no mezclen la aplicación del artículo 155 con la negociación presupuestaria. Pero, en cualquier caso, advirtió de que la ley es lo primero en estos momentos.

«No conviene mezclar ambos planos. Las cuentas para 2018 no tienen mucho que ver con otro tipo de decisiones como la aplicación del artículo constitucional en Cataluña para restaurar la legalidad y el propio Estatuto de Autonomía», indicó.



Fuente: La Razón

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