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El Gobierno amplía hasta 2020 la moratoria de los desahucios

Las medidas aprobadas este viernes por el Consejo de Ministros completan el conjunto de actuaciones que se han llevado a cabo desde 2012, cuando el Gobierno aprobó el primer decreto exprés para hacer frente a las situaciones por las que debían atravesar muchas familias desahuciadas al no poder pagar la hipoteca de su vivienda.

Fuentes del Ministerio de Economía, de quien depende la aprobación del decreto, explicaron que desde 2012 se han beneficiado de estas medidas más de 78.600 familias. Además, se han suspendido más de 24.000 lanzamientos y más de 45.600 familias se han acogido al Código de Buenas Prácticas (CBP) al que están adheridas 93 entidades financieras. Gracias a este mecanismo se han podido llevar a cabo 38.500 reestructuraciones de deuda y 7.000 daciones en pago. Asimismo, se han adjudicado un total de 9.020 casas a través del Fondo Social de Viviendas.

De esta forma, el real decreto ley amplía el plazo de suspensión de los lanzamientos hipotecarios (desahucios) tres años más, hasta 2020. Y también modifica los criterios que deberán cumplir las familias para poder acogerse tanto al CBP, como a la moratoria del desahucio, de tal manera que se equiparan y amplían. Podrán beneficiarse de ambas iniciativas las familias de las que forme parte un menor de edad, en lugar de un menor de tres años, como establecía la norma hasta ahora. También serán considerados beneficiarios las unidades familiares monoparentales con hijos a cargo, lo que mejora la situación actual por la que solo recibían ayuda si eran hogares monoparentales con dos hijos.

Supuestos de desempleo

Otra de las modificaciones contempla extender al CBP la posibilidad de adherirse al mismo la unidad familiar en la que convivan una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad; y se encuentren en situación de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral. Este es uno de los requisitos que se aplicaba a la suspensión del desahucio que ahora se amplía al CBP.

Otro de los colectivos a los que se amplía la aplicación de estas medidas es a los hogares donde exista una víctima de violencia de género y también a aquellas unidades familiares en situación de desempleo, a las que se elimina el requisito de que tengan que haber agotado las prestaciones por paro.

Por otro lado, el Gobierno también decidió permitir que a los deudores hipotecarios ejecutados se les permita continuar en la vivienda en régimen de alquiler en condiciones favorables. La petición del arrendamiento deberá realizarse dentro de un plazo determinado. La norma establece que el preciomáximo anual de la renta a pagar no podrá superar el 3% del valor de la vivienda al tiempo de la aprobación del remate determinado según tasación. El alquiler durará cinco años, prorrogables otros cinco de mutuo acuerdo entre las partes (ejecutado y adjudicatario).

Fuente: Cinco días

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