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El Gobierno estudia convertir el castellano en lengua vehicular en Cataluña

El Ministerio de Educación está comprobando si en aplicación del artículo 155, por el que asume la Consejería de Educación de Cataluña, le corresponde publicar la resolución con las normas para la matriculación de los alumnos catalanes el próximo curso.

Lo ha señalado el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, al ser preguntado cuándo se iban a conocer dichas normas, y después de que el sindicato de profesores AMES (Acción para la mejora de la enseñanza Secundaria) haya lanzado en change.org una recogida de firmas para que “el castellano también se pueda elegir como lengua vehicular en la enseñanza” en Cataluña.

“Estamos en ello, va a estar dentro de unas semanas” pero “también tenemos que saber si esto es materia que nos corresponda en aplicación del 155”, ha destacado Marín.

“En cualquier caso somos sensibles con el problema y pronto anunciaremos alguna decisión”, ha asegurado Marín, que ha añadido que “aun quedan semanas para decidir al respecto”.

AMES ha enviado la siguiente petición al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, y a la Consejería de Educación catalana: “pedimos que en el modelo de preinscripción se introduzca una casilla de opción lingüística, para que los padres, madres o tutores legales puedan indicar si quieren que su hijo o hija curse sus estudios utilizando también el castellano como lengua vehicular”.

Paralelamente, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha ampliado la investigación sobre el posible adoctrinamiento en los libros de texto de Cataluña y ha pedido ayuda para ello a la Real Academia de Historia. No solo está examinando los de Secundaria sino que también lo hará con los de Primaria, motivo por el cual se está retrasando la publicación del informe urgente anunciado ya hace nueve meses.

Así lo ha anunciado también Marcial Marín, en declaraciones a los medios en su departamento tras reunirse con la Conferencia de Decanos de las facultades de Formación del Profesorado y Educación.

“El informe está en marcha, se ha ampliado y se ha llevado a Primaria también, no sólo a Secundaria, y queremos que tenga el aval de la Real Academia de la Historia”, ha explicado Marín, que ha justificado así el retraso del mismo.

Según ha indicado, este proceso es “muy complicado” porque los medios del ministerio y de la Alta Inspección en cada comunidad autónoma “son escasos”. “Hay que hacerse con todos los textos, estudiarlos y ponerse esto en común para darle el marchamo de verificación para que lo que se diga ahí es real”, ha apostillado.

Además, ha subrayado que los inspectores de educación no son especialistas en cada una de las materias, sino en la legislación, de manera que por ello el Ministerio ha recurrido a la Real Academia de Historia para que detecte y verifique las posibles manipulaciones en los manuales de Historia o Ciencias Sociales.

Asimismo, ha subrayado que primero se ha hecho un “muestreo” de la totalidad de los libros de texto utilizados en el sistema educativo en estas dos etapas. “Lo que iba a ser en un principio un informe mínimo, lo hemos ampliado para tener una visión global del sistema educativo, en especial en materias de Ciencias Sociales e Historia. Ha sido un trabajo arduo”, ha aseverado.



Fuente: La Razón

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