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El juez recurre al 155 para que Hacienda haga la factura del 1-O

Los Ministerios de Economía y Hacienda están evaluando, por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona –que investiga los preparativos del 1-O– los costes del referéndum ilegal. El pasado 30 de octubre, el sustituto del magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer –que fue recusado por las defensas de varios investigados y está apartado del procedimiento desde entonces– ya requirió a todas las consejerías de la Generalitat para que informasen de los costes económicos de la consulta suspendida por orden del Tribunal Constitucional. Pero la respuesta de los trece departamentos no arroja luz alguna: o bien contestan que no tienen conocimiento de partida alguna relacionada con el 1-O o aseguran que no se efectuó gasto alguno con ese fin.

A la vista de esa respuesta, el magistrado Jaime Conejo (que sustituye a Martínez Sunyer hasta que se resuelva el incidente de recusación) invoca la aplicación del artículo 155 de la Constitución –por el cual el Ejecutivo de Mariano Rajoy asumió las competencias de la Generalitat el pasado 27 de octubre– para requerir a ambos ministerios, a través de la Delegación del Gobierno en Cataluña, a fin de que den «las órdenes oportunas para la exacta y puntual cumplimentación» de los datos requeridos. Así consta en una providencia fechada el pasado 23 de noviembre, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, incorporada al sumario que instruye Ramírez Sunyer por sedición, malversación, desobediencia, prevaricación y revelación de secretos contra varios ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos Josep Maria Jové, el que fuera «número dos» de Oriol Junqueras en Economía y responsable de la logística del 1-O.

En apenas quince días, la Generalitat cumplimentó el requerimiento judicial informando al instructor que «en ninguna» de las trece consejerías «se ha producido coste económico en relación a la celebración de la consulta».

El juez preguntó en particular por el pago con dinero público de informes previos a la celebración del referéndum; publicidad en los medios de comunicación; material electoral (urnas, papeletas o sobres); webs para difundir la consulta o medios informáticos para el escrutinio y verificación de votos; traslado y estancia de los observadores internacionales; actos de apertura y cierre de la consulta (celebrados en el Tàrraco Arena y en la Font Màgica de Montjuïc, respectivamente) y el coste del personal empleado para su celebración. Pero en todos los departamentos la respuesta fue la misma: los gastos o no existen o se desconocen. De ahí que ahora el magistrado quiera que sean los técnicos de los ministerios de Luis de Guindos y Cristóbal Montoro los que buceen en las cuentas de la Generalitat en busca de esos desembolsos que apuntalarían la imputación por un delito de malversación, castigado con penas de tres a ocho años de prisión.

La factura del 1-O es por ahora un arcano. Si bien los presupuestos de la Generalitat para 2017 preveían un desembolso de 6,2 millones de euros, el propio magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena –que investiga por rebelión a los principales responsables del «procés» (con Puigdemont y Junqueras a la cabeza)– rechazó el pasado 9 de noviembre imponer una fianza de responsabilidad civil por ese importe a Carme Forcadell y otros cinco ex miembros de la Mesa. Y lo hizo, pese a la petición de la Fiscalía en ese sentido, ante la ausencia de pruebas de que la celebración del referéndum se pagara «con cargo a fondos públicos» y «menos aún» que, en su caso, se desembolsaran finalmente esos 6,2 millones.

Las defensas de Puigdemont y los ex consellers sostienen –esgrimiendo una certificación de la Intervención de la Generalitat– que únicamente se gastaron 25.000 euros correspondientes al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), pero matizan que en todo caso se hizo antes de que el Tribunal Constitucional anulase las partidas del referéndum.

La Guardia Civil cifra en 502.639 euros el dinero gastado por la Generalitat en la consulta. En un informe incorporado a la causa acusa al Gobierno de Puigdemont de llevar a cabo «argucias» para impedir conocer ese montante y propone que el Tribunal de Cuentas o la Intervención General realicen una auditoría. Además, no descarta que Òmnium o ANC pagasen los gastos.



Fuente: La Razón

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