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“El modelo de Estado ha resultado problemático, hay que reformarlo”

No es muy dado a aparecer en los medios de comunicación. Prefiere que se le conozca por sus resoluciones. Sin embargo, con LA RAZÓN ha hecho una excepción para abordar las cuestiones latentes en la Justicia y en lo que afecta al Tribunal Constitucional, así como a la Carta Magna, cuyo 38º aniversario se celebra hoy. Pérez de los Cobos no tiene dudas de que es necesario reformar la Constitución, especialmente en lo que afecta al modelo territorial del Estado. Rechaza de forma enérgica que la sentencia del Estatut, la cual asegura que no ha sido leída «con inteligencia», haya sido el desencadenante del «desafío» catalán. Al finalizar su mandato, regresará a su cátedra de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid. Al menos, ésa es su previsión. Otra cosa será lo que el destino le tenga preparado.

–En junio de 2013 accedió a la presidencia del Tribunal Constitucional, y dentro de apenas 23 días vence su mandato como magistrado. ¿De qué se siente más satisfecho?

–Al margen del objetivo principal que ha sido siempre procurar que el Tribunal no se fracturase y que nuestras resoluciones se adoptasen por amplias mayorías o unanimidad, hay dos objetivos que me propuse al llegar y sobre cuyos resultados estoy satisfecho: optimizar el uso de las nuevas tecnologías y reducir los tiempos de respuesta a los ciudadanos, que son los titulares de los derechos por los que debemos velar. En estos tres años hemos avanzado mucho en esa línea. El Tribunal se ha puesto casi al día en el recurso de amparo, ha reducido notablemente el número de asuntos pendientes y acabamos de estrenar una estupenda web, una aplicación para móviles y estamos a punto de poner en marcha el registro electrónico. Obviamente, estos logros no habrían sido posibles sin el esfuerzo de todos quienes trabajan en la Institución, a quienes quiero expresar mi agradecimiento.

– ¿Con qué frustración dejará el Alto Tribunal?

–Entre los asuntos que ha visto el Tribunal en estos tres años, ocupan un lugar destacado, como es bien sabido, los relacionados con Cataluña. Si usted relee nuestras resoluciones se dará cuenta que el Tribunal que ha hecho un gran esfuerzo para que sus resoluciones se adoptasen por unanimidad, siempre ha dejado abierta una puerta, ha señalado un camino para la solución política de los problemas que se le han planteado: llamando a la negociación política, señalando la vía de la reforma Constitucional, haciendo interpretaciones de conformidad con la Constitución… Creo interpretar el sentir del Tribunal si le digo que nos hubiera gustado que esas vías no se hubieran ignorado, porque ello hubiera contribuido a reducir el nivel de conflictividad y a desjudicializarlo.

–La Constitución va camino de cumplir 40 años, sin sufrir apenas reformas (sólo para permitir el voto de ciudadanos de determinados países de la UE en las elecciones locales y fijar el tope de déficit). ¿Qué ha supuesto la Carta Magna para España?

–La Constitución de 1978 ha sido y creo que es un marco eficaz de integración política y de convivencia. Gracias a ella, España goza de un nivel de respeto a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos insólito en nuestra historia política; tiene un sistema político estable que ha permitido la alternancia en el gobierno y un Estado descentralizado, comparable a los estados federales, que ha dotado a las nacionalidades y regiones que lo integran de muy importantes niveles de autogobierno

–¿Ha llegado la hora de abordar la reforma?

–He sido, creo, uno de los primeros que se han manifestado a favor de la reforma de la Constitución. Hace ahora exactamente dos años publiqué un artículo en el que señalaba que en la vida lo que se quiere conservar hay que reformarlo, y que reformar la Constitución es una forma de cumplirla. Sigo pensando lo mismo, creo que reformar la Constitución es la mejor forma de garantizar su perdurabilidad y eficacia y renovar el consenso social que la legitima. Dicho esto, permítame que haga una llamada a la prudencia. A la hora de abordar las reformas legales y, desde luego, las constitucionales conviene evitar el «pensamiento mágico» y ser conscientes de que la capacidad de las normas de conformar y transformar la realidad es siempre limitada.

– ¿Qué apartados se deberían abordar en esa reforma?

– Lo primero que debiera hacerse al abordar la reforma constitucional es una selección rigurosa de aquellos aspectos que la requieren evitando, desde luego, la impugnación general del texto vigente, pues son muchos los aspectos –la inmensa mayoría– en los que funciona adecuadamente. De otra parte, pretender constitucionalizarlo todo es una manifestación de incultura constitucional, aquellas reformas que son hacederas a través de la ley deben hacerse sin tocar la Constitución. A mi juicio, y lo he apuntado en numerosas ocasiones, la reflexión debería centrarse en el Título VIII, que pergeñó un modelo de Estado abierto y en buena medida indeterminado que ha resultado problemático. Basta ver, para comprobarlo, la conflictividad territorial que ha acompañado su desarrollo.

–¿Existe el clima político/social adecuado para llevarla adelante?

–La reforma de la Constitución debiera ser el resultado de un debate sosegado y de una amplia negociación política; y, en la medida de lo posible, sería bueno intentar repetir los consensos de 1978, que hicieron del texto vigente una Constitución de todos. Hoy contamos con una importante ventaja respecto a aquella época: tenemos una constitución vigente que, con sus defectos, cumple bien su función. Con esto quiero decir que sería bueno plantear la reforma, pero sin premuras.

–A sensu contrario, ¿qué aspectos no deberían modificarse en ningún caso, en su opinión, de la Constitución?

–Como le apuntaba, la eventual reforma no debiera afectar a aquellos aspectos en los que la Constitución funciona adecuadamente. Tal es el caso, por ejemplo, de nuestro sistema de protección de derechos y libertades, que ha sido objeto de elogio por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. España, no se olvide, es uno de los países signatarios del Convenio de Roma que menos condenas padece de esa Corte.

–¿Habría que clarificar de una vez las competencias del Estado y las comunidades autónomas? ¿En qué sentido?

–Creo que sí. No me atrevo a decir de qué manera, pero sí a apuntar que el sistema de distribución de competencias debería orientarse hacia la búsqueda de una mayor eficiencia de los poderes públicos, lo que redundaría a favor de los ciudadanos. En otras palabras, no se trataría de dotar, porque sí, al Estado o a las CC AA de más competencias, sino de diseñar un sistema que atribuya dichas competencias a quien realmente pueda desempeñarlas de forma más eficaz.

–Ir hacia un Estado federal, como proponen algunos, ¿solucionaría o pondría fin a las fricciones territoriales, como los problemas que existen con Cataluña?

– No me corresponde a mí decir cuál ha de ser el concreto modelo territorial del Estado…

– Desde algunos sectores se sostiene que la sentencia del TC sobre el Estatut de Cataluña ha sido la «culpable» en buena parte de todo lo que está sucediendo con esta comunidad autónoma. ¿Está de acuerdo?

–Creo que la sentencia sobre el Estatut, como ha dicho de forma reiterada el presidente emérito Sala, no ha sido leída con inteligencia y desapasionamiento. Es más, me atrevería a decir que ha sido descalificada sin una previa y mesurada lectura. A la vista de algunas opiniones, pareciera que el TC declaró inconstitucional todo el Estatut, hasta el punto de hacer políticamente inviable el desarrollo estatutario. Eso no es así. La declaración de inconstitucionalidad fue muy limitada y creo que el Estatut, leído con inteligencia y pragmatismo, sigue siendo un marco útil para satisfacer las aspiraciones de autogobierno.

– También se critica, desde algunos sectores, que el TC está teniendo una mirada «muy antiautonómica» . ¿Es cierto?

–Las sentencias, como no puede ser de otra manera, están sometidas a la crítica de la opinión pública, que yo respeto. Se da la paradoja, supongo que inevitable, de que cuando una comunidad autónoma obtiene del Tribunal Constitucional una sentencia favorable a su competencia no suele hacer declaraciones al respecto, por contra, cuando el Tribunal falla a favor de la competencia estatal, a menudo se utilizan en nuestra contra adjetivos gruesos. En todo caso, le diré que el Tribunal tiene constitucionalmente encomendado velar por el cumplimiento y respeto de la Constitución, y eso es lo que trata de hacer en cada una de sus resoluciones.

– En esa misma línea se sostiene hay que buscar un nuevo «encaje» a Cataluña dentro de España. Cuando oye estas manifestaciones, le parecen…

–Mire, yo creo que estamos ante un conflicto político que debe ser resuelto desde el respeto a la Constitución y la Ley y a través del diálogo político. Como ciudadano, creo que tenemos el derecho a exigir de nuestros responsables políticos lo uno y lo otro. El respeto a la Constitución y a la Ley es un fundamento mayor de cualquier sociedad democrática y un presupuesto inexcusable para que ese diálogo que muchos deseamos se materialice y fructifique.

–En su opinión, ¿el «derecho a decidir» debería estar contemplado en la Constitución?

–Entenderá que no debo pronunciarme sobre este asunto… Sí le puedo recordar lo que ya hemos dicho, precisamente en la línea que antes le señalaba de apuntar vías de solución. El Tribunal ha sostenido, haciendo gala, a mi juicio, de sensibilidad jurídica y política, que el «llamado derecho a decidir» constituye una aspiración política que puede defenderse en el marco de la Constitución. En otras palabras, el Tribunal ha puesto de manifiesto que la Constitución ampara el que alguien pueda defender la incorporación de ese pretendido derecho a la misma; pero ha recordado que para ello hay que reformar la Constitución respetando el procedimiento previsto al efecto en su Título X.

–Cambiando de tema. La pendencia de asuntos ha disminuido de forma importante en el TC, pese a lo cual la bolsa de asuntos que esperan resolución sigue siendo importante. ¿Hay que reformar la Ley para «filtrar» aún más los recursos ante el TC?

–En el Tribunal siguen entrando muchos asuntos. En 2015, ingresaron 7.369 recursos, de los que el 97,7 por ciento fueron de amparo. Si profundizamos en el análisis, veremos que en el 75 por ciento de esos amparos –es decir, en tres de cada cuatro– el derecho invocado es la tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitución) en sus distintas vertientes. ¿Esto qué significa? Pues que los operadores jurídicos siguen concibiendo el amparo como una casación universal. Por tanto, y respondo ya a su pregunta, quizás sería bueno reflexionar sobre ello e impulsar una reforma que, de una parte, refuerce la protección de los derechos que lleva a cabo la jurisdicción ordinaria, reformulando el incidente de nulidad de actuaciones, que ha funcionado mal, y, de otra, reforme el acceso al amparo, limitando aquellos supuestos en los que cabría formularlo por violación del art. 24 de la Constitución.

–Pese a que el tiempo medio de resolución de los recursos de amparo es de un año, hay otros recursos que llevan seis años esperando, como es el de la Ley del Aborto. ¿Por qué no se ha resuelto todavía este procedimiento?

–No le oculto que me gustaría que ese tema se hubiera resuelto ya. Pero también le digo que en los últimos tres años el Tribunal no lo ha hecho por responsabilidad institucional y prudencia. Me explico: en un primer momento, parecía que iba a impulsarse una reforma de la ley, razón por la que el Tribunal optó por no interferir en la tarea legislativa, que obviamente no nos corresponde. Después, prácticamente desde la primavera de 2015, se puede decir que España ha vivido en un periodo electoral permanente, y es una norma no escrita que, en esas circunstancias, el Tribunal evita pronunciarse sobre determinados asuntos que podrían perturbar la campaña. Y este, por su sensibilidad social y política, sería uno de ellos.

–¿Son justas las críticas que se hace a la Justicia, y por tanto, también al TC, de politización?

–No estoy convencido de que esa sea la imagen real que los ciudadanos tienen de la Justicia, sobre todo de quienes han podido tener una experiencia personal más directa. La selección de los Jueces se realiza en nuestro país a través de un sistema riguroso y objetivo de oposición, que respeta los principios de mérito y capacidad (art. 103 CE). Principios que no sólo garantizan su calidad técnica, que es incuestionable, sino que además aseguran su imparcialidad e independencia. Cosa bien distinta es que en algunos momentos se produzca una judicialización de la política, que puede llevar a los ciudadanos a la errónea impresión de que la Justicia está implicada en el proceso político, pero eso, como es obvio, en absoluto depende de los jueces.

–Entonces, ¿por qué se tiene esa percepción por los ciudadanos y que se reflejan en las encuestas?

–Resulta interesante conocer que, según datos extraídos del Eurobarómetro, hay países en los que el gobierno de los jueces está atribuido al Poder Ejecutivo y, pese a ello, los ciudadanos tienen en su mayoría la percepción de que la justicia es independiente. Ocurre, por ejemplo, en Finlandia, Suecia, Austria o Alemania. Por el contrario, hay otros países, como España, Italia o Portugal, en los que el gobierno del Poder Judicial se encomienda a un órgano ajeno al Ejecutivo y, sin embargo, la percepción sobre la independencia de la Justicia es más negativa. En el caso español, la crítica de la politización obedece en buena parte a una cierta confusión acerca de la naturaleza del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, pese a que ni el TC forma parte del poder judicial ni el CGPJ ejerce funciones jurisdiccionales. Se trata de órganos constitucionales cuyos miembros son elegidos con intervención de otros poderes del Estado, lo cual los dota de mayor legitimidad democrática para cumplir su función. Pero que el Congreso, el Senado o el Gobierno sean órganos políticos no permite entender que el TC lo sea.

–¿Cómo se podría evitar esa imagen de politización?

–Nuestra imagen depende en buena medida de ustedes y quizás debiéramos jueces y periodistas trabajar juntos al respecto para evitar que al ciudadano le lleguen imágenes distorsionadas o erróneas de la realidad. Estoy persuadido de que si los ciudadanos tuvieran una imagen fidedigna del funcionamiento de la Justicia en general y del Tribunal Constitucional en particular, su opinión sobre éstas instituciones mejoraría. En todo caso, creo que la imagen del Tribunal Constitucional durante estos años lo ha hecho.

–¿Qué le parece que se hable de magistrados «conservadores» o «progresistas»?

–Creo que es una etiqueta que no responde a la realidad. En primer lugar, porque los magistrados constitucionales toman sus decisiones de manera individual. Por otra parte, hay que recordar que el constituyente quiso que en la designación de los magistrados intervengan el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, estando este último obligado a elegir a los candidatos por mayoría de tres quintos. Es decir, de forma consensuada por las fuerzas políticas con representación parlamentaria. El cumplimiento estricto de este mandato constitucional es imprescindible para evitar tanto la imagen de politización del tribunal como el uso de etiquetas para clasificar a los magistrados. También contribuye a este propósito que las decisiones se adopten, como tratamos de hacer día a día, por consenso o por amplia mayoría.

–¿Sería positivo que los magistrados designados lo fuesen indefinidamente, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos?

–En mi opinión, no. El nombramiento vitalicio de los magistrados petrifica la institución, merma las posibilidades de que ésta se adapte a los cambios políticos, sociales y culturales, lo que indudablemente va a repercutir sobre su doctrina. Creo que la opción de la Constitución española de un mandato largo es la más sensata.

–¿Le parece bien que dos de los magistrados los designe directamente el Gobierno? ¿Se debería introducir algunos cambios en los nombramientos de los integrantes del TC?

–El sistema de elección diseñado por el constituyente fue consensuado por todas las fuerzas políticas. El Tribunal Constitucional es el único órgano constitucional cuyos miembros, como he dicho antes, son designados mediante un sistema en el que intervienen todos los demás órganos constitucionales; un procedimiento que, en palabras de Manuel García Pelayo tenía, entre otros objetivos, el de reforzar la dignidad del órgano y acentuar su significación integradora. Con esto quiero decir que el procedimiento, en sí, no es malo; es el mal uso el que puede pervertirlo.

–¿Qué planes tiene una vez deje el Tribunal?

–Soy catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense y allí me espera mi cátedra. La investigación jurídica y la docencia son mi vocación. No me he dedicado a otra cosa en mi vida antes de ser nombrado Magistrado del Tribunal Constitucional, por lo que mi idea es reincorporarme de inmediato. En cualquier caso, como jurista le diré que la experiencia de estos años ha sido interesantísima y apasionante. Mis alumnos van a poder beneficiarse de ella porque mis clases –estoy persuadido– van a ser mejores.



Fuente: La Razón

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