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El Parlament da luz verde para aprobar las leyes de “desconexión”

El Tribunal Constitucional (TC) no permitirá que el Parlamento de Cataluña apruebe de forma exprés la «desconexión» con España y, por tanto, la iniciativa soberanista carecerá de toda eficacia jurídica. La Cámara catalana, o mejor dicho los grupos independentistas, pretenden, en todo caso, esquivar determinados trámites parlamentarios para impedir una acción inmediata de la Abogacía del Estado.

La estrategia parlamentaria de los soberanistas consiste en intentar una tramitación de la ley de desconexión (ley de transitoriedad jurídica) mediante la vía de urgencia. De esta manera se ahorrarían pasos como el debate a la totalidad en el Parlament, que abren mucho espacio para la intervención del TC.

El problema es que los grupos parlamentarios no tienen la capacidad de invocar el trámite de urgencia (reservado al Govern) y, para lograrlo, pretenden reformar el Reglamento del Parlament. Y en eso están los soberanistas. Ayer mismo, la Mesa del Parlament admitió a trámite la petición de Junts pel Sí para crear una ponencia conjunta –condición imprescindible para activar la reforma del Reglamento– con el propósito de poder acelerar, a continuación, la ley de desconexión.

La Mesa, con mayoría de Junts pel Sí, no sólo admitió a trámite la petición del grupo que apoya al Govern, sino que también rechazó la petición de reconsideración de los grupos de la oposición (Ciutadans, PSC, Catalunya Sí que es Pot –la marca de Podemos e ICV– y el PP) para impedir una ponencia conjunta con la que no están de acuerdo.

A la vista de que Junts pel Sí va a la suya, los grupos de la oposición advirtieron de que no participarán en la ponencia conjunta para reformar el Reglamento, ya que no comparten ni la forma ni el fondo de la iniciativa. La oposición espera que este plantón sea suficiente para que decaiga la ponencia conjunta, pero en caso de que no lo sea endurecerán su estrategia presentando un recurso de amparo al TC. Falta por ver si los grupos de la oposición podrían unirse para presentar uno conjunto o, si bien, lo harán por separado.

Tras la admisión a trámite de la petición de Junts pel Sí para crear la ponencia conjunta y reformar el Reglamento, ahora el balón está sobre el tejado de la Junta de Portavoces (también con mayoría de Junts pel Sí), que es el órgano encargado de impulsar ahora la reforma pretendida.

Una vez que se presente el mencionado recurso de amparo ante el TC, los magistrados podrían reunirse incluso el mismo día para su admisión a trámite, que fue exactamente lo que sucedió respecto al que interpusieron PP, PSC y Ciudadanos cuando la Mesa del Parlament decidió que se votase una propuesta independentista. Sin embargo, esa admisión a trámite no suspenderá ipso facto el contenido de la reforma del reglamento de la Cámara autonómica, ya que la misma debe adoptarse, en su caso, cuando el Alto Tribunal se pronuncie sobre el fondo.

Hasta entonces, deberán seguirse unos trámites de obligado cumplimiento. Así, el tribunal deberá dar traslado a los recurridos, abogacía del Estado y Ministerio Fiscal para que se pronuncien sobre el fondo del recurso interpuesto. El plazo habitual es de 20 días, pero según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas, en procedimientos «especiales», como podría ser éste, se puede reducir de forma sustancial. De esa forma, contaría con las alegaciones e informes de todas las partes a los pocos días de la admisión a trámite.

Ello conllevaría a que en un plazo muy breve, los magistrados del Tribunal Constitucional se pronuncien sobre fondo, donde, previsiblemente, aceptarán el recurso y anularán la reforma con la que los independentistas pretenden una «desconexión exprés» de España, al margen de los procedimientos de una reforma constitucional. Sería en este punto donde quedaría suspendida de raíz cualquier iniciativa tendente a esos objetivos de Junts pel Sí. Esta decisión, según las citadas fuentes, se adoptaría en un plazo donde los impulsores de esa iniciativa no tendrían tiempo material de llevar a cabo sus anunciadas pretensiones secesionistas.

En el intervalo entre la admisión a trámite y la resolución sobre el fondo del recurso, podrían continuar adoptando decisiones sin incurrir en responsabilidad de ningún tipo. Sin embargo, el panorama cambia sustancialmente desde el momento en que haya un fallo del TC, ya que a partir de entonces cualquier acto, proposición u otro tipo de iniciativa tendente a «romper» España sí daría lugar a que se pueda actuar penalmente contra los responsables por un delito de desobediencia a una resolución judicial.



Fuente: La Razón

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