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El Supremo acusa a la Justicia belga de «falta de compromiso» con España

El Tribunal Supremo ha acusado este miércoles a la Justicia belga de «ausencia de compromiso con la colaboración judicial» al rechazar la entrega de los exconsejeros catalanes huidos Meritxell Serret, Toni Comín y Lluís Puig por un defecto de forma en las euroordenes emitidas y asegura que sólo el «desconocimiento» del orden jurídico español permite obviar el auto de procesamiento del pasado 21 de marzo en el que se motiva los hechos por los que son acusados del delito de rebelión.

Fuentes de la misma sala han reaccionado a la decisión adoptada por la Cámara del Consejo –el tribunal belga de primera instancia– este miércoles y afirman que no se comparte la motivación por la que se deniega la entrega de los exconsejeros. Esto “podría interpretarse como una ausencia de compromiso con prestar la colaboración judicial peticionada”, destacan, según recoge Europa Press.

Comín, Serret y Puig han comparecido hoy ante el juez de instrucción belga que estudiaba las euroórdenes de detención contra ellos emitidas por el Tribunal Supremo. La audiencia comenzó hoy poco después de las 09.00 hora local (07.00 GMT). Los exconsellers llegaron a la Cámara del Consejo de Bruselas (tribunal de primera instancia) acompañados de sus abogados y no han hecho declaraciones a los medios.

A la entrada del Palacio de Justicia les esperaban para mostrarles su apoyo los eurodiputados independentistas catalanes de ERC Jordi Solé y Josep Maria Terricabras, así como el del PDeCAT Ramon Tremosa.

La vista para estudiar las órdenes de entrega se ha celebrado hoy después de que el juez decidiese aplazarla el pasado 18 de abril a petición de la Fiscalía de Bruselas, que solicitó a las autoridades españolas más información para poder tratar las nuevas euroórdenes emitidas por el Tribunal Supremo. No precisó, sin embargo, qué datos requería.

Toni Comín está procesado por un delito de rebelión y otro de malversación de caudales públicos, mientras que sobre Puig y Serret pesan acusaciones de desobediencia y malversación de caudales públicos.

Según el procedimiento que rige las euroórdenes (que permiten la ejecución simplificada de mandatos de arresto de un país de la Unión Europea por parte de otro), una vez se celebre la audiencia sobre la petición de extradición ante el tribunal de primera instancia de Bruselas, el juez tendrá quince días para decidir si les extradita o no.

Contra esa decisión cabe recurso ante el Tribunal de Apelación y, después, ante la Corte de Casación, que tendrán ambos quince días para decidir.

El procedimiento de las euroórdenes establece que los países disponen de un total 60 días a partir de la detención de las personas buscadas para decidir sobre su entrega, plazo que puede ampliarse a 90 días en circunstancias excepcionales.



Fuente: La Razón

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