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El Tribunal Supremo prevé procesar por rebelión al ex Govern, «los Jordis» y Carme Forcadell

El juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena procesará por rebelión a Carles Puigdemont y a los trece ex consejeros que formaban parte de su Govern, a los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, «los Jordis», a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y a la secretaria general de ERC Marta Rovira. La decisión del magistrado, que según fuentes jurídicas se acordará a final de mes o principios de abril, no incluirá por ahora al resto de investigados, cuyo papel en el proceso independentista se considera de menor relevancia (entre ellos la fugada Anna Gabriel, la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras, la coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal y los ex miembros de la Mesa del Parlament), que serán procesados en una segunda fase. Esas mismas fuentes apuntan que el ex presidente de la Generalitat Artur Mas, también imputado en esta causa, no sería finalmente procesado al no existir contra él indicios de suficiente entidad penal sobre su papel en el «procés», pese a ser uno de los integrantes del comité estratégico que impulsó la hoja de ruta independentista.

De esta forma, Llarena descartaría finalmente procesar a los responsables del desafío soberanista por conspiración para la rebelión (que acarrea una sensible reducción de penas) o sedición (en la que no se exige un comportamiento violento, sino meramente «tumultuario» y que conlleva una condena máxima de 25 años de prisión en lugar de los 30 que lleva aparejados el delito de rebelión).

La resolución del instructor, que deberá confirmarse posteriormente por la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, pondrá en marcha la cuenta atrás para la celebración del primer juicio a los responsables del proceso independentista (la Audiencia Nacional investiga paralelamente por sedición al ex mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero y a otros tres antiguos integrantes de la cúpula de la Policía autonómica), que se celebraría en la recta final del año.

Si Puigdemont y los cuatro ex consellers huidos a Bélgica –Antoni Comin, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí, esta última ahora en Escocia– continúan para entonces fuera del alcance de la Justicia española (lo que, sin embargo, no evitará su procesamiento), finalmente se sentarán en el banquillo el ex vicepresidente Oriol Junqueras (en prisión desde el pasado 2 de noviembre), y los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Joaquim Forn (también encarcelado), Carles Mundó, Dolors Bassa y Santi Vila; «los Jordis» y Rovira, a la que también se sitúa como integrante del comité estratégico y que fue imputada por el juez el pasado 22 de diciembre.

Tanto Puigdemont como Junqueras, Forcadell, Sánchez, Cuixart y Rovira formaban igualmente parte del comité estratégico encargado de llevar adelante la hoja de ruta plasmada en el documento Enfocats, incautado a Josep Maria Llové el pasado 20 de septiembre durante el accidentado registro de la sede de la Consejería de Economía. Los investigadores también sitúan en ese organismo a Gabriel, Mireia Boya, Lloveras y Pascal, pero con un papel no tan esencial.

Entre estos procesados no estará, según las fuentes consultadas, Trapero, que seguirá investigado por dos delitos de sedición por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela pese a que la Fiscalía del Supremo solicitó el pasado diciembre a Llarena su incorporación a la causa, así como la del ex número dos de Junqueras en Economía, Josep Maria Llové, imputado por el 1-O en un juzgado de Barcelona.

Inmediata inhabilitación

La previsible confirmación del auto de procesamiento por parte de la Sala de Apelaciones (tras los correspondientes recursos de las defensas) acarreará, además, la inmediata inhabilitación de los investigados en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que cerrará la puerta a Puigdemont al Parlamento europeo.

Llarena está a la espera de recibir el informe de la Guardia Civil que ponga cifras al desembolso de dinero público en la organización del 1-O, clave para apuntalar la posible comisión de un delito de malversación (que quedaría subsumido en el de rebelión). Hasta ahora, el Instituto Armado ha cifrado en 1,5 millones de euros el desembolso en publicidad, tarjetas censales y composición de las mesas electorales, una cantidad que podría incrementarse notablemente según las fuentes consultadas.

Esa acusación por rebelión –que defenderán en sus conclusiones provisionales tanto la Fiscalía como VOX– hará que los procesados se enfrenten a peticiones de condena de hasta 30 años de prisión. El artículo 472 considera reos de rebelión a los que «se alzaren violenta y públicamente» para, entre otros objetivos, «declarar la independencia de una parte del territorio nacional». En caso de que se hayan «distraído los caudales públicos», las penas pueden llegar a los 30 años de cárcel para los promotores de la secesión.



Fuente: La Razón

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