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Elvira Rodríguez: una mujer de Estado

En octubre, al cesar como presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez (Madrid, 1949) mostró su deseo de tomarse “al menos tres meses sabáticos”. Es lo que ha durado su descanso, pues aunque regresó al organismo como colaboradora “no retribuida”, no fue hasta la semana pasada cuando se conoció su destino: presidenta de Tragsa (Empresa de Transformación Agraria), compañía pública que se dedica a las obras y servicios de desarrollo rural, conservación medioambiental y actuaciones de emergencia.

Eran muchas las opciones que se barajaban para esta mujer –esposa de un inglés y con cuatro hijos–, aunque su etapa en la CNMV le imponía numerosas incompatibilidades durante dos años: no podía trabajar para cotizadas a las que pudiera beneficiar por su pasado en el regulador. Entre las candidatas se encontraba la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pero el ente público posee paquetes accionariales de firmas privadas como Indra, IAG, REE o Enagás.

Finalmente, el día 27, se dio a conocer su futuro como presidenta de Tragsa, cuyo principal propietario, con un 51{fe2702e425ec7488a194966976621fc3ee0e72237fe4d352f4f561176a6de497} de las acciones, es la SEPI. Asumirá el cargo en un mes, tras la junta de accionistas, aunque hasta entonces será consejera de la compañía y, según asegura, ya está estudiando a fondo las cuentas. Con este nuevo puesto, Rodríguez regresa a un área con la que ya estuvo muy relacionada durante su periodo (2003-2004) como ministra de Medio Ambiente del Gobierno de José María Aznar.

No obstante, esta madrileña, que afirma que su “vocación es el servicio público”, ha desarrollado otros muchos cargos en la Administración tras licenciarse en Ciencias Económicas y Comerciales en la Universidad Complutense de Madrid y aprobar la oposición de interventora de Hacienda: jefa de la sección fiscal de la Delegación de Hacienda de Sevilla; jefa de contabilidad de la Dirección General del Tesoro y Presupuestos; subdirectora de la Intervención General de la Seguridad Social; subdirectora técnica del Tribunal de Cuentas; directora general de Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda, y secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda.

Fue entonces cuando Aznar la nombró ministra de Medio Ambiente, aunque solo desempeñó el puesto durante un año. Entre sus retos estuvo acabar con las secuelas de la catástrofe del Prestige en Galicia (hundido en noviembre 2002). Unos daños que a Rodríguez le tocaban muy de cerca, pues se siente madrigallega. A pesar de haber nacido en Madrid el 15 de mayo, día de su patrón, san Isidro, se considera gallega por las raíces de su familia. Los de esta comunidad también la aprecian: la Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (Aegama) le otorgó el Premio Victoriano Reinoso, una distinción entregada siempre a compañías privadas y que en esa ocasión fue a manos de la Administración.

A partir de 2006, sus cargos públicos estuvieron vinculados a la Comunidad de Madrid: consejera de Transportes, presidenta y diputada de la Asamblea de Madrid y senadora en representación de la comunidad. Por último, antes de convertirse en la segunda mujer, tras Pilar Valiente, en situarse al frente de la CNMV, fue diputada nacional del Congreso de los Diputados y presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad entre 2011 y 2012.

El 6 de octubre de 2012, Rodríguez, cercana al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue designada presidenta del organismo regulador. Su objetivo era situar a la CNMV en el mapa y durante su mandato, del que destacan su “gran compromiso”, consiguió una gran autonomía no lograda por sus predecesores, pese a sus intensos esfuerzos: el regulador puede imponer sanciones muy graves que antes dependían directamente de la cartera de Economía; se han solventado los problemas relacionados con la capacidad para actuar del organismo, pues ya puede contar con la colaboración de auditores de cuentas, consultores y otros expertos independientes, y se ha incrementado su capacidad normativa, ya que puede elaborar guías técnicas y exigir a los supervisados que las cumplan, entre otras reformas.

El pasado 6 de octubre, Rodríguez y la vicepresidenta de la CNMV, Lourdes Centeno, fueron apartadas de sus puestos, pues la ley establece que el mandato solo dura cuatro años. No obstante, el temor a dejar al organismo sin una cúpula directiva (el Gobierno, entonces en funciones, no podía designar cargos públicos) hizo que la CNMV las fichara como colaboradoras para “asesorar en materias relacionadas con el mercado”.

Amante de la novela negra y jugadora habitual de mus, Rodríguez tendrá que dejar a un lado sus aficiones para ocuparse de Tragsa, una entidad con 11.000 empleados y que en 2013 llevó a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a 555 personas, aunque inicialmente se dirigía a 1.336. Ahora, los partidos de la oposición reclaman al Gobierno un plan de recontratación que dé prioridad a los despedidos. Como ya hizo en la CNMV, según quienes la conocen, la madrileña se comprometerá y hará suyos los problemas de la compañía.

Fuente: Cinco días

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