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Gas Natural ultima un arbitraje tras la expropiación de su filial colombiaba

TTal como temían los responsables de Gas Natural Fenosa, a la vista de las duras negociaciones mantenidas con el Gobierno colombiano, la Superintendencia de Servicios Públicos del país ordenó ayer “la liquidación” de la distribuidora y comercializadora Electrificadora del Caribe (Electricaribe), controlada en un 85% por la energética española y que llevaba desde noviembre bajo intervención estatal.

 Aunque se hace referencia a una liquidación, se trata en realidad de una toma de control o expropiación tras la intervención decretada el pasado noviembre, cuyo plazo terminaba hoy. De hecho, el Gobierno que preside Juan Manuel Santos seguirá gestionándola hasta encontrar un nuevo operador para la compañía, que designará a través de un futuro concurso.

Según una nota de prensa remitida por el superintendente, José Miguel Mendoza, se ha ordenado la “liquidación” de la empresa tras cuatro meses de intervención. El organismo “tomó posesión de los bienes, haberes y negocios” de la filial del grupo español “para hacer frente a su crítica situación financiera y remediar la deficiente prestación del servicio a su cargo”.

En otro comunicado, Gas Natural lamentó la decisión e instó a una rectificación. Y aunque la energética mantiene su voluntad de seguir negociando con Colombia para alcanzar un acuerdo, dejó claro que, “dada la situación de hechos consumados, no le queda otra alternativa que acudir a una institución internacional para que resuelva la situación creada en la forma prevista en el Acuerdo de bilateral de protección recíproca de inversiones entre España y Colombia, vía que ha estado demorando hasta el momento voluntariamente”.

En otras palabras, Gas Natural ultima el arbitraje internacional ante el Ciadi (organismo del banco Mundial), cuyo primer paso dio en el mes de agosto. Ello no impide, según la empresa, mantener una línea abierta de diálogo, como acordaron en su reunión del lunes en Bogotá el presidente de Gas natural, Isidro Fainé, y Juan Manuel Santos.

Electricaribe tiene un valor contable de 475 millones, pero el justiprecio que Gas Natural reclamará “será muy superior”.

Un concurso

La Superintendencia colombiana reconoce que el objetivo no era mejorar la calidad del servicio, “lo que requeriría cuantiosas inversiones para remediar la obsolescencia de la actual red de distribución” de la compañía. Para ello -añade-, “se construyó un modelo financiero que ha permitido predecir, con un alto grado de precisión, los flujos de caja que generará Electricaribe en cinco años”. Y subraya que “la compañía no está en condiciones de prestar el servicio con la calidad y continuidad debidas”. Con la intervención, se evitó, en su opinión, “un racionamiento generalizado de energía” a los 2,5 millones de clientes, y se estabilizaron las finanzas con miras a mantener la prestación del servicio a su cargo”.

El Gobierno colombiano iniciará de inmediato “un proceso abierto y competitivo para encontrar un operador que asuma la prestación del servicio en la Costa Caribe. Mientras se otorga la concesión a otra compañía, Electricaribe seguirá siendo administrada por el agente especial designado. Un periodo transitorio “en el que se redoblarán los esfuerzos para mantener la calidad del servicio, a pesar del avanzado estado de deterioro de las redes de la compañía.

Según indican medios colombianos, el Gobierno de Santos deja la puerta abierta para dar marcha atrás al proceso si la energética española acepta capitalizar la compañía. Tras acumular 1.300 millones de euros de impagos, Gas Natural forzó la intervención al anunciar su decisión de instar un arbitraje internacional y congelar los pagos a las empresas generadoras (en Colombia, las distribuidoras recaudan de los clientes y están obligadas a pagar a la generadora, aunque no consigan cobrar).

En las negociaciones que ha mantenido este tiempo en Bogotá, el grupo que preside Isidro Fainé ha exigido seguridad jurídica y un control del fraude y los impagos, buena parte, de organismos públicos o que el Estado asumiese la factura.

Tras conocerse la decisión, el presidente del país, aseguró a través de Twiter que la expropiación de Electricaribe “es una decisión responsable”. Por su parte, el Gobierno español, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, “lamentó la decisión de Colombia”, que “no es acorde con la voluntad de diálogo mostrada por o la empresa ni su empeño de mejorar el servicio”.

 

Fuente: Cinco días

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