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Junqueras ejerce de “nuevo Pujol” y busca apoyos en Madrid

El líder de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha empezado a cultivar en la sombra un perfil más dialogante, negociador y hasta moderado del que ha acostumbrado hasta ahora a exhibir en público. En Barcelona se comenta su talante con los empresarios. Está teniendo contactos en todos los sectores e incluso cuida también la relación con Madrid. Su gestión de la situación política está sirviendo para que en círculos catalanes se comente que está preparándose para ser una especie de nuevo Pujol, dentro de las diferencias políticas e ideológicas que le distancian del patriarca de Convergència. «Junqueras es pragmático, no renuncia a la independencia, pero es consciente de cuál es la realidad e intenta sacar la mejor ventaja para sus intereses», sentencian fuentes cercanas al líder de Esquerra. Él, por su parte, está manteniendo conversaciones a todos los niveles y ha dado también luz verde a la reunión con la vicepresidenta, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría. Moncloa mantiene una discreción absoluta sobre la interlocución con Junqueras y ni siquiera confirma cuándo se producirá el encuentro. Un silencio con el que buscan no entorpecer el diálogo con la Generalitat. Pero la previsión es que esta importante reunión pueda llegar a celebrarse después de la cumbre independentista, que ha convocado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para el próximo viernes bajo la presión de la CUP.

Aunque Puigdemont insista en que no hay alternativa al referéndum de autodeterminación, en medios políticos y empresariales confían en que una vez que se aprueben los Presupuestos del próximo ejercicio, la tensión se vaya rebajando. La impresión es que Cataluña va de nuevo a elecciones, posiblemente en otoño, ante el fracaso de la hoja de ruta secesionista.

Ese fracaso, por imposición de la realidad, daría margen a ERC para exigir la convocatoria electoral en la que los republicanos aspiran a conseguir una gran mayoría que les permita optar por otra fórmula de gobierno que excluya al partido de Artur Mas y de Puigdemont, por no ser ya necesario para la gobernabilidad. Un giro a la izquierda sin renunciar a la independencia.

Junqueras ha mantenido un discreto silencio en las últimas semanas con la excusa de la negociación de los Presupuestos con la CUP y de las conversaciones que mantienen con la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría. El líder de ERC necesita del fracaso de Puigdemont para cargarse de razones y pedir unas elecciones anticipadas, camufladas de constituyentes. De hecho, su número dos plantea como escenario que se aprueben las leyes de desconexión en el Parlament y, al mismo tiempo, se convoque el referéndum. La inviabilidad de este proyecto hace acariciar la idea de anticipadas a Junqueras, unos comicios que le servirían para hacerse con el mando del soberanismo porque el fracaso sería achacado al presidente Puigdemont.

Las fuerzas soberanistas afrontan desde una profunda desunión el proceso de cara a la celebración del referéndum independentista, que en teoría debe convocarse en septiembre de 2017. Hay que tener en cuenta que la imputación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la previsible imputación de los miembros de Junts pel Sí y Catalunya Sí que es Pot –marca de Pablo Iglesias y Ada Colau– ha servido para cerrar filas de cara a la cumbre que celebrarán el próximo viernes en el Parlament. A ella asistirán todas las fuerzas independentistas y una invitada de lujo: la alcaldesa de Barcelona. Pero ya el ultimo encuentro que mantuvieron acabó evidenciando solo la falta de un proyecto y de unos intereses comunes. Puigdemont está empeñado en implicar a Colau en el proceso porque sabe que sin ella es aún más difícil sostenerlo en el imaginario popular. Colau apoya la consulta, aunque no se declare independentista.

En cualquier caso, a pesar de esta tregua, las espadas están en todo lo alto en el mundo soberanista. La última bronca estuvo protagonizada por el consejero de Interior, Jordi Jané, por hacer actuar a los Mossos como Policía Judicial y detener a los cinco miembros de la CUP que no se presentaron en los juzgado, acusados de la quema de fotografías del Rey en la celebración del 11 de septiembre. La CUP se lanzó al cuello del consejero pidiendo su dimisión por considerar «inaceptables» sus actuaciones tanto en este episodio como en la denuncia que realizaron los Mossos el Día de la Diada. Las airadas críticas de la CUP fueron respondidas por Junts pel Sí renovando su confianza en Jané frente a las críticas por su escasa «pasión» independentista. No hay que olvidar que de él dependen los Mossos, una pieza clave en la celebración de la consulta.

También está en el ojo del huracán, Meritxell Borràs, consejera de Gobernación. Ambos consejeros, junto con el de Cultura, Santi Vila, han puesto sobre la mesa sus críticas al proceso y a la excesiva dependencia de la CUP. Tanto Interior como Gobernación deberían ser los promotores del referéndum. Pero, no lo son. Las dudas obligaron a Puigdemont a designar a Oriol Junqueras, vicepresidente del Gobierno catalán, como máximo responsable de la consulta secesionista.

Por si fuera poco, la alcaldesa de Sant Cugat y presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, ha removido también las turbias aguas del secesionismo al poner en tela de juicio, nada más y nada menos, que la propia celebración de la consulta independentista. Las palabras de Conesa fueron desmentidas inmediatamente por los dos líderes del separatismo: Junqueras y Puigdemont.

La última encuesta publicada por «El Periódico», que da al traste con las expectativas de la antigua Convergència en unas posibles elecciones anticipadas, obliga a Puigdemont a esforzarse sobremanera en conseguir el máximo consenso para celebrar la consulta. El objetivo del presidente catalán es que el referéndum haga de muro de contención para evitar unas elecciones. Y, para ello, necesita que voten también los no independentistas de Colau. Sería su gran coartada, descartado de entrada el apoyo de socialistas, populares y Ciudadanos.



Fuente: La Razón

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