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La CNMC pide más castigo para los directivos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quiere dejar atrás la actual Ley de Defensa de la Competencia, en vigor desde 2007. Para ello, el organismo ha comenzado una serie de consultas públicas y reuniones para abordar cambios de cara a una futura ley, según fuentes de la comisión.

El principal argumento que maneja la CNMC para abordar este cambio consiste en que el texto actual tiene diez años, un periodo en el que se han producido cambios regulatorios suficientes como para tener que actualizar la normativa, empezando por la creación del propio organismo, en 2013.

El nuevo texto buscará aclarar algunas de las medidas incluidas en el actual reglamento. Especialmente destaca la intención de concreción y mayor claridad para el sistema de sanciones ante las infracciones de la ley de competencia. En este sentido, las citadas fuentes argumentan que se quiere acabar con “la actual discrecionalidad” en las decisiones.

Pero más allá de aclarar las sanciones a las empresas, la CNMC quiere que la reforma se traduzca también en un aumento del castigo a los directivos de las empresas multadas. La actual ley incluyó por primera vez en España la capacidad de sancionar también a los responsables de las compañías acusadas de prácticas anticompetitivas, equiparándose a otros países europeos. Sin embargo, se impone un límite de 60.000 euros de sanción, un tope que el organismo regulador busca elevar para que haya un efecto disuasorio real.

Aunque estas sanciones existen desde 2007 no fue hasta el pasado ejercicio cuando comenzaron a aplicarse los castigos a los directivos. Fueron tres resoluciones que impusieron multas a 15 personas físicas, por un total de 147.150 euros. Estas sanciones se produjeron en su mayoría en el cártel a las empresas de pañales para personas mayores.

Actualización a las directivas

El organismo que preside José María Marín pretende, además, que la nueva ley incorpore cambios normativos que se han producido tanto a nivel nacional como comunitario desde 2007. En concreto, se quiere incluir la transposición de directivas como la de acciones por daños, aprobada en 2014 por las instituciones europeas, que facilita las demandas colectivas. Esta herramienta permitiría a los afectados por cárteles reclamar de forma conjunta.

A nivel nacional, la CNMC considera que en estos años se han realizado avances en las leyes de contratación con las administraciones públicas con el fin de dar mayor transparencia a estos procedimientos. El organismo considera que la adaptación de la ley de competencia a la de contratación pública ayudaría a reducir escándalos de corrupción.

El órgano regulador ha comenzado con la consulta y con reuniones con distintos sectores para trasladar las intenciones de la reforma del marco regulatorio. Una vez culminado este proceso trasladarán al Gobierno sus conclusiones. La CNMC reconoce que la actual ley, que entró en vigor durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó con consenso y se pretende lograr un gran acuerdo con el nuevo texto.

Fuente: Cinco días

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