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La Fiscalía abre la puerta a pedir fianza para los ex consellers si acatan la ley

De dos en dos y en furgón. Así serán trasladados hoy Oriol Junqueras, los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y los otros siete ex consellers en prisión desde los calabozos de la Audiencia Nacional hasta el Tribunal Supremo (TS), según los vaya requiriendo el magistrado Pablo Llarena, instructor de la «macrocausa» contra los impulsores del «procés». Sus defensas intentarán convencer al togado de que no existen motivos para mantener la orden de prisión incondicional acordada en su día por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Pero todos regresarán a prisión, al margen de la decisión final de Llarena, al concluir las comparecencias. En el mejor de los casos, si el magistrado acuerda su libertad (aunque se supedite al pago de una fianza) lo harán para recoger sus pertenencias y firmar una copia de la resolución judicial. Y si el instructor les impone una fianza pero les manda a prisión, también deberán volver al centro penitenciario hasta que consignen la cantidad fijada. Cabe incluso la posibilidad, según fuentes jurídicas, de que Llarena no acuerde decisión alguna tras las declaraciones de los investigados y aplace su decisión hasta la próxima semana.

Aunque la Fiscalía sigue firme en su intención de mantener su petición de prisión incondicional para los investigados, la decisión final dependerá de lo convincentes que se muestren los investigados en su compromiso, anticipado en algunos casos de forma ambigua en los escritos de sus defensas, de acatar la legalidad en su defensa del proyecto independentista.

Fuentes fiscales consultadas por LA RAZÓN abren la puerta a la posibilidad de solicitar medidas menos gravosas, como la prisión eludible bajo fianza (junto con las inevitables comparecencias periódicas en el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España) si el compromiso de cumplir la ley y someterse a la Constitución es sincero y no un mero ejercicio de retórica o una cantinela realizada por imperativo legal. «Evidentemente hay que escuchar lo que van a decir –explican–, porque en este caso los compromisos o acatamientos recogidos por sus defensas en los escritos no valen para nada. Por eso les cita el juez, por la importancia de los principios procesales de oralidad e inmediatez».

Esas mismas fuentes recuerdan que cuando la Fiscalía renunció a recurrir la fianza de 150.000 euros impuesta a Carme Forcadell por el propio Llarena (después de que el Ministerio Público solicitase su prisión incondicional) lo hizo asumiendo que el hecho de renunciar «a cualquier actuación fuera del marco constitucional excluye o minimiza» el riesgo de reiteración delictiva. Precisamente, reconocía, «el fundamento esencial» esgrimido por la Fiscalía para solicitar la prisión incondicional.



Fuente: La Razón

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