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La Fiscalía belga pide que se entregue a Puigdemont por rebelión y malversación

La Fiscalía belga se ha mostrado este viernes de acuerdo con la entrega a España del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y de los cuatro exconsejeros que le acompañan en la capital belga por todos los delitos que le imputa la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela –incluyendo los de rebelión y sedición– salvo el de prevaricación, según ha manifestado uno de los abogados de los cinco, Christophe Marchand.

“La Fiscalía ha pedido la ejecución de la orden europea salvo para un hecho, que es el de prevaricación tal y como se recoge en el mandato de detención español”, ha explicado el letrado, que forma parte del equipo de once abogados de los exmandatarios catalanes, al término de la primera audiencia ante la Cámara del Consejo de Bruselas (Tribunal de primera instancia).

El Ministerio Público ha considerado que el resto de delitos por los que España reclama a Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín encajan en el ordenamiento jurídico belga en las calificaciones penales de “coalición de funcionarios” y “malversación por funcionarios”, según ha adelantado la defensa de los requeridos.

Tras una audiencia que el letrado ha calificado de “serena”, y en la que se han escuchado únicamente los argumentos de la Fiscalía de Bruselas, tanto Puigdemont como los cuatro exconsejeros tendrán que volver al tribunal de primera instancia de Bruselas el próximo 4 de diciembre, cuando será el turno de los alegatos de sus defensas.

La sesión se ha celebrada a puerta cerrada y ha contado con la presencia de un intérprete español-neerlandés, ya que éste ha sido el idioma elegido por los acusados para la instrucción del caso, en detrimento del francés, la otra lengua oficial en Bruselas.

La vista ha comenzado en torno a las 14:00 horas y ha durado alrededor de una hora, cuando el equipo de abogados belgas de Puigdemont y sus exconsellers ha comparecido ante los medios, pasadas las 15:15 horas.

Tanto Puigdemont como Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín han eludido en todo el momento el contacto con la prensa. Los reclamados y su equipo de abogados han llegado al órgano judicial sin ser vistos por la gran parte de los periodistas que les aguardaban dentro del edificio que alberga este tribunal, que dispone de más de una decena de entradas.

Un fuerte dispositivo de seguridad situado en la puerta más próxima a la sala de vistas ha impedido a los informadores acercarse para poder ver llegar o salir a los exmandatarios catalanes.

Numerosos medios de comunicación internacionales se han desplazado hasta el lugar, un enorme edificio que puede verse desde distintos puntos de la ciudad y que alberga la Cámara del Consejo, tribunal de primera instancia, donde declararán los acusados.

La vista, que se ha desarrollado a puerta cerrada ante un único juez, ha tenido lugar en la Cámara del Consejo de Bruselas a las 14:00 hora local (13.00 GMT) y a ella han asistido los cinco acusados y sus abogados, así como un intérprete, pues la instrucción se ha desarrollado en neerlandés.

La Justicia española reclama por presuntos delitos de sedición, rebelión, malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación a Puigdemont y a sus exconsellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).

Todos ellos se encuentran en Bélgica desde el pasado 30 de octubre y en régimen de libertad vigilada desde el pasado domingo 5 de noviembre, a expensas de que se desarrolle el proceso sobre las citadas Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE).

Entre las restricciones a las que están sujetos los acusados se cuenta la prohibición de viajar al extranjero sin el permiso del juez de instrucción, la obligación de comunicar una dirección de residencia y la de asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.

Tras la vista, el juez podría tomar la decisión sobre las euroórdenes hoy mismo, aunque lo más probable es que tome esa decisión más adelante, dentro del plazo de 15 días del que dispone para ello.

La Fiscalía de Bruselas podría solicitar a España información adicional si considera que las euroórdenes están incompletas.

En ese sentido, el Ministerio Público belga ha pedido a la jueza de la Audiencia Nacional que reclama a los acusados, Carmen Lamela, información sobre el sistema penitenciario y judicial español.

Instituciones Penitenciarias envió ayer, jueves, un documento de quince páginas con fotografías de las celdas y respuestas detalladas a las catorce preguntas de la Fiscalía belga.

Una vez el juez de primera instancia decida sobre las euroórdenes en el citado plazo de quince días, tendrá que comunicárselo a los interesados en las 24 horas siguientes.

Si estos rechazan de nuevo su entrega a España, todavía podrían volver a recurrir la decisión ante una instancia superior, el Tribunal de Apelaciones, así como ante la Corte de Casación.

Todo ese proceso debería durar alrededor de 60 días, aunque podrían sumarse 30 días más por motivos excepcionales e incluso superarse ese plazo en algunos supuestos.

España no estará presente en todo el proceso como acusación particular y sólo hay dos partes, los acusados y la Fiscalía belga, aunque el Ministerio Público belga está en contacto con la Fiscalía española.

El entorno del expresidente catalán en Bélgica ha indicado que ni Puigdemont ni los exconsellers harán declaraciones a la prensa ni antes ni después de la vista, pero sí comparecerán ante los medios de comunicación sus abogados.

Éstos han hecho saber que basarán su defensa en el argumento de que los cinco acusados se someterían en España a un juicio político, no penal, y pondrán en duda que los delitos que se les atribuyen entren dentro de las 32 causas por las que se puede extraditar automáticamente a un ciudadano europeo de un Estado miembro a otro.

La Fiscalía también dará cuenta de la sesión a través de sus portavoces, según ha informado el Ministerio Público.

Efe



Fuente: La Razón

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