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La Fiscalía ordena a Trapero identificar a los responsables de los centros electorales

El fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ha dado instrucciones al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, para que sus agentes identifiquen a los responsables de los centros designados como colegios electorales para el referéndum del 1-O.

En una instrucción, Romero de Tejada ordena a Trapero que los Mossos se personen en los centros educativos o administrativos que harían las funciones de colegio electoral en la consulta del 1 de octubre, suspendido por el Constitucional, para identificar a sus responsables y tomarles declaración como testigos.

El fiscal superior afirma en la instrucción que muchos son institutos u otros centros de enseñanza y añade que, “según aseguran distintas fuentes del ámbito educativo -entre ellas, CC.OO.-, el área de Servicios Territoriales, dependiente del Departamento de Enseñanza de la Generalitat, ha contactado con la dirección de los centros”.

En ese supuesto contacto de la Generalitat con los centros que deberían servir de colegios electorales el 1 de octubre, el fiscal afirma que se les habría pedido que introdujeran las llaves y la contraseña de la alarma de seguridad de los edificios dentro de un sobre que deberían depositar en una de las diez oficinas de los Servicios Territoriales repartidas por Cataluña.

Esa entrega se realizaría, dice la instrucción, el próximo viernes, dos días antes de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional, y a cambio se les entregaría un recibo.

Por ello, el fiscal catalán pide a Trapero que los Mossos, en funciones de policía judicial, se personen “inmediatamente” en estos centros para identificar a sus responsables e interrogarles, en calidad de testigos, sobre si han recibido alguna comunicación de la Generalitat solicitÁndo su colaboración en el referéndum.

En caso afirmativo, prosigue el fiscal, los responsables deberán entregarles la documentación que posean sobre estos hechos, como sería la comunicación de su designación como colegio electoral, instrucciones de actuación, personas de contacto para incidencias o petición de que entreguen las llaves.

En el caso de que la comunicación que hayan recibido sea oral, les pedirán que identifiquen a su interlocutor y, si poseen ya algún tipo de material electoral como papeletas, urnas, listados de votantes u ordenadores, se requisará inmediatamente.

Los agentes deberán además advertir a los responsable de los centros que “la entrega de llaves o claves de seguridad a cualquier persona privada o pública, incluida la administración educativa, podrá ser considerada un acto de colaboración en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos“, este último penado con cárcel.

En el caso de que las llaves o las claves ya se hubieran dado por un duplicado o la Generalitat ya tuviera una copia de seguridad, los agentes les recordarán que deben impedir la apertura de los locales sin su autorización y denunciar “sin demora” la presencia en el centro de personas ajenas al mismo.

También se comunicará a los responsables que cualquier comunicación de la Generalitat garantizándoles que están eximidos de responsabilidad penal es “rotundamente falsa y sin fundamento legal”.

Finalmente, lo Mossos les advertirán de que “cualquier tipo de amenaza, coacción o presión para ceder el control del local por cualquier autoridad, funcionario o particular debe ser inmediatamente puesta en conocimiento de la Fiscalía, directamente o a través de los Mossos, [email protected] de que ejercite las acciones oportunas”.

Hecho esto, los agentes deberán remitir estas diligencias en forma de atestados a la fiscalía competente.

Efe



Fuente: La Razón

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