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La Fiscalía pide 12 años de cárcel para un coronel que vendía casas fingiendo que eran de Defensa

Doce años de prisión por “un delito continuado de estafa” y otro de “apropiación indebida”. Es la pena que solicita la Fiscalía Provincial de Madrid para Ramón Fernández de Usera, coronel retirado del Ejército, y para su hijo, acusados de estafar a tres ciudadanos vendiéndoles unas viviendas que, según les aseguraba, pertenecían al Ministerio de Defensa y tenían un precio más bajo del mercado. De esta forma, aprovechando sus supuestas buenas relaciones en el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS), fue pidiéndoles diferentes cantidades de dinero que, en total, alcanzaron los 440.594 euros, los cuales “incorporaron a su patrimonio”, tal y como refleja el escrito de calificación del fiscal.

Su primera actuación fue en 2004 y, aprovechando su condición de militar, ofreció a un particular adquirir tres casas en la misma calle, asegurando que representaba al INVIFAS. Según comentaron al comprador, las viviendas iban a quedar vacías con un precio inferior al de mercado, por lo que le entregaron un total de 144.273 euros en diferentes pagos. Un dinero que se quedaban “sin realizar ninguna gestión relativa a la adquisición de las viviendas”, pues “no tenían ninguna facultad de intermediación o mandato que les permitiese realizar estos hechos”, destaca el escrito.

Dos años después repitieron la operación con otro ciudadano que quería adquirir tres viviendas y que “para las necesarias consignaciones ante el ministerio”, les entregó 181.571 euros en varios pagos.

En su última actuación variaron un poco su plan y el coronel retirado aseguró al comprador que había sido arquitecto del Instituto. El hombre quería comprar una casa para su esposa que supuestamente había pertenecido a un alto mando militar, por lo que, en dos pagos, les entregó 114.750 euros.

Por todo ello, el fiscal considera que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa con abuso de la condición de funcionario público y de un delito continuado de apropiación indebida. Y pide para cada uno de los acusados un total de 12 años de cárcel, además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 6 años y una multa de 200 euros al día durante un año.



Fuente: La Razón

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