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La Fiscalía rechaza la querella contra la juez belga que admitió la demanda contra Llarena

La Fiscalía ha solicitado el archivo de las querellas presentadas por VOX contra la juez belga que admitió la demanda civil de Carles Puigdemont y cuatro ex consellers huidos contra el magistrado Pablo Llarena y la que presentó este partido político, secundada después por la Asociación Movimiento 24DOS, contra los querellantes y el abogado Gonzalo Boye por falsear supuestamente unas palabras de Llarena en la documentación aportada para sustentar su demanda. El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, concluye en su informe que la actuación de la magistrada belga Anne Dessy “no se compadece bajo ningún concepto” con ninguna de las características de los delitos que se le atribuyen en la denuncia.

VOX se querelló el pasado 28 de agosto contra la magistrada por los delitos de rebelión o sedición y contra la paz y la independencia de España al entender que la citación del juez Llarena constituye “una injerencia grosera, jurídicamente inadmisible y temeraria en la soberanía española”. Además, atribuía a la magistrada de Bruselas una “cooperación como cómplice” de la rebelión o sedición que se imputa a los líderes del proceso independentista, al “colaborar con la actitud golpista”.

Pero Carballo deja claro que en los hechos denunciados “no concurren las acciones de alzamiento violento y público” que exige el delito de rebelión ni el “alzamiento público y tumultuario” que requiere la sedición. “Los hechos no son en absoluto constitutivos de tales delitos”, subraya.

En cuanto al delito contra la paz y la independencia de España, la Fiscalía entiende que es “ciertamente inverosímil” y que debe rechazarse cualquier conducta “que no proceda de un gobierno extranjero” (al tratarse de una injerencia del poder ejecutivo de una nación en la soberanía del estado español) y, añade, “resulta indiscutible que dicho término jamás puede incluir al poder judicial”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional también se opone a la admisión a trámite de una querella posterior del mismo partido contra el ex president Carles Puigdemont, el abogado Gonzalo Boye y los ex consellers Meritxell Serret, Antoni Comin, Lluís Puig y Clara Ponsatí, en este caso por falsedad documental y estafa procesal por presentar “a sabiendas” ante la jurisdicción belga una traducción jurada “falseada” de las palabras de Llarena “como prueba justificativa” de la demanda civil contra el magistrado español. Con posterioridad, la Asociación Movimiento 24DOS presentó una querella contra los mismos denunciados, pero incluyendo también a la traductora de la demanda civil contra el instructor de la causa del “procés” por delitos de prevaricación, usurpación de funciones, falso testimonio y falsedad.

Para el fiscal Carballo tampoco cree que existan indicios de que los querellantes a los que se imputa haber presentado una traducción falsa de las palabras de Llarena hayan cometido un delito de falsedad documental al no tratarse de documentos públicos u oficiales. “Aunque admitiéramos como falsa la traducción”, insiste, “no concurre, en absoluto, la exigencia del dolo específico”, es decir, que lo hicieran “a sabiendas”, pues la traducción “fue rectificada incluso antes de que se citase” a Llarena, recuerda la Fiscalía, “lo cual denota más error que intención, sin que además haya tenido efecto procesal alguno”. Para el Ministerio Público “ciertamente sería increíble” que se hubiera hecho intencionadamente tratándose de unas declaraciones públicas del magistrado, con el objetivo de “presentar una traducción falsa que confundiese al tribunal belga”.


Fuente: La Razón

Sobre Ángel Porras

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