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La juez deja en libertad al ex director de los Mossos, pero le prohíbe salir de España

El ex director general de los Mossos Pere Soler y el que fuera número dos de la Conselleria de Interior, César Puig, han quedado en libertad tras declarar esta mañana ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que ha desestimado la petición de la Fiscalía de imponerles una fianza de 100.000 euros para evitar la prisión si no la pagaban en el plazo de diez días. El Ministerio Público ha justificado la medida cautelar en la existencia de riesgo de fuga y de reiteración delictiva. La magistrada que investiga a la ex cúpula de los Mossos por sedición por su papel en el proceso independentista sí ha prohibido a ambos salir de España y les obliga a entregar sus pasaportes y a comparecer cada 15 días en el juzgado más próximo a sus domicilios.

Según fuentes jurídicas, el teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, ha esgrimido la reciente fuga de la dirigente de la CUP Anna Gabriel y la insistencia de Junts Per Catalunya en “perpetuar el procés” con la investidura del líder soberanista Jordi Sánchez, en prisión desde el pasado 16 de octubre, y la designación de Carles Puigdemont, huido a Bélgica, como presidente de facto, “buscando espacios políticos libres en el exilio”.

Soler ha asumido, según esas mismas fuentes, la iniciativa de “revisar” las actas de los agentes desplegados el 1-O en un intento, según la Fiscalía, de manipularlas para evitar imputaciones a los mossos, “aparentando que se hizo más para evitar el referéndum”.

En sus comparecencias como investigados (que se han prolongado durante más de tres horas), tanto el ex director de la Policía autonómica como Puig han asegurado a Lamela -en relación a su papel el 1-O y durante los incidentes durante los registros en la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre- que entre sus cometidos no estaba dirigir los operativos policiales. Puig, de hecho, se ha escudado en que que por razón de su cargo su competencia se limitaba a cuestiones presupuestarias y técnicas, pero sin mando sobre los despliegues de las unidades. Mientras, Soler ha asegurado que se limitaba a transmitir sus opiniones a Josep Lluis Trapero -el entonces mayor de los Mossos también investigado en esta causa por dos delitos de sedición- y a los miembros del Govern.

La Fiscalía, sin embargo, ha defendido que Soler era “un mando de los Mossos y responsable político”, lo que le confiere un papel “especialmente relevante” en los hechos investigados. Además, Carballo ha asegurado que su defensa del referéndum ilegal “es pública” y que así se lo transmitió a Trapero “incitándole tácitamente al menos a no impedirlo, asumiendo que se iba a hacer”. Aunque formalmente, eso sí, no diera órdenes expresas de incumplir la orden judicial.

Pero dado que recibieron puntualmente las pautas de actuación de los mossos que formaban parte del operativo e informes de valoración de la situación, el teniente fiscal de la Audiencia considera que tanto Soler como Puig “debían saber lo que iba a ocurrir en los colegios el día de la votación y días antes”.

La Fiscalía también ha recordado a Lamela que el ex director general de los Mossos fue una de las autoridades expresamente requeridas por el Tribunal Constitucional (TC) para impedir la celebración del referéndum ilegal. Sin embargo, según ha expuesto el Ministerio Público “hizo más bien lo contrario”, llegando incluso a impulsar “campañas populares contra la Fiscalía”.



Fuente: La Razón

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