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La pista suiza: CH5408548010212210001

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga la cuenta bancaria suiza CH5408548010212210001 del Anglo Irish Bank al considerar que ha podido ser utilizada para recibir y transferir comisiones por la «trama del Canal», según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras de un caso que se lleva con absoluto secreto. Para ello, la Audiencia Nacional ha remitido a las autoridades helvéticas la correspondiente comisión rogatoria, con el fin de conocer quién o quiénes son los titulares de la citada cuenta, movimientos habidos en los últimos años, procedencia y destino de los mismos, etcétera.

El origen de las pesquisas sobre dicha cuenta fue la información facilitada por una fuente (cuya identidad se reserva), que aportó algunos detalles que apuntaban a que fue precisamente en ese depósito donde se recibió una comisión de 1,4 millones de euros por la concesión a OHL de la línea de tren Móstoles y Navalcarnero en 2007.

Según reconoció ante la Audiencia Nacional el empresario Adrián de la Joya, esa cantidad era en realidad para el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. El empresario habría actuado como intermediario hasta que tuvo conocimiento de que no se trataba de una operación comercial, sino que su destinatario era en realidad el director del Canal, Ildefonso de Miguel, uno de los hombres de confianza de González.

Los investigadores sospechan que Adrián de la Joya podría ser la persona encargada de controlar la cuenta, para posteriormente repartir esos fondos entre aquellos cargos públicos con capacidad de decidir o influir e las decisiones en su beneficio. De esta forma, si se verificara este extremo, esa cuenta sería la «receptora» donde se ingresaron la mayoría de las comisiones pagadas a los miembros de esta trama.

En esa primera aportación de datos faltaban algunos esenciales que fueron entregados por la misma persona con identidad no revelada a la UCO como referencias sobre la entidad en la que estaba residenciada la cuenta corriente (el banco Anglo Irish Bank), la numeración de la misma y el nombre de una sociedad panameña denominada Lauryn Group INC relacionada con el supuesto cobro de la comisión.

Se da la circunstancia que en la publicación del vídeo de espionaje que realizaron a Ignacio González en Colombia en abril de 2009 se podía leer en una de las transcripciones el nombre del citado banco suizo y de la sociedad Lauryn Group Inc, cuyos directivos renunciaron un mes después.

La pista sobre la cuenta suiza se complicó por una numeración errónea en la que se basó González para negar cualquier vinculación sobre el depósito helvético, hasta que se identificó correctamente y se determinó que estaba bajo control de Adrián De la Joya, que fue puesto en libertad la semana pasada sin medidas cautelares tras declarar por el supuesto pago de una comisión en la «operación Lezo». Sobre la existencia de una cuenta del ex presidente madrileño ahora encarcelado fue alertada Esperanza Aguirre en 2014 por el entonces alcalde de Leganés y hoy diputado autonómico Jesús Gómez.

En este momento, los investigadores de la UCO están a la espera de la contestación que den a las comisiones rogatorias que se han enviado a Suiza. En los últimos meses han realizado gestiones para tratar de determinar si el dinero cobrado en comisiones por la concesión de otras obras o el pago de sobornos a funcionarios para la concesión de licitaciones –en especial en algunos países de Iberoamérica como Panamá, Colombia o Haití– han pasado por la referida cuenta corriente.

La UCO tiene abiertas diferentes líneas de investigación bajo la dirección de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que han sufrido algunos retrasos por determinadas filtraciones «interesadas», pero que han recobrado el ritmo con el que quiere trabajar esta unidad para que los resultados se ajusten a lo que realmente ha ocurrido. Lo que tienen claro los agentes es que de lo investigado hasta el momento se deducen sólidos indicios de un desvío de fondos millonario–en gran medida aportados por el Canal de Isabel II–, lo que conlleva «un grave perjuicio económico a la Administración pública», según las citadas fuentes.

Sociedad opaca

De lo que se trata es de determinar de forma fehaciente quién o quiénes fueron los beneficiarios de este presunto desvío de fondos que se «monetizaron» a través de una mercantil panameña opaca que oculta la identidad de sus accionistas reales.

Tal y como adelantó LA RAZÓN, la UCO investiga también la red de testaferros que habría utilizado la «trama» para mover el dinero, en especial en Panamá, donde constituyeron una sociedad opaca denominada Sociedad de Aguas de América.


Fuente: La Razón

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