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La reforma del CGPJ no eliminará el control político

En plena polémica por el «reparto» de vocales del Consejo General del Poder Judicial, incluida la futura designación de Manuel Marchena como presidente, entre el Partido Popular y el PSOE, el Senado tiene previsto el próximo día 18 de diciembre debatir la Proposición de Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que, salvo giro inesperado y que se introduzcan enmiendas que sea aprobadas, consagrará la elección política de los consejeros del órgano del gobierno de los jueces y magistrados. Ese debate y votación de la reforma se podría incluso adelantar para hacerlo coincidir con la designación de los cuatro vocales que debe realizar la Cámara Alta por el turno de juristas, que fueron consensuados por los dos partidos citados y que registraron el lunes: Manuel Altava, Rosa Rubio Ramos, Pilar Fernández Pérez y Bernardo Fernández Pérez. Los dos primeros «avalados» por el PP y los otros dos por el PSOE.

Apuesta por la paridad

La redacción de la reforma legislativa no deja lugar a dudas de que los principales partidos, salvo que alguno decida enmendar el texto, de perpetuar un sistema que ha sido criticado de forma unánime por todas las asociaciones judiciales. En concreto, se modifica el artículo 567 de la LOPJ para establecer de forma taxativa: «Los veinte Vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designados por las Cortes Generales del modo establecido en la Constitución y en la presente Ley Orgánica, atendiendo al principio de presencia paritaria entre hombres y mujeres». Además de sellar la elección parlamentaria, se establece una novedad: la obligatoriedad de que el Consejo tenga en su composición el mismo número de mujeres que de hombres.

Esta Proposición de Ley fue presentada en el Congreso por el PP y contó con el aval del PSOE y de Podemos, y con la oposición frontal de Ciudadanos. La formación naranja siempre se ha opuesto a la elección parlamentaria de los vocales de extracción judicial (12 de los 20), y, de hecho, en sus propuestas siempre ha defendido que los mismos sean elegidos directamente por los jueces y magistrados.

El sistema actual, fruto del Pacto de Estado que suscribieron PP y PSOE, establece que tanto el Congreso como el Senado designarán a 6 vocales procedentes de la Carrera Judicial de una lista de 36 precandidatos votados o avalados previamente por los jueces y magistrados. El PP nunca se ha mostrado partidario de modificar el sistema actual de designación; mientras que, en cambio, el PSOE parece que ha modificado su criterio. Así, el pasado mes de febrero, en la subcomisión de Justicia del Congreso para el estudio de una Estrategia Nacional de Justicia, defendió mantener el sistema actual pero con la matización importante: que la elección final de los 12 vocales judiciales (los ocho por el turno de juristas nunca se ha cuestionado, toda vez que así se recoge taxativamente en la Constitución) la llevase a cabo una comisión de expertos de reconocido prestigio; pero también Pedro Sánchez, como se encargó el lunes de recordar Albert Rivera, se comprometió en 2014 a promover que el Consejo General del Poder Judicial no estuviera sometido al reparto entre partidos. «Mi compromiso: regenerar la vida democrática es hacer un CGPJ verdaderamente independiente del Gobierno». A la vista su actuación parece claro que ha cambiado de criterio y sólo resta si ratifica en el Senado la elección política de los vocales del Consejo.

Podemos, por su parte, se ha mostrado en contra del sistema actual, pero consideran que hasta que no lleve a cabo una reforma al respecto, el Poder Judicial debe representar todas las sensibilidades políticas representadas en el Congreso. En el Senado, la formación morada tiene la posibilidad de presentar una enmienda y dejar patente su postura.

Otra de las novedades de la reforma –introducida vía enmiendas a la proposición de reforma Parcial del Régimen de Permisos y Licencias– es el regreso a la exclusividad de todos los vocales y no sólo los que formaba parte de la Comisión Permanente, como sucede en la actualidad, por lo que no podrán ejercer ninguna otra función, sea o no judicial, pública o privada.

Precisamente, esta comisión pierde peso en sus funciones ya que, hasta ahora, tenía todas las competencias del Consejo excepto las que son del Pleno. Actualmente, el presidente del CGPJ tiene la facultad de proponer los vocales que la integraban y, además, las resoluciones de esa comisión no eran recurribles ante el Pleno. Ahora, con la reforma, todos los vocales formarán parte de la misma al menos durante un año, mientras que en la ley ahora vigente sólo se alude a que el presidente «procurará» que todos lleguen a integrarla en algún momento.

Peticiones como el amparo otorgado al juez Pablo Llanera ante la demanda de Puigdemont en Bélgica, la petición rechazada del próximo vocal José Ricardo de Prada de formar parte del tribunal que juzgará la supuesta «caja B» del PP o la solicitud, igualmente denegada, de éste de ser candidato por el turno de jueces, de estar en vigor la reforma, habrían sido resueltas por un Pleno «progresista» y no por la Comisión Permanente.


Fuente: La Razón

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