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La renovación del TC se retrasará al menos hasta finales de febrero

La designación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que debe realizar el Senado se prolongará al menos hasta finales del próximo mes de febrero, pese a que el mandato del actual presidente y vicepresidente, Francisco Pérez de los Cobos y Adela Asua, respectivamente, y del magistrado Luis Ortega vence precisamente hoy, y también lo hacía el del fallecido Francisco Hernando, pero su vacante fue cubierta por Ricardo Enríquez, a quien se le podría renovar siempre que no cumpliese los tres años en el tribunal, según aseguraron a LA RAZÓN fuentes jurídicas.

En un principio, la Cámara Alta se había dirigido a los parlamentos autonómicos para solicitarles que remitiesen sus propuestas de candidatos –cada uno de ellos debería remitir dos aspirantes antes del 19 de diciembre, es decir, diez días antes de que se agotase el plazo de los tres citados magistrados–. Sin embargo, una vez que se comprobó que era materialmente imposible que se cumpliese con ese plazo, entre otras razones porque así lo hicieron saber varias cámaras autonómicas, el Senado prorrogó hace semanas el plazo hasta el 13 de enero, la fecha límite para que presenten sus candidaturas. Pese a ello, tampoco es descartable que se vuelva a producir un nuevo alargamiento en el plazo, sino más bien todo lo contrario . «Si algún parlamento autonómico lo pide, se concedería», incidieron al respecto las fuentes consultadas.

De esta forma, las designaciones de los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional «será prácticamente imposible que se realice antes del finales del mes de febrero». Y ello, por la sencilla razón de que no se produciría de forma automática, toda vez que antes deben pasar el «examen» ante la Comisión de Seguimiento, para, posteriormente, ser refrendados por una mayoría cualificada de 3/5 del Senado.

Lo anterior exige que PP y PSOE lleguen a un acuerdo, toda vez que los populares, pese a contar con una holgada mayoría absoluta, con 146 escaños, no alcanzan los tres quintos, mayoría a la que tampoco llega sumando los escaños de sus socios UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria, que cuentan con un senador cada uno de ellos, ni con los tres que tiene Ciudadanos. En total, quienes han apoyado al PP para formar Gobierno sumarían como máximo 152, ocho menos de los necesarios. Tampoco le bastarían el apoyo de los seis representantes del Partido Nacionalista Vasco. Esta situación determinará que el PP tenga que negociar «obligatoriamente» con el PSOE, que cuenta con 62 senadores, para llegar a un consenso. El Grupo Popular tiene la «ventaja» de que sin el apoyo de sus senadores no hay acuerdo posible, pero tampoco puede «imponer» los nombres que accederán al Tribunal Constitucional.

De esta forma, las fuentes jurídicas consultadas por este periódico coinciden en que lo «normal» sería que el PP avalase a dos de los cuatro que han de proponerse y el PSOE hiciera lo propio respecto a los otros dos, con los otros dos, o, en todo caso, avalará a uno y «consensuará» el cuarto. A lo que el PP no está dispuesto es a perder cuota en el TC, y eso pasa por instar el nombramiento de, al menos, dos de ellos. En todo caso, se da por prácticamente seguro que uno de los propuestos por los populares será Ricardo Enríquez, toda vez que al haber accedido al TC para cubrir una vacante por fallecimiento, no le afectaría el final del mandato de quienes fueron designados hace ya casi nueve años, siempre que esa renovación se produjese antes del 18 de marzo, fecha en que cumplirá los tres años desde su nombramiento.

Pese a que todavía no hay ningún nombre que haya saltado como posible candidato, fuentes solventes señalaron a este periódico que es más que improbable que entre los elegidos figure ningún magistrado con un perfil «nacionalista» catalán. «Una cosa es el diálogo y otra muy distinta meter en el Tribunal Constitucional alguien que pueda provocar disensiones en cuestiones que afecten al «procés». En ese sentido, incidieron en que los elegidos deben tener muy claro el «sentido de Estado» y no «jugar» con veleidades nacionalistas.

Hasta ahora, en esas materias tan sensibles las decisiones se han tomado en la inmensa mayoría de las ocasiones por unanimidad y no se quiere introducir en al tribunal magistrados que puedan romper esa unidad, máxime en estos momentos, donde desde la Generalitat y el Parlament están llevando al extremo su desafío para lograr de la manera que sea la «desconexión» con España.



Fuente: La Razón

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