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La trama del Canal tenía 91 fincas, 23 coches de lujo, 21 productos bancarios y 2 cajas de seguridad

Los implicados en la «operación Lezo» no aparentaban, en general, una vida de lujo y glamour. Sin embargo, las investigaciones han sacado a la luz que poseían un elevadísimo patrimonio distribuido entre fincas y bienes inmuebles, coches de lujo y distintos productos bancarios, además de algunas cajas de seguridad. En concreto, según ha podido saber LA RAZÓN se han localizado un total de 91 fincas, 23 automóviles de alta gama, dos cajas de seguridad y 21 productos bancarios. En la inmensa mayoría de los casos, los titulares eran personas físicas, pero también aparecían sociedades como propietarias que ahora se encuentran bajo control judicial para evitar que sean enajenadas y, de esa forma, «evaporar» importantes cantidades de dinero con las que, llegado el caso, se podría utilizar para hacer frente a las responsabilidades civiles que se pueda imponer a los investigados en este procedimiento.

En lo que se refiere al considerado principal implicado en la «trama» de corrupción vinculada al Canal de Isabel II, el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, las investigaciones han localizado que figura como titular, junto con su mujer, Lourdes Cavero, de siete fincas y bienes inmuebles; ambos disponían también de sendos coches –un Smart Fortwo Coupé y un BMW 300D–y productos bancarios en los que también figuran como titulares.

El instructor de la causa, Eloy Velasco, sostiene que aprobó, presuntamente,la adjudicación del proyecto del campo de golf del Canal a su hermano y su cuñado; y que, junto a su mujer, blanqueó «dinerillo B» en la gestión de guarderías y otros negocios.

Curiosamente, en el listado de propiedades de los presuntamente implicados en esta trama, Pablo González, no aparece como titular de ningún inmueble, pero sí como propietario de tres vehículos: un Audi A1 Sportback, un BMW 120 D y otro de la misma marca, pero del modelo 320 D. También dispone de productos bancarios.

En cambio, el «hombre fuerte» del Canal en Iberoamérica y considerado «mano derecha» de González, Edmundo Rodríguez, es quien figura como el titular de mayores propiedades, aunque la inmensa mayoría aparecen a nombre de su empresa «Rodríguez Sobrino Abogados Asociados, SL» y como co-titular con familiares. Así, las investigaciones han detectado un total de 20 fincas o bienes inmubles, cuatro coches –tres a nombre de la citada empresa y uno a su nombre como persona física, precisamente el mismo modelo que tiene Ignacio González–.

El juez Eloy Velasco considera que hay indicios de que fue el responsable de las propuestas para que el Canal invirtiera en 2013 un total 31 millones de dólares en la compra de la brasileña Emissao, empresa que fue «hipervalorada ficticiamente», hasta el punto de que su patrimonio neto al cierre de aquel año era de 10,2 millones de dólares y en tan solo dos años había descendido a 5 millones de dólares. Por ello, le mandó a prisión provisional incondicional el pasado viernes. También sostiene que habría sobornado a funcionarios de Panamá y Colombia, entre otros países, en la filial del Canal.

Su hija Patricia aparece también como titular de otras dos fincas, un coche de gama media-alta y de productos bancarios.

Les siguen en este peculiar ránking Idelfonso de Miguel Rodríguez, ex director general del Canal, quien aparece como titular, junto a otra persona, de un total de 11 bienes o fincas y de productos bancarios. Fuentes de la investigación le vinculan con una presunta operación de blanqueo de capitales a través de un préstamo de una sociedad radicada en los Emiratos Árabes Unidos y una posterior ampliación de capital social con prima de emisión de un fondo de inversión holandés.

Jesús Trabada, entonces consejero delegado de la extinta empresa pública Mintra, Jesús Trabada, encargado de firmar el contrato de obra de la adjudicación a OHL del tren Móstoles-Navalcarnero, figura como titular, junto a otra persona, de otras seis propiedades, aunque no aparece como propietario de ningún coche ni de productos bancarios.

En relación con OHL, su consejero Javier López Madrid tiene, según consta en el registro de la propiedad, de tres fincas o bienes inmuebles, junto a su mujer. Además, de tres coches de alta gama, todos ellos Porsche 911, uno de ellos alimentado por turbo; y también dispone de productos bancarios. López Madrid quedó en libertad bajo fianza de 100.000 euros. El juez le vincula al pago de una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio González por la adjudicación de las obras del tren Móstoles-Navalcarnero.

Adrián Martín, ex director general de Canal de Isabel II Gestión, aparece como co-propietario de otras cuatro fincas y de productos bancarios. En cambio, no figura como titular de ningún vehículo. Fue de los primeros en declarar ante el juez Eloy Velasco, quien ordenó su ingreso en prisión hasta que depositara una fianza de 100.000 euros. Fuentes de la investigación consideran que pudo intervenir, como director gerente del Canal, en la «manipulación» de la licitación de una obra en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid, para que la misma se adjudicara a una sociedad de un determinado y concreto grupo empresarial.

El mismo día que compareció ante el juez lo hizo también María Fernanda Richmond, quien podrá salir de prisión cuando abone una fianza de cuatro millones. Figura como propietaria de un inmueble y de productos bancarios. Richmond era directora financiera del Canal de Isabel II y se le vincula a Edmundo Rodríguez para colaborar, presuntamente, en la sobrevaloración del precio de adquisición de la empresa brasileña de agua Emissao, así como de las gestiones que se debieron realizar para hacer efectivo el importe total de la adquisición.

En lo que se refieren a José Martínez Nicolás, que fue ex consejero delegado de la empresa madrileña ICM en el año 2012, según los daos registrales aparece como co-titular de seis propiedades, un coche y productos bancarios.

Tras declarar ante el juez Velasco, quedó en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros. Se le vincula con realizar gestiones que habría ordenado el ex presidente de Madrid, Ignacio González, para que determinadas empresas «inflaran» su facturación, con el objetivo de «sanear» las arcas del Partido Popular de Madrid y liquidar las deudas que tenía. También se sospecha que pudo ocultar al fisco un millón de euros que tendría depositado en Liechtenstein, país que es considerado un paraíso fiscal.



Fuente: La Razón

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