Las comunidades autónomas disparan la deuda comercial con sus proveedores un 16% en el último año

Las comunidades autónomas disparan la deuda comercial con sus proveedores un 16% en el último año


Las comunidades autónomas están volviendo a poner en peligro a sus proveedores, que ven como en el último año se está disparando de nuevo la deuda comercial. Según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, las facturas pendientes de pago ascienden a 4.898,5 millones de euros en junio de 2018, frente a los 4.197,46 millones de euros de un año antes.

Es decir, que en apenas doce meses la morosidad ha crecido sensiblemente, lo que significa que estas administraciones se están financiando de facto mediante el retraso de los pagos a aquellos a los que compran bienes o que les prestan servicios.

Gran parte de la deuda comercial de las comunidades se registra en el ámbito sanitario. De hecho, el 71% del total de la deuda comercial corresponde a la gestión de la sanidad de las autonomías. El problema es que las facturas pendientes de pago en este servicio público esencial han pasado de sumar 2.708 millones hace doce meses a 3.478 en junio de 2019, un crecimiento del 28,4% que hace saltar las alarmas.

La deuda comercial de las comunidades equivale al 0,39% del PIB en junio de 2019.

No se puede olvidar que durante la crisis financiera que vivió España uno de los problemas fue que las administraciones empezaron a retrasar sistemáticamente el pago a sus proveedores, lo que llevó a muchas compañías a la quiebra y lo que provocó miles de despidos, especialmente en el sector de la construcción.

El problema es que las comunidades no cumplen con la Ley de Morosidad y el Gobierno tampoco está elevando la voz de alarma ante esta situación, simplemente la ministra del ramo, María Jesús Montero, se ha dedicado a prometer que desbloqueará las entregas a cuenta a las autonomías, pero sin exigir (al menos públicamente) austeridad.

El periodo medio de pago a los proveedores en las comunidades autónomas asciende a 36,21 días, superando en 6,21 días el plazo máximo marcado en la normativa antimorosidad (30 días). Sólo durante el mes de junio de 2018 el periodo medio de pago ha aumentado en 2,70 días, que supone un incremento del 8,06% con respecto al mes anterior.

Hasta la fecha sólo se han abiertos dos procedimientos por elevada morosidad en el ámbito autonómico. Y no los inició el Gobierno de Pedro Sánchez sino el de Mariano Rajoy, cuando el ministro de Hacienda era Cristóbal Montoro. En 2016 y en 2017 el Ejecutivo impuso a Murcia y a la Comunidad Valenciana medidas preventivas, correctivas y coercitivas para estas dos regiones.




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