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Llarena tendrá que acreditar a Alemania la malversación de Puigdemont

Orillado el delito de rebelión por la Justicia alemana –y a la espera de que el Tribunal Supremo decida si incluye en la euroorden contra Carles Puigdemont la sedición (que no precisa de la existencia de violencia)– el juez Pablo Llarena debe ahora acreditar la existencia del delito de malversación de caudales públicos por el que también fue reclamado el ex presidente de la Generalitat. Así se lo ha solicitado la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein antes de decidir sobre la entrega del líder independentista.

El tribunal germano quiere saber si el desembolso de 1,6 millones en que Llarena cifra el desembolso de dinero público para la organización del referéndum ilegal se realizó efectivamente a costa de las arcas de la Generalitat y si fue Puigdemont quien dio el visto bueno o, en su defecto, penalmente es el responsable de ese dispendio más allá de su responsabilidad política como jefe del Ejecutivo catalán.

La defensa de Puigdemont niega esa supuesta malversación y alegará a la Justicia alemana que las partidas bajo sospecha fueron autorizadas antes de que el Tribunal Constitucional (TC) suspendiera cautelarmente el referéndum el pasado 7 de septiembre tras el recurso interpuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy. Este hecho –que en todo caso deberán acreditar documentalmente– no es baladí, pues en su día permitió al ex president Artur Mas sortear la acusación por malversación por su papel en el 9-N. Y es que en julio de 2016 la Fiscalía descartó finalmente impurtarle ese delito argumentando que «el hecho de haber contratado el servicio y comprometido el gasto cuando todavía no existía la suspensión hace que dicho compromiso resultara lícito en ese momento». Finalmente, fue acusado por la Fiscalía de desobediencia y prevaricación (que a diferencia de la malversación no llevan aparejadas penas de prisión, sino únicamente de inhabilitación y multa). Mas fue condenado a dos años de inhabilitación, pero sólo por el primero de los dos delitos.

Además, fuentes de la defensa del ex president aseguran que los gastos del referéndum se abonaron con dinero proveniente de la «caja de resistencia» puesta en marcha en abril de 2017 para costear los costes judiciales del «procés» por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que se nutre de aportaciones privadas.

Según el auto de procesamiento, el Govern gastó 224.834 euros en la campaña de registro de catalanes en el extranjero; 277.804 en publicidad del 1-O; 979.661 en papeletas, censo y citaciones a los integrantes de las mesas electorales; y 119.700 en observadores internacionales.

Para la Audiencia de Schleswig-Holstein, la euroorden «no contiene una descripción suficiente» (en relación a esa presunta malversación) «de las circunstancias en las que se produjo el delito con la necesaria concreción de la acusación que permita asociarlo de manera suficiente con que los hechos que se le imputan». La OEDE sí expone «claramente», admite, que el ex presidente de la Generalitat «fue corresponsable de la generación de los costes del referéndum independentista por 1,6 millones de euros» pese a que, tras la prohibición del 1-O por parte del TC, el Gobierno autonómico no podía usar recursos presupuestarios para ese fin. «Sin embargo, no queda claro si el Estado acarreó realmente con esos costes en tanto que fueron sufragados con cargo al presupuesto regional, y si el perseguido así lo dispuso», agrega el auto.

Con la documentación remitida hasta ahora, añade la Sala, se podría también pensar que, tras la destitución del Gobierno de Puigdemont, los costes del referéndum no van a ser pagados o, al menos, no serán pagados, con cargo a fondos públicos o podrían incluso haber sido saldados, como sostuvo Puigdemont, con «donaciones privadas», con lo que no se habría causado ningún daño a las finanzas públicas. Por ese motivo, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha pedido a las autoridades españolas, a través de la Fiscalía General de este land, que le remita información adicional que le permita analizar de forma exhaustiva si la acusación de malversación tiene base jurídica.



Fuente: La Razón

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