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Los cargos del PP pasarán el control de los militantes

La dirección del PP revisará en el Congreso Nacional de febrero la relación de sus afiliados con sus cargos públicos, «para que sea más directa», según anticipan desde Génova, al tiempo que descartan que esté en estudio modificar el sistema de elección de los candidatos. En la propuesta de nuevos estatutos que Génova presentará al cónclave, no habrá primarias, pero sí un nuevo modelo de relación entre sus afiliados y sus dirigentes. Los cargos públicos estarán obligados a justificar su trabajo y sus decisiones, incluido el cumplimiento del programa electoral en cada provincia o región. Será periódicamente, pero ese plazo lo fijarán los compromisarios en el Congreso vía enmienda.

La dirección popular busca de esta manera alternativas para mejorar su imagen de democracia interna sin cambiar los equilibrios en el sistema de elección de los candidatos. «No vamos a meternos nosotros en un lío del que ahora el PSOE no sabe cómo salir», explican fuentes populares. Madrid y Valencia presionan para que las primarias vayan en los estatutos bajo la consigna de un «militante, un voto». Pero es una batalla un tanto ficticia, con la que quieren ganar posiciones en el debate público, y en el caso de Madrid en su pelea directa con Ciudadanos, de quien depende su estabilidad en la Asamblea. Los estatutos del PP ya permiten que los dirigentes regionales puedan ser elegidos asambleariamente y con el voto directo de los afiliados, en lugar de vía compromisarios. Aunque a nivel nacional el voto lo tengan sólo los compromisarios. Para el Congreso de febrero, entre el 16 y el 19 de diciembre se celebrarán asambleas por toda España para elegirlos entre los afiliados que se presenten. El PP cuenta con más de 800.000 afiliados y en el Congreso de febrero participarán 3.128 compromisarios.

Por tanto, en relación a los dirigentes territoriales, en su mano está celebrar «primarias» cuando lleguen los congresos regionales, «si así lo desean», recuerdan desde la cúpula popular. «Todo lo demás es ruido más mediático que político», sentencian, frente a la intención del partido en Madrid y en Valencia de intentar colar en los Estatutos la alusión a las primarias. Esa presión está «moviéndolo todo», pero en la dirección nacional creen que no va a cuajar porque no tendrá el respaldo mayoritario. A día de hoy plantean que lo que hay en la mesa es defender su modelo de elección, pero introduciendo modificaciones para tener más participación de los afiliados en el partido en el día a día. Los estatutos tampoco revisarán capítulos tan sensibles como el que toca a la separación de sus responsabilidades de aquel cargo público afectado por una investigación por presunta corrupción. La posición del PP sigue siendo que la apertura del juicio oral sea el momento procesal en el que un cargo público abandone sus responsabilidades. Podría ocurrir que algún compromisario presente alguna enmienda para cambiar este principio, pero en Génova no ven posible que prospere. La dirección del PP quiere llevar el debate precongresual a la discusión programática, y para ello ha empezado a diseñar actos de partido con los que «vender» un mensaje más de ideas que «de discusiones centradas en nuestro ombligo». Las ponencias estarán listas a final de mes y después se abrirá un plazo de quince días para las enmiendas.

Génova quiere restar también eco al debate sobre la Secretaría General. Desde el Gobierno, y con una agenda marcada absolutamente por el pacto con Ciudadanos por su situación de minoría, el PP sabe que tiene muy difícil que la atención del Congreso no quede puesta en los nombres y, si acaso, en los posibles cambios que el partido haga en clave de funcionamiento interno. Rebajada al máximo la expectativa respecto a esto último, el titular será el equipo con el que Rajoy se presentará a seguir liderando el partido. Y, por supuesto, si hay o no cambio en la Secretaría General. Desde el entorno de la actual secretaria general, y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, están ya en intensa campaña para conseguir que mantenga las dos responsabilidades pese a los recelos internos que genera y las dudas prácticas sobre su viabilidad.



Fuente: La Razón

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