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Los Mossos retirarán las urnas

En el Gobierno hay división de opiniones sobre hasta dónde puede atreverse a llegar la Generalitat con el proceso independentista. Hay quienes creen que el miedo de algunos dirigentes de la antigua Convergència y de Esquerra Republicana (ERC) a la inhabilitación, incluso a la «cárcel», y la división interna dentro del soberanismo llevan a una transición difícil. Pero en la que después de tensar hasta el último momento la situación, la Generalitat no tendrá más salida que convocar elecciones en otoño antes de forzar la convocatoria de un referéndum ilegal «que saben que esta vez no van a poder celebrar». Desde este sector, insisten: «No van a poner urnas. Intentarlo lo van a intentar, pero lo tienen imposible. Y encima se están matando entre ellos». En este argumentario están, precisamente, algunos de los representantes del Ejecutivo que más directamente están llevando la gestión del desafío rupturista y que mantienen abiertas vías de contacto con dirigentes de la Generalitat y también con la sociedad civil catalana. La figura clave en este análisis es el vicepresidente de la Generalitat, el republicano Oriol Junqueras, a quien desde hace meses señalan como el que forzará la convocatoria electoral antes de someterse a las consecuencias judiciales de la desobediencia a las decisiones del Tribunal Constitucional (TC). Pero tanto en Moncloa como en otros ámbitos del Gobierno también hay quienes temen, sin embargo, que el independentismo sí llegue a forzar el choque de trenes y que esto pueda obligar, al menos durante unas horas, a manejar un escenario social «muy delicado».

El sábado, en Sitges, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió ante los empresarios que hace falta una «solución política», aunque también advirtió de las «consecuencias terribles» de un Brexit catalán. El Ejecutivo se está movilizando para movilizar a su vez a aquellos colectivos catalanes preocupados por los efectos de la estrategia soberanista. Pero, al mismo tiempo, también se ha colocado ya en todos los escenarios, incluso en los «más graves», para tener listos los «protocolos de actuación». Si la Generalitat llegase a convocar el referéndum y a colocar urnas, como se teme otro sector popular, el Gobierno recurriría a los Mossos d’Esquadra para restablecer la legalidad. El Tribunal Constitucional (TC) actuaría por petición de la Fiscalía. La vía sería a través de orden judicial. El juez ordenaría su retirada y ejecutaría la policía judicial, que en Cataluña son los Mossos. «Tendrían que acatar y además los Mossos no están por la labor de incumplir con sus obligaciones», aseguran en medios populares catalanes.

El Gobierno ha cribado todas las posibles «trampas» que pueda utilizar la Generalitat para romper la cuerda y asegura que tiene respuestas «para cada una de ellas», aunque no quiere anticiparse a ningún escenario y su discurso se centra en seguir instando a la Generalitat a rectificar y a ajustar el diálogo al marco legal, incluso para defender su proyecto de ruptura con España. Ahora bien, en el caso de que la Generalitat no opte por el camino electoral, es decir, no esquive el «choque frontal», el problema principal está en la tensión social que esto puede generar, al menos durante unas horas en el supuesto de que «hagan el intento de sacar las urnas a la calle». «La legalidad va a estar vigente todo el tiempo en Cataluña, igual que en cualquier otra parte de España. Pero es importante que la Generalitat mida bien las consecuencias de sus actos y no coloque a los catalanes en una situación imposible», sentencian fuentes del Gobierno.

Las mismas fuentes sostienen que Rajoy está dispuesto a sentarse a hablar con Puigdemont y a buscar esa «salida política» que defendió ante los empresarios. Pero para ello es «imprescindible» que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, renuncie al «puñetazo en la mesa». «Es imposible pactar nada con quien está instalado en la radicalidad. Personalmente él ya está de salida, pero lo que más pesa en su sordera es que su partido está en una situación imposible, en la que puede perder lo poco que le queda si va a unas elecciones. Sería una locura que por delante se llevaran todo, incluso la convivencia de los catalanes», insisten en Moncloa. Con la preocupación añadida por la imagen internacional que pueda darse.

Entre tanto, todos los gestos de la Generalitat apuntan en la dirección de que no dan marcha atrás. Puigdemont sigue trabajando con sus colaboradores más cercanos para fijar la fecha y la pregunta de la consulta, y en el Gabinete de Rajoy se preparan para un «verano complicado». Los independentistas han anunciado que su idea es celebrarlo después del verano, se habla de octubre, pero para que pueda tener lugar antes tiene que ser formalmente convocado en el mes de agosto. Esa convocatoria sería inmediatamente recurrida por el Gobierno central ante el Constitucional, como cualquier acto derivado del proceso que se salte los pronunciamientos previos del Alto Tribunal. Pero habría que ver cómo siguen jugando el balón Puigdemont y Junqueras, que oficialmente siguen trasladando la idea de que están unidos sin fisuras por la consulta ilegal.


Fuente: La Razón

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