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Los Pujol achacan a la UDEF mala fe y falta de ética por incluir en la causa el pendrive ilícito

La defensa de la familia Pujol quiere extender los efectos de nulidad del pendrive que el ex número dos de la Policía, Eugenio Pino, incorporó a la investigación de forma fraudulenta, a otros dos informes de la UDEF. En uno de ellos, del 27 de octubre del pasado año, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal destapó que el primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, «Junior», habría puesto fuera del alcance de la Justicia desde que está siendo investigado 4,4 millones de euros.

Los abogados de la familia del ex presidente catalán Jordi Pujol han presentado un escrito en el juzgado del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en el que piden la nulidad tanto de ese informe como del que la UDEF realizó el 15 de noviembre de 2016, ambos realizados por un inspector (autor también del informe policial que sí apartó de la causa el juez instructor) cuya comparecencia ante el juez reclaman. No interrogar a quien «efectivamente consumó su utilización» (la del dispositivo obtenido de forma ilícita) –se quejan los letrados Cristóbal Martell y Albert Carrillo– supondría cerrar la investigación de forma «incompleta».

De la Mata dejó al margen de la investigación principal ese pendrive para curarse en salud, pero la defensa de los Pujol cree que esa información sirvió para elaborar esos dos informes cuya anulación ahora reclama para no provocar a sus clientes «indefensión», al sustentarse en «una sucesiva cadena de pruebas» conectadas a las ilícitamente obtenidas. Incluso aseguran compartir la «repugna» del instructor y el rechazo «jurídico y ético» respecto al proceder policial. Una actuación que califican de «gravemente negligente o carente de buena fe» y que atribuyen no sólo a los agentes implicados, sino a «la Fuerza Policial actuante en su conjunto». Sin embargo, el autor de los informes asegura que se elaboraron con la información de los archivos contables de Iniciatives Marketing, la empresa de «Junior», y de una comisión rogatoria cursada a México.



Fuente: La Razón

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