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Luchar contra la fiscalidad a la carta en la UE

La publicación del dictamen de la Comisión Europea (CE) sobre el tratamiento tributario otorgado por Irlanda a la multinacional estadounidense Apple constituye una escandalosa muestra de que, al menos en materia fiscal, no todas las empresas son iguales. El texto hecho público por la CE, una versión no confidencial del expediente, acusa a Dublín de haber alcanzado un acuerdo con la multinacional estadounidense que permitió a esta reducir su factura fiscal en Europa casi hasta cero durante decenas de años. El dictamen, que puede sacudir los cimientos del modelo de negocio de Apple en el continente y afectar a numerosas compañías estadounidenses, declara ilegales las resoluciones fiscales adoptadas por Irlanda que permitieron a la multinacional ahorrar 13.000 millones de euros en impuestos entre 2003 y 2013. La tasa acordada con el Gobierno irlandés comenzó en el 1%, según el expediente de la CE, y acabó siendo del 0,005% en 2014. Aunque el dictamen de Bruselas exige a Irlanda que recupere con intereses los tributos no pagados por Apple, la compañía ha impugnado el caso ante la corte de Luxemburgo, lo que puede convertir el expediente, incluso si el tribunal da la razón a la CE, en una eterna carrera de fondo.

La ventajosa fiscalidad irlandesa se ha convertido en los últimos años en foco de polémica en el seno de la UE. Hasta el punto de que varios países, entre ellos Francia y Alemania, han protestado contra lo que podría considerarse como competencia fiscal desleal, dada la baja tributación a la que Dublín somete a las empresas que trasladan su sede al país. Los datos que revela el dictamen de Bruselas sobre Apple apuntan, sin embargo, a algo bastante más grave que a una tributación laxa o demasiado agresiva. El tipo del 0,005% aplicado a la multinacional fundada por Steve Jobs no forma parte de la legislación general irlandesa, sino que es fruto de un acuerdo específico entre el Gobierno del país y la compañía estadounidense. Se trata de una verdadera fiscalidad hecha a la carta y de la que no se han beneficiado otras empresas, sino únicamente esa multinacional.

Para resolver el caso Apple, tanto la CE como el Tribunal de Luxemburgo deben actuar con eficacia, transparencia y celeridad. El reto de las autoridades comunitarias es garantizar que en la UE existe un principio de legalidad aplicable a todo tipo de compañías, grandes y pequeñas, y no hay lugar para zonas francas diseñadas a medida de determinadas multinacionales. Para lograr ese objetivo es necesario extremar el control y la vigilancia, pero también avanzar hacia una cierta armonización tributaria que lleva años pendiente.

Fuente: Cinco días

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