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Martínez Maíllo: «Rajoy irá a la comisión sobre la financiación del PP»

La «operación Lezo» ha vuelto a vincular al PP con la corrupción en un momento muy sensible para el Gobierno: la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo ha sido capaz de contener una crisis que relaciona con la etapa de Esperanza Aguirre al frente del partido en Madrid y censura los intentos de la oposición de poner en riesgo la estabilidad del país y las cuentas públicas para desgastar al Gobierno.

–Los Presupuestos parecen encarrilados, ¿pero teme que la estabilidad del Gobierno pueda llegar a estar en dificultades por la corrupción?

–No debería. La Justicia tiene que encargarse de hacer Justicia y la política debe hacerse en el Parlamento. Con los Presupuestos confiamos en la responsabilidad de todos los partidos políticos. Las cuentas de 2017 son necesarias para seguir creando empleo, para mejorar los servicios públicos y para aprovechar las buenas perspectivas económicas confirmadas el viernes por el Consejo de Ministros. Sería muy complicado explicar a los ciudadanos que no hay Presupuestos porque la oposición sólo busca utilizar una coyuntura política para desgastar al Gobierno. Con esa decisión se estaría enviando, además, un mensaje muy malo a la economía y afectaría, por supuesto, al recorrido de la Legislatura.

– ¿El apoyo del PNV es sólo a cambio de más dinero? ¿No negocian competencias ni presos?

–El acuerdo con el PNV está casi cerrado. Es evidente que afecta a compromisos presupuestarios y, por tanto, está al margen de otras cuestiones que nada tienen que ver con las cuentas públicas.

–Y si hay Presupuestos, ¿habrá Legislatura al menos para dos años, contando con la posibilidad de la prórroga de estas cuentas?

–El presidente Rajoy siempre ha dicho que su intención es que la Legislatura sea de cuatro años. España necesita estabilidad política e institucional para continuar en la senda del crecimiento y la creación de empleo, ése es nuestro objetivo prioritario.

– ¿La moción de censura de Pablo Iglesias fortalece a Rajoy?

–El anuncio de la moción de censura de Podemos no fortalece a nadie, y tampoco al país. Es un numerito más del circo de Podemos. Intentan que el Congreso se convierta en el plató de televisión en el que Pablo Iglesias se mueve mejor que en la gestión política y es un intento más de desgastar al Gobierno y a las instituciones. Podemos pretende situarse a la vanguardia de la oposición más que como alternativa de Gobierno.

–Decía antes que no hay que mezclar los casos de corrupción con la política. Pero hay responsabilidades políticas de la corrupción y nadie duda de que el PP aprovecharía también la debilidad del adversario por ese flanco si se encontraran en la situación en la que están ustedes.

–Es entendible. Pero no se pueden utilizar los casos de corrupción que afectan al PP, como pueden afectar a otros partidos, para tomar de rehenes al conjunto de los españoles y no aprobar, por ejemplo, unos Presupuestos que son buenos para el conjunto de los españoles.

–¿El ruido que hay sobre presuntas injerencias de ministros, secretarios de Estado o Fiscalía en la «operación Lezo» daña las instituciones?

–Hay un secreto de sumario que no se está cumpliendo. No hay garantía de que todo lo que se dice se corresponde con la realidad.

–El secretario de Estado de Seguridad ha confirmado lo publicado. También el ministro de Justicia.

– Pero de esas conversaciones que usted señala no se puede deducir que ha habido ninguna injerencia en la investigación abierta. Ni el secretario de Estado ni el ministro sabían, de hecho, que estaba en marcha esa investigación. Se nos olvida que la UCO y la UDEF actúan como policía judicial, al servicio de los jueces y no de los políticos. Por eso pueden tener conocimiento desde el punto de vista operativo, pero no del contenido.

–¿Dejaría al menos en inoportunos esos contactos?

–Pues, sinceramente, estamos hablando de una breve reunión de un secretario de Estado con el hermano de alguien del que sólo se sabía que había sido investigado por el caso del ático. Una reunión para hablar de otra cuestión. Si el secretario de Estado lo hubiera sabido no le habría recibido. Pero los hechos, sacados fuera de contexto y recolocados a posteriori, incumpliendo el secreto de sumario, se ven de manera diferente.

–¿La «operación Lezo» es sólo un problema del PP de Madrid?

–Afecta al PP de Madrid, a la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad madrileña. Por supuesto que sí. Pero eso no quiere decir que no estemos todos preocupados por la situación a nivel nacional.

–¿Por qué no denunciaron cuando les avisaron de lo que ocurría?

–Avisar es un concepto muy amplio. El aviso fue que nos presentaron 20 números, uno tras otro, asegurando que era el número de cuenta de una entidad financiera, sin más pruebas. Y sin que nosotros tuviéramos más medios a nuestro alcance para comprobar que esos números se correspondían con una cuenta en Suiza. No somos la Policía ni tampoco jueces. Lo que hicimos fue hablar con los interesados, que lo negaron categóricamente. Ésa es la realidad. La responsabilidad de lo que sucedía era del PP de Madrid, que es a quien inmediatamente trasladamos la información, a Esperanza Aguirre y a Ignacio González. Por cierto, también podía haber denunciado el que se presentó en Génova con esos números. Y le dijimos que lo hiciera. Pero no lo hizo porque como ha dicho estos días no tenía más pruebas. Igual que nosotros. Si las hubiéramos tenido, claro que habríamos acudido seguro a la Justicia.

–Aunque como dice no tenían pruebas para acudir a la Policía, las sospechas sí fueron suficientes como para apartar a Ignacio González de la carrera por la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

–No fue candidato por muchas circunstancias. Entre ellas que había una mejor candidata, que es quien hoy está gobernando.

–¿La teoría de Aguirre de la responsabilidad «in vigilando» debería ser norma en la depuración de responsabilidades políticas?

–La teoría de la «responsabilidad in vigilando» se la ha aplicado ella misma. Nadie le ha pedido que lo haga. Aplicada en todos los ámbitos llevaría al absurdo de que cualquier empresario o político que tiene entre sus obligaciones elegir a muchas personas para desempeñar funciones distintas tendría que dimitir porque se le colase una oveja negra. En este caso, el problema ha sido cualitativo, que estaban implicados los dos vicepresidentes de Aguirre, y que los dos están en la cárcel. Por eso es coherente su decisión de dimitir. Pero su teoría, aplicada de manera genérica, sería muy discutible.

–Es una manera de decir que no se debe aplicar a Rajoy, por ejemplo.

–Nunca hemos creído que sea una norma que se pueda aplicar con carácter general. Aguirre se ha encontrado con el problema de que sus dos vicepresidentes están en la cárcel. Eso es lo que le ha llevado a dimitir. Pero nadie le ha pedido que lo haga.

–¿Le preocupa que la corrupción siga desgastando al PP?

– Lo que ha ocurrido esta semana pasada no es agradable ni beneficia al partido. Pero cuando hay un caso de corrupción preferimos que se sepa y que el responsable vaya a la cárcel. La Justicia funciona. Y si en estos momentos hay algún político pensando en corromperse tiene que saber que le van a pillar y que va a ir a la cárcel.

–Por lo que conocemos de los «pinchazos», Ignacio González pensaba que con sus contactos iba a ser capaz de mover jueces y fiscales para frenar su frente judicial.

–Si esas conversaciones son ciertas, nos causan indignación, aunque es evidente que no ha conseguido sus objetivos.

–Usted llegó a Génova después del mal resultado de las elecciones de 2015, en lo que fue un gesto de Rajoy por renovar el partido. Visto lo visto, ¿qué piensa cuando escucha sostener que la corrupción ha llegado a ser un problema estructural en su formación?

–No estoy de acuerdo. Creo que es un problema absolutamente individual. Tenemos más de 25.000 cargos públicos en toda España, en todos los niveles. Y sólo unos pocos, aunque algunos de ellos relevantes, están afectados por la corrupción. Tenemos la obligación de seguir defendiendo la honorabilidad del partido frente a unos pocos que se han aprovechado de nuestras siglas. Este año celebramos el cuarenta aniversario de la fundación de Alianza Popular, luego Partido Popular, son muchos años de servicio a España y no vamos a tolerar que nadie manche nuestra imagen.

–Pero esa imagen ya la han manchado.

–El PP es un partido limpio. Han fallado los controles de la Administración Pública. En cuanto al partido, hemos creado órganos internos para controlar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por nuestros cargos públicos. Los que se corrompen lo hacen porque abusan de los recursos públicos y de su cercanía a la Administración. Por eso fueron tan importantes las medidas de corrupción que en el ámbito administrativo, también algunas políticas, impulsó el Gobierno en la pasada Legislatura. Le pongo un ejemplo, ¿cómo puedes controlar desde el PP la decisión de adjudicar una obra? Sólo puede hacerse con los controles externos e internos de la Administración Pública, no del partido.

–Con la que ha caído estos días, ¿qué vida le ve al pacto en materia de regeneración con Ciudadanos?

– Seguimos comprometidos con la regeneración, pero no se reduce a los cuatro puntos de la «regeneración de diseño» que plantea Ciudadanos. ¿Alguien cree que se acaba con la corrupción con la eliminación de los aforamientos? ¿O con la comisión de investigación sobre la financiación del PP cuando ese tema está ya en los juzgados? La lucha contra la corrupción va mucho más allá de lo que plantea Ciudadanos para perjudicar al PP.

–Pero si es una «regeneración de diseño», ¿para qué la aceptaron?

–Tuvimos que aceptar porque eran las condiciones previas a cualquier negociación para pasar de la abstención al «sí» y facilitar que se pusiera en marcha la Legislatura y los españoles no tuvieran que ir de nuevo a elecciones. O aceptábamos eso o no había nada que negociar. Y nuestra intención es cumplir las exigencias, pero hay dificultades porque exigen una modificación constitucional.

–Entonces lo que han pactado con Ciudadanos en Murcia es otro fraude porque se sostiene en una condición, eliminar aforamientos, que ustedes no apoyan porque exige modificar la Constitución.

–Ciudadanos se mete en los líos que quiere. Nos pidió que cambiásemos al presidente autonómico por una imputación que habrá que ver en qué queda. Y luego no quieren negociar otro acuerdo, sino que imponen una votación previa sobre aforamientos que no compartimos en el PP, ni tampoco aprueban otros partidos a nivel nacional. Aceptamos porque es sólo el inicio de una reforma de Estatuto.

– ¿Qué balance hace del pacto con Rivera?

–Ha habido un poco de todo. En el día a día nuestra relación es buena. Pero ellos han optado ahora por un clima de confrontación que no es bueno para el acuerdo. Nosotros estamos también a la espera de que se solucionen los problemas dentro del PSOE para recuperar una interlocución necesaria para el interés general y que queremos que sea fructífera en el diálogo.

–¿El PSOE podría ser interlocutor preferente con Susana Díaz como secretaria general?

–No voy a hacer una valoración de ningún candidato socialista. Es su proceso interno de elección y creo que sería perjudicial . Todo mi respeto.

–¿Cómo enfoca el PP la comisión sobre su financiación que se constituirá el próximo día 8?

–Creemos que una comisión con un procedimiento judicial en marcha no tiene mucho sentido. Pero hemos votado a favor y también hemos impulsado otra comisión sobre la financiación de todos los partidos en el Senado porque creemos que puede ser útil e instructivo. Respecto a los trabajos en el Congreso, nuestro planteamiento es de total disposición. No tenemos nada que ocultar.

–¿Ven entonces bien que comparezca Rajoy?

–Haremos lo que diga el Parlamento. Tenemos total disposición a hacer lo que allí se acuerde, con absoluta normalidad. Eso sí, siempre y cuando sea un ejercicio parlamentario y no de circo ambulante.

–Si va Rajoy, ¿entiende que deben comparecer también los líderes de los demás partidos y así lo pedirán en el Senado?

– No nos planteamos esto como un ejercicio de revancha, sino de interés público. Y si hemos pedido una comisión en el Senado es porque creemos que es interesante conocer la financiación de todos los partidos, no sólo la del PP.

–¿Quiénes cree que deberían entonces comparecer en el Congreso? ¿Qué perfil?

–Ésa es la gran pregunta. Por eso advertimos de las dificultades de crear una comisión de un asunto judicializado. Todos los que están implicados en el procedimiento judicial tienen la obligación de ir, pero tienen derecho a no contestar, por ejemplo. En muchos países europeos está prohibido crear una comisión como ésta. Pero han querido, lo hemos pactado y adelante. No tenemos nada que ocultar. Nadie tiene una financiación tan pública como el PP, es más pública que el BOE.

–El problema está en la que tuvieron antes, no en la de ahora. Es por la que quieren preguntarles en el Congreso.

–Y ésa es la que esta judicializada y en los medios de comunicación a disposición de todo el mundo.

–Pese a que siga la presión por estos temas, el PP, sin embargo, parece hoy internamente una balsa de aceite. ¿Por qué? ¿Eso es mérito de Rajoy?

–Hemos celebrado 14 congresos regionales, 11 de ellos con absoluta tranquilidad. El más complicado ha sido el de Cantabria. Y de los provinciales, en el 90 por ciento de ellos no hay ninguna discusión. Somos el único partido que está unido y cohesionado en el conjunto de España. Basta con mirar alrededor para comprobar que no es un eslogan sino un hecho.

–Cambiando de tema, ¿en Cataluña se ha tardado demasiado en ver a Pujol en la cárcel?

–Sería fácil dar una respuesta populista.

– O quizás que conecte simplemente con el sentido común, y por eso la comparte buena parte del pueblo.

–Hay mucha gente en la calle que no entiende que se haya tardado tanto en ver cómo alguno de los Pujol iba a prisión. Eso es verdad. Pero hay que ser respetuosos con las decisiones judiciales. Y al final vuelve a demostrarse que el que la hace, la acaba pagando, sea del PSOE, de CiU o de mi partido.

–¿Detrás de los Pujol irá Artur Mas?

– El futuro judicial de Artur Mas lo desconozco. Pero sí creo que debe explicar políticamente muchas cosas.

– Por cierto, ¿usted está con los que creen que por mucho que lo digan no llegarán a convocar un referéndum?

–Ésa es su intención, pero no va a haber referéndum. El Estado tiene mecanismos suficientes, más aquellos con los que nos hemos dotado recientemente, como la reforma de la propia Ley del Constitucional. Gracias a esa reforma han podido hacerse requerimientos a funcionarios y políticos que quieren saltarse la ley. Por tanto, el Estado tiene mecanismos para garantizar el respeto a la Constitución. Y el Gobierno, dentro de la legalidad, no va a permitir que haya un referéndum en Cataluña.



Fuente: La Razón

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