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Moix quiere que la plaza del fiscal del «caso Lezo» salga a concurso

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, no quiere que una Fiscalía especial como la que dirige cuente con más de un tercio de su plantilla en Madrid en una situación de comisión de servicios, es decir, adscritos temporalmente y pendientes siempre de su renovación, donde la disponibilidad presupuestaria suele ser un factor a tener en cuenta. En estos momentos, Anticorrupción cuenta con 19 fiscales, a los que hay que añadir el fiscal jefe y la número 2, de los cuales ocho se encuentran en esa situación de «interinidad»: Carlos Yáñez, Esther González, Sandra Fajil, César de Rivas, Belén Dorromoechea, Inmaculada Violán, Miguel Serrano e Ignacio Stampa. Todos ellos han sido nombrados por un año, transcurrido el cual, se puede prorrogar por tiempos similares.

Manuel Moix, una vez tomado contacto con la realidad de Anticorrupción, considera que es necesario dotar a esa fiscalía con un incremento de plantilla, pero que ésta tenga la estabilidad como uno de sus factores principales. Por ello, según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes fiscales, su pretensión es que se creen seis nuevas plazas que, lógicamente, tendrían que salir a cocurso y a las que se podrían presentar todos aquellos que reuniesen las condiciones exigidas. Los elegidos entrarían ya con «plaza fija», al igual que sucede con el resto de los concursos.

Con esa medida, los que se encontrasen en ese momento en situación de «interinidad», que en estos momentos afectaría a los ocho citados, entre ellos Carlos Yáñez, uno de los fiscales adscritos a la «operación Lezo». Todos ellos deberían optar, al igual que sus compañeros del resto de España que lo desearan, a una de las seis plazas que se ofertarían como en el concurso de traslado, si es que desean realmente continuar en esa Fiscalía especial; a la vez que implicaría que, al menos, dos de ellos tendrían que dejar Anticorrupción y regresar a las plazas donde tienen sus destinos.

Uno de los argumentos centrales de Moix con esta pretensión es dotar a Anticorrupción de una plantilla estable y suprimir dentro de lo posible la «provisionabilidad» en que se encuentra en la actualidad gran parte de ella.

En todo caso, esta pretensión del fiscal jefe Anticorrupción deberá ser acdeptada por la Fiscalía General del Estado y aprobada por el Ministerio de Justicia, que es quien tiene las competencias en esta materia y quien debería crear esas plazas. Y, en todo caso, no se prevé que la misma se pueda implantar al menos hasta el próximo año.



Fuente: La Razón

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