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Nadal anuncia una subasta de 3.000 MW de renovables

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha anunciado esta mañana que su departamento realizará una nueva subasta de capacidad renovable de 3.000 MW. Por cierto, la misma que anunció hace meses su hermano gemelo, Alberto Nadal, siendo secretario de Estado de Energía, para finales de este año y que no ha llegado ha realizarse (un mínimo de 1.000 MW que podían alcanzar los 3.000 MW).  En este caso, avanza el ministro, se lanzará “en breves semanas” y se hará con “criterios competitivos”, al menor coste para el consumidor y para todas las tecnologías, “ya que es lo justo y no prejuzgas qué tecnología es la más eficiente”. 

En una comparecencia en la Comisión de Energía del Congreso para presentar las líneas directrices de su mandato, Nadal anunció que se realizarán unos “controles generales” a los proyectos que se presenten a estas subastas  a través de la petición de garantías, para  comprobar que se llevan a cabo. En enero, el Ministerio de Industria realizó la primera subasta verde tras la moratoria al cobro de primas decretado en enero de 2012: 500 MW eólicos y 200 de biomasa. El proceso se consideró un fracaso después de que las adjudicatarias ofrecieran un coste de inversión cero para los proyectos.

El ministro dijo que su cartera debería llamarse de Transición Energética, pues el futuro está marcado por los exigentes acuerdos de la Cumbre de París y el vasto paquete normativo aprobado por la UE, el denominado “paquete de invierno”, que entre otros, incluye siete paquetes de reglamento y la reforma de cuatro directivas. Un marco que “se alinea con la posición del Gobvierno”, según Nadal, en los objetivos de eficiencia energética, mejoras medioambientales y defensa del consumidor.

España es “un país líder” en la generación de energía con fuentes renovables, con un 41% de la generación procedente de estas tecnologías, aunque señaló que “no hay que dormirse en los laureles” en esta materia. A este respecto, apuntó que España va “muy adelantado” en sus objetivos de cumplimiento fijados en renovables, con un porcentaje del 17,3% en el peso de estas tecnologías sobre el consumo final de energía, frente al 12,1% previsto.

Sobre el polémico decreto de autoconsumo, planteó también que se refuercen los controles de seguridad a las instalaciones, a la vez que ha defendido que estos usuarios sigan contribuyendo a los costes fijos del sistema. Y planteó ligeros cambios en una a regulación que ha resultado inútil (el sistema no recaudó nada en 2016 ni está previsto que lo haga en 2017, según la orden de peajes), como el acceso del autoconsumidor o el almacenamiento de energía, pero ha insistido en que “no es adecuado” que los autoconsumidores tengan una “ventaja de financiación” en la parte de los costes fijos del sistema frente los consumidores ordinarios. De lo contrario, usuarios con mayor poder adquisitivo (con chalet o grandes parcelas) estarían trasladando entre un 15% y un 20% de sus costes al recibo de los demás. 

En cuanto a la defensa del consumidor, aseguró que el ministerio está trabajando en medidas de transparencia y control de los productos financieros, cambios de contratos y prácticas anticompetitivas. E hizo hincapié en el proceso de diálogo abierto con los partidos de la oposición para regular la financiación del bono social, definir al consumidor vulnerable y evitar los cortes de luz. En este sentido, y apelando a las recomendaciones de la UE, la protección de los consumidores vulnerables no debe formar parte de la política energética (no se deben alterar los precios), sino aplicarla “en el ámbito de la política social”. Y reiteró que esta labor corresponde a las comunidades autonómas y los ayuntamientos o coordinados entre ellos.

Fuente: Cinco días

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