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Ocho de los 19 condenados por el 11-M siguen en prisión

Ocho de los 19 condenados por los atentados del 11-M (uno de ellos, Gabriel Montoya, «El Gitanillo», por el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional) siguen en prisión catorce años después de los atentados de Madrid que causaron 191 muertos y más de 1.800 heridos. Jamal Zougam y Otman El Gnaoui, considerados autores materiales del mayor atentado de la historia de España y sobre los que pesan sendas condenas de casi 43.000 años de cárcel; el ex minero José Emilio Suárez Trashorras que facilitó a la célula islamista los explosivos utilizados en los trenes; Abdelmajid Bouchar, «El Gamo», que burló el cerco policial alrededor del piso de Leganés donde se inmoló el núcleo duro de la célula; Mohamed Bouharrat, que realizaba labores de captación y recopilación de información sobre posibles atentados; Antonio Toro, absuelto por la Audiencia y condenado a cuatro años por tráfico de explosivos por el Supremo; Rachid Agliff «El Conejo», por su activa participación en la obtención de los explosivos y detonadores; y Hassan El Haski, condenado como dirigente del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM).

Ninguno de ellos recuperará la libertad este año, pero en los próximos cuatro saldrán a la calle la mitad y cuando concluya 2023 únicamente seguirán en prisión tres de ellos –Zougam, El Gnaoui y Súarez Trashorras-–, que cumplirán el máximo de estancia efectiva en prisión: 40 años. Los tres extinguirán su condena en marzo de 2044.

Aunque el pasado año tres de los condenados –Youssef Belhadj, Hamid Ahmidan, primo de Jamal Ahmidan «El Chino», y Saed El Harrak– salieron de prisión, el próximo en hacerlo no extinguirá su pena hasta junio de 2019, cuando El Haski recuperará la libertad. Encarcelado en el centro penitenciario de Villena (Alicante), fue condenado a 14 años de prisión pese a que la Fiscalía le señalaba como uno de los «cerebros» del 11-M, por lo que solicitó para él una condena de 38.962 años de cárcel. Pero, finalmente, en la sentencia se le desvincula incluso de los atentados y fue condenado como dirigente del GICM, «principalmente por sus actividades proselitistas». A otro integrante del GICM, Attila Turk, que le cobijó en Francia, le comentó tras los atentados que era «su grupo de marroquíes en España los que habían dado el golpe», pero el tribunal de la Audiencia Nacional, presidido por Javier Gómez Bermúdez, concluyó que se refería a «yihadistas de origen marroquí no necesariamente bajo sus órdenes». En el juicio, El Haski se desmarcó de la masacre –«no puedo consentir que atenten contra inocentes»– y del resto de procesados («si alguien dice que me conoce estoy dispuesto a encararme con él»).

Casi tres años más tendrán que pasar para que el siguiente condenado por los atentados salde sus cuentas con la justicia. En abril de 2022 saldrá de prisión Aglif, tras extinguir su condena de 18 años de cárcel. «El Conejo» estuvo junto a «El Chino» en la reunión clave con Trashorras para conseguir los explosivos (incluso le llegó a explotar un detonador cuando lo manipulaba en su casa en octubre de 2003). Él fue quien, en un McDonalds de Carabanchel (Madrid) propuso al ex minero que les facilitara 60 kilos de dinamita supuestamente a cambio de droga. «No pinto aquí nada. No sé de qué va esto», aseguró en la vista oral «El Conejo», quien negó ser la «mano derecha» de Jamal Ahmidan.

También en 2022 cerrará su etapa en prisión Antonio Toro, cuñado de Trashorras. Condenado a cuatro años de cárcel, su salida tan tardía se debe a la acumulación de varias condenas, la mayoría por tráfico de drogas. Toro puso en contacto a Rafa Zouhier, a quien conoció en la cárcel de Villabona (Asturias), con Trashorras. De su cuñado dijo que no le vio nunca «proporcionando explosivos a nadie» y se declaró inocente: «Una cosa es que trafique con hachís y otra que me acusen de colaborar con una banda terrorista».

Ese mismo año, en octubre, saldrá a la calle Bouharrat, interno en la prisión de Villanubla (Valladolid), tras cumplir su condena de doce años por pertenencia a la célula del 11-M (en el desescombro del piso de Leganés, donde había una huella suya en un libro, se halló una nota de su puño y letra) y una segunda de ocho por otra causa.

Ya en septiembre de 2023 le llegará el turno a Abdelmajid Bouchar, que huyó del piso de Leganés, horas antes de que la célula se inmolara con explosivos, al reparar en la presencia policial al bajar la basura (en la que dejó su ADN). La Fiscalía pidió para él casi 39.000 años como autor material, pero la testigo que afirmó haberle visto en los trenes se retractó en el juicio y el tribunal concluyó que «del hecho de tratarse de uno de los ocupantes de la vivienda de Leganés no se desprende necesariamente esa condición de autor, cooperador o cómplice».

Mucho más tendrán que esperar los, por ahora, tres últimos presos del 11-M. Zougam, El Gnaoui y Trashorras no saldrán hasta marzo de 2044. Los dos primeros, condenados a casi 43.000 años de cárcel como autores materiales. A Zougam le reconocieron tres testigos («sin fisuras y sin ningún género de dudas», según el tribunal) que viajaban en el tren que estalló en Santa Eugenia. Es el único condenado por colocar las mochilas bombas en los vagones. «Yo nunca he visto bombas ni entiendo de eso», se defendió en el juicio.

En cuanto al ex minero, fue condenado como cooperador necesario por facilitar los explosivos a «El Chino». Trashorras, confidente policial, dijo al tribunal que en noviembre de 2003 avisó a la Policía de que Ahmidan y Zouhier «estaban intentando conseguir explosivos».



Fuente: La Razón

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