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Perito judicial: ¿funcionario o experto privado?

La proliferación de causas judiciales referidas al ámbito económico, especialmente las relacionadas con la corrupción, ha provocado una cerrada reacción en la judicatura, que reclama una mejor organización y más medios para poder hacer frente con solvencia a cientos de casos de una complejidad singular.

La reunión anual de los 52 jueces decanos españoles, representando a más de 2.000 titulares de juzgados, celebrada en Málaga entre el 24 y el 26 de octubre pasados, levantó la bandera de la reclamación de más medios para los juzgados y que estos puedan disponer de peritos especializados en materia financiera, sin las dificultades que, en la práctica, se dan en estos momentos.

Pedro Viguer, juez decano de Valencia y uno de los redactores del documento de propuestas de la asamblea judicial, señala que este asunto “es muy relevante para el colectivo judicial. Tenemos muchos problemas para designar peritos y constantes renuncias, que se van encadenando”. Y es que, reconoce Viguer, “a los peritos se les paga mal. Hay que tener en cuenta que los sumarios acumulan miles de folios de asuntos muy complejos, como los relacionados con la corrupción”.

El problema principal, detalla el juez decano de Valencia, está en la jurisdicción penal, ya que en materia civil o mercantil, al final, son las partes las que pagan su intervención, bien por su iniciativa o por condena en costas.

Sin embargo, en el orden penal será la Administración la que corra generalmente con los gastos, lo que provoca, dice Pedro Viguer, que sea “un auténtico calvario para los juzgados” conseguir que un profesional acepte intervenir en un procedimiento en las condiciones actuales. Los jueces han trasladado sus peticiones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que lidere las actuaciones encaminadas a este objetivo.

Concretamente, reclaman “la creación de un cuerpo de peritos en materia económica y contable al servicio de los juzgados y tribunales cuyos informes puedan solicitarse con la rapidez que supone su cercanía y trabajo conjunto, y no solo en las causas complejas”. Consideran los togados que “se trata de una medida fundamental de asesoramiento a los jueces, expertos en derecho, no en contabilidad o economía, que redundaría en una mayor agilidad, calidad y eficacia del trabajo judicial”. Una iniciativa que, además, cuenta con el respaldo casi unánime del colectivo, un 94%, según la Encuesta a la carrera judicial realizada por el CGPJ en 2015. Este nuevo cuerpo también debería prestar su asesoramiento desde el primer momento de las investigaciones, si así se solicita, no solo al juez, sino también a los funcionarios policiales.

En todo caso, dicen los jueces, esta propuesta no es excluyente de otras, como “potenciar los conciertos con entidades públicas como la Agencia Tributaria, el Banco de España, la Intervención General del Estado, las universidades o los colegios profesionales”.

Compartiendo el análisis de fondo del problema, los expertos que actúan como peritos en los juzgados y tribunales tienen propuestas alternativas a las que lanzan los jueces. Así, Rubén García-Quismondo, socio director de Quabbala Abogados y Economistas, considera que la solución “no es crear más funcionarios, sino lograr que sea rentable para los mejores profesionales acudir a los tribunales para hacer informes periciales”. Sin dudar de la buena fe de un funcionario, entiende García-Quismondo, quien atesora casi 30 años de experiencia en el sector, que puede haber dudas sobre su objetividad cuando una de las partes sea la Administración. “En un caso de delito fiscal”, ejemplifica, “no entiendo que el perito sea un inspector de Hacienda. Desde luego, ofrece más neutralidad un experto proveniente de la actividad privada”. En todo caso, reconoce el director de Quabbala que “los jueces son los que sufren el problema, en ningún caso los culpables”.

Por su parte, Ernesto Díaz-Bastien, abogado con una extensa experiencia como perito tanto en la jurisdicción española como en la británica, señala la anomalía que, ya hoy, supone que actúen como peritos los funcionarios que han intervenido en los procesos previos al judicial. Eso, dice, pasa habitualmente en los delitos fiscales, ya que “existe un claro conflicto de intereses y un objetivo riesgo de prejuicio”. El problema para Díaz-Bastien se encuentra en la confusión que se produce entre “el ser y el deber ser”. Aunque la ley, respaldada recurrentemente por la jurisprudencia, fija para el funcionario el deber de neutralidad, en su opinión “es innegable que, aun desde la buena fe, su juicio está contaminado” cuando una de las partes es la propia Administración a la que pertenece.

Desde su experiencia internacional, Ernesto Díaz-Bastien considera que sería positivo que “hubiera más ósmosis entre lo público y lo privado”, incentivando la participación de especialistas con algún retorno de tipo fiscal o recompensando con prestigio para el letrado sus actuaciones pro bono.

Un modelo que da buenos resultados, sugiere el experto, es el británico, en el que las costas del peritaje son asumidas por el condenado o por la entidad pública encargada de la recuperación de activos intervenidos por la justicia. En este modelo, dice Díaz-Bastien, “los honorarios son más bajos que los del mercado, pero reconocen el valor del trabajo prestado y también supone una recompensa profesional el ser escogido como experto”. Un formato que, a su modo de ver, “es mucho más garantista que el español, ya que la neutralidad pericial está más protegida”.

En el Ministerio de Justicia, admiten las fuentes consultadas por CincoDías, se es consciente de la preocupación del sector por dar una solución a los problemas del peritaje. Por ello, aseguran, “con ese mismo interés se va a estudiar” la propuesta de los jueces decanos, que consideran “muy interesante para tratar en profundidad.”

Fuente: Cinco días

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