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Primeras citaciones en la «Gürtel» del PSOE valenciano

Las juezas de Madrid Mercedes Pérez Barrios y Carmen Huerta, titulares de los juzgados de instrucción números 24 y 43 de Madrid, respectivamente, investigarán los contratos suscritos por dos ministerios gobernados entonces por el PSOE con la empresa de comunicación de Crespo Gomar, la cual, supuestamente, habría facturado unos servicios al Partido Socialista del País Valenciano y su socio de Gobierno, Compromis, durante la campaña electoral del año 2007, «de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en sus cuantías con las presentadas por Crespo Gomar».

En concreto, la jueza Pérez Barrios ha incoado diligencias previas para investigar lo relativo a los contratos en 2009 adjudicados por el Ministerio de Vivienda a cuando al frente de la misma se encontraba Cristina Narbona, a la empresa Crespo Gomar por un importe total de 126.208 euros; mientras que, por su parte, Carmen Huerta ha adoptado la misma decisión respecto al contrato adjudicado a la misma por el Ministerio de Sanidad en 2006 por un total de 184.138 euros.

Las dos magistradas admitieron la inhibición planteada por el Juzgado de instrucción 21 de Valencia, el cual investigaba una presunta financiación irregular del PSPV y Bloc, partido mayoritario de Compromís, en 2007, a través de la empresa de comunicación Crespo Gomar, a la que podrían haber recurrido estos partidos para que, a través de facturas falsas, empresas terceras pagaran gastos de la campaña de 2007. Ahora, una vez incoada las diligencias correspondientes, el siguiente paso será citar a las primeras personas como investigadas en ambos procedimientos. Fuentes jurídicas indicaron a LA RAZÓN que la próxima semana es más que previsible que se conozcan ya esas primeras citaciones.

En el auto de inhibición, difundido ayer por la Cadena Ser, se destacaba que del informe-análisis policial realizado de la documentación que se aportó en la denuncia, realizada por diputado del PP y ex vicepresidente de la Generalitat José Císcar, «indiciariamente nos podríamos encontrar ante unos hechos de financiación irregular de dos formaciones políticas, PSPV y BLOC-Compromís además de hechos constitutivos de falsedad documental con carácter continuado». Sin embargo, en relación con la presunta financiación irregular de esos partidos, llega a la conclusión que, en todo caso, habrían prescrito; motivo por el que, precisamente, se inhibió en favor de dos juzgados de Madrid, otro de Benidorm y de Gandía.

En el informe que realizó la Intervención General del Estado constató «la existencia de irregularidades prácticamente en la totalidad de los expedientes de contratación» con la empresa de comunicación Crespo Gomar desde el Ayuntamiento de Benidorm en 2010 o los ministerios de Vivienda y Sanidad, en los años 2009 y 2006, respectivamente.



Fuente: La Razón

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