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Puigdemont aportará las palabras de Montoro al tribunal alemán

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (Alemania) que debe decidir sobre la entrega de Carles Puigdemont tendrá que valorar las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, negando que en el proceso independentista en Cataluña se desviara dinero público. La defensa del ex presidente de la Generalitat ya ha traducido al alemán las palabras de Montoro y está a la espera de que la Fiscalía germana reclame por escrito su entrega a España para ponerlas a disposición del tribunal, según confirmaron fuentes próximas al ex president.

El titular de Hacienda aseguró el pasado día 16 en una entrevista al diario El Mundo: «Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público». Montoro matizó que la malversación por la que, junto al delito de rebelión, el líder soberanista ha sido procesado «no requiere sólo desvío de fondos. Es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo».

El juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, que instruye la causa contra los responsables del «procés», reclamó dos días después al ministro explicaciones urgentes sobre sus palabras, una petición judicial cuya respuesta Hacienda está ya ultimando y que remitirá al magistrado en las próximas horas.

Por otro lado, la intervención de Montoro negando el uso de fondos públicos provocó también que la Fiscalía alemana haya solicitado verbalmente a su homónima española un informe sobre el particular para no crear confusión en el tribunal que ya descartó el delito de rebelión y que ahora debe decidir si hay indicios para entregar al ex president por malversación.

El «caso Montoro» ha ratificado a las defensas de Puigdemont y del resto de ex consellers en su convicción de que los fugados no serán entregados por el supuesto desvío de fondos públicos, que en su última estimación la Guardia Civil eleva a 1,9 millones de euros. Fuentes de las defensas aseguran que las declaraciones del ministro de Hacienda «han dado la puntilla a la acusación por malversación de caudales públicos». «Todo está ya traducido y listo para aportarse al tribunal en su momento en contestación a las alegaciones al escrito de la Fiscalía alemana». El Ministerio Público germano, al que la Fiscalía española está remitiendo abundante documentación en relación a esa posible malversación, no tiene un plazo legal para presentar ese informe.

Sin embargo, fuentes del Tribunal Supremo restan importancia a las consecuencias que las palabras de Montoro puedan tener en la resolución de la euroorden. «Es una insensatez inenarrable, pero no va a determinar la calificación de los hechos», aseguran. «Lo que hace es entorpecer, pero no va a tener impacto jurídico, las consecuencias son más mediáticas», añaden. Aunque, admiten, lo sucedido «habrá producido perplejidad en los jueces alemanes». En definitiva, en el Alto Tribunal están convencidos de que, más allá de la opinión del ministro de Hacienda, el tribunal alemán que tiene en sus manos la entrega de Puigdemont «se ceñirá a las pruebas» que aporte la Justicia española.

La «caja de resistencia»

Una valoración muy distinta a la que hacen en el entorno del ex presidente de la Generalitat. Fuentes de su defensa recuerdan que la malversación «es un delito de resultado y eso obliga a que se hagan efectivos los pagos procedentes del dinero supuestamente malversado». «No basta, por tanto –matizan– con que la factura esté emitida. Si las facturas no figuran en el Registro Contable es que no se han girado a la Generalitat». Y es que según su versión, para evitar incurrir en un desvío de fondos públicos esos pagos se efectuaron a través de la «caja de resistencia» de Òmnium Cultural (la «hucha» abierta para sufragar los costes judiciales de los imputados por el «procés»).

«Son todo gastos posteriores al 6 de septiembre, cuando las cuentas de la Generalitat ya estaban intervenidas. A Montoro no le queda otra que negar la malversación», subrayan.

De todas formas, hacen hincapié esas mismas fuentes, «las dudas planteadas por la Justicia alemana son muy concretas. Por un lado, ha preguntado si la malversación se puede cometer en grado de tentativa y, por otro, si Puigdemont es por ley responsable penalmente además de políticamente. Y eso no existe».

La Guardia Civil sostiene en uno de sus últimos informes que del total de 1,9 millones supuestamente malversados la mayor parte, 979.661 euros, corresponden a envíos de Unipost (envíos de material electoral), cinco facturas de las que, admite, no hay ni rastro en el Registro Contable de Facturas de la Generalitat.



Fuente: La Razón

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